Un juez investiga al vicepresidente de SEPI Bartolomé Lora por presunta prevaricación en préstamo a Air Europa
El magistrado considera que los hechos analizados presentan indicios suficientes para existencia de un delito de prevaricación
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El juez José María Escribano ha citado como investigado al vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, por un presunto delito de prevaricación relacionado con el préstamo de 475 millones de euros concedido a Air Europa en noviembre de 2020.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el titular de la Plaza 49 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid ha acordado admitir a trámite la querella presentada por PP y Vox. Asimismo, ha fijado para el próximo 3 de julio, a las 9.30 horas, la declaración de Bartolomé Lora en calidad de investigado.
El magistrado considera que los hechos analizados presentan indicios suficientes para presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa en la tramitación del rescate de la aerolínea.
El juez amplía la investigación
Además de la citación de Lora, el instructor ha ordenado a la SEPI que identifique a todas las personas que participaron en la gestión y evaluación del expediente del rescate.
Entre ellas figuran el secretario del consejo gestor, los vocales con voz y voto que participaron en las reuniones, los técnicos encargados de instruir el expediente, los invitados a las sesiones relacionadas con Air Europa y el autor del informe de la Abogacía del Estado que avaló la operación.
El objetivo es que estas personas puedan ser llamadas a declarar una vez se produzca la comparecencia del vicepresidente de la SEPI.
Reclama toda la documentación del rescate
El juez también ha solicitado a la entidad pública la entrega del expediente íntegro relativo al préstamo concedido a Air Europa. Entre la documentación requerida se incluyen las actas completas de las reuniones, borradores, anexos, informes distribuidos a los miembros del consejo gestor, listados de asistentes, consultas realizadas a organismos competentes e informes jurídicos y técnicos relacionados con la operación.
Especial interés ha mostrado el magistrado por los documentos referidos a posibles deudas, impedimentos o condicionantes que pudieran afectar a la concesión de las ayudas públicas. La resolución judicial reclama igualmente los informes de fiscalización y control elaborados sobre la operación, así como las observaciones, reparos o recomendaciones formuladas durante el proceso y las respuestas ofrecidas por la SEPI y el consejo gestor.
Además, el juez pide acceso a correos electrónicos, notas internas, informes ejecutivos, minutas y comunicaciones mantenidas con gabinetes ministeriales relacionadas con el expediente entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.
También solicita información societaria y financiera
La investigación no se limita únicamente al procedimiento administrativo. El magistrado ha requerido también la agenda del presidente del consejo gestor y las convocatorias de las reuniones relacionadas con el rescate.
Asimismo, solicita el contrato de financiación, el acuerdo de apoyo público temporal, la estructura financiera del préstamo, la justificación técnica y jurídica de los distintos tramos de ayuda y la documentación relativa al control ejercido por las instituciones europeas.
Por último, el juez reclama las escrituras societarias, posibles modificaciones estatutarias, la estructura de administración del grupo empresarial, las relaciones intragrupo y las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020, además de la información sobre el reparto de dividendos y su reflejo contable.
La causa judicial se centra en esclarecer si la concesión de las ayudas públicas a Air Europa se ajustó a la legalidad o si, por el contrario, se produjeron irregularidades administrativas durante la tramitación del rescate.
