Leire Díez denuncia una "injerencia desmesurada" en sus comunicaciones, claves en la causa
Leire Díez denuncia una "injerencia desproporcionada" en sus comunicaciones y pide anular el acceso a datos telefónicos de cinco años
La defensa de David Sánchez intenta repetir su declaración, mientras que las acusaciones piden duplicar la pena de cárcel
La exmilitante socialista Leire Díez ha denunciado que el acceso a sus comunicaciones durante un periodo de cinco años constituye una "injerencia desmesurada y desproporcionada" en sus derechos fundamentales. Además, sostiene que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accedió de forma ilegítima a su teléfono móvil tras su detención, el pasado mes de diciembre.
La defensa de Leire Díez cuestiona así una de las actuaciones clave dentro de la investigación que comenzó centrada en supuestas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos y que posteriormente derivó en una presunta trama para interferir en procesos judiciales relacionados con el PSOE y el Gobierno.
La defensa cuestiona el acceso a las comunicaciones
Los informes incorporados al sumario incluyen numerosas conversaciones de mensajería, llamadas y grabaciones mantenidas entre Leire Díez y otros investigados. Tras el levantamiento del secreto de sumario, trascendieron varios mensajes atribuidos a la exmilitante socialista en los que afirmaba que su "prioridad" era "el presidente" o que era necesario ayudarle a generar "ecosistemas de apoyo".
Sin embargo, la defensa sostiene que el acceso a dichas comunicaciones se produjo a partir de una actuación irregular por parte de los investigadores. La abogada de Díez ha recurrido el auto judicial que autorizó solicitar a distintas operadoras telefónicas el listado de comunicaciones entrantes y salientes mantenidas por su clienta entre octubre de 2020 y diciembre de 2025.
Según argumenta, la petición de la UCO se sustentó en información obtenida tras acceder al teléfono móvil intervenido durante la detención, una actuación que considera carente de cobertura legal.
La letrada sostiene que únicamente a partir de ese acceso los investigadores pudieron conocer el contenido del dispositivo y formular nuevas sospechas sobre posibles irregularidades.
Denuncia una investigación basada en "meras sospechas"
La defensa considera que no existe una base objetiva suficiente para justificar una medida tan invasiva como el acceso masivo a las comunicaciones de su clienta. En su recurso, argumenta que la Guardia Civil no concretó qué indicios específicos permitían sospechar la existencia de comunicaciones relevantes para la investigación ni por qué dichas conversaciones tendrían trascendencia penal.
Por ello, rechaza que unas "meras sospechas" puedan servir como fundamento para autorizar una intervención de estas características. Uno de los aspectos más cuestionados por la defensa es la amplitud temporal de la medida acordada.
La abogada considera "completamente extralimitado" que se soliciten registros de comunicaciones correspondientes a cinco años, cuando, según recuerda, los hechos investigados se circunscriben al periodo comprendido entre 2021 y 2023. A su juicio, esa amplitud temporal respondería al intento de obtener nuevos elementos probatorios más allá del objeto inicial de la investigación.
Solicita limitar la medida y excluir pruebas
La defensa sostiene que la solicitud presentada por los investigadores se apoyó en argumentos genéricos e imprecisos y en una investigación de carácter prospectivo.
Además, considera que habría sido suficiente requerir directamente a Leire Díez la aportación de las comunicaciones relacionadas con los años objeto de la investigación.
Por todo ello, solicita la revocación del auto judicial que autorizó la petición de datos a las compañías telefónicas o, subsidiariamente, que la medida quede limitada exclusivamente al periodo comprendido entre 2021 y 2023.
Asimismo, reclama que sean excluidas del procedimiento todas las comunicaciones, mensajes, llamadas, archivos y material incorporado a la causa que excedan ese marco temporal.