La UCO intervino en la sede del PSOE una agenda con notas sobre la ayuda a Tubos Reunidos
Las anotaciones, intervenidas por la UCO en la sede socialista, apuntarían al conocimiento de Santos Cerdán sobre las gestiones relacionadas con la ayuda a Tubos Reunidos
Pedraz imputa a 25 personas en la investigación sobre la presunta trama para influir en ayudas públicas y procedimientos judiciales
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino en la sede federal del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid, una agenda con anotaciones manuscritas relacionadas con la ayuda pública concedida a Tubos Reunidos y con la autorización del aplazamiento de la amortización parcial anticipada de la deuda que la compañía mantenía con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El hallazgo figura en un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que este lunes acordó la imputación de 25 personas, entre ellas la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, dentro de la investigación sobre una presunta trama de influencias vinculada a ayudas públicas y procedimientos judiciales.
Las anotaciones apuntan a Santos Cerdán
Según recoge el escrito de la Fiscalía, la agenda fue localizada tras un requerimiento de información dirigido al PSOE, mediante el cual la UCO intervino diversas evidencias en la sede socialista.
De acuerdo con el Ministerio Público, las anotaciones "pondrían de manifiesto" que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, "habría tenido conocimiento de las pretensiones de Tubos Reunidos, así como del papel desempeñado por los distintos investigados en relación con la obtención de la autorización correspondiente".
Los investigadores consideran que esta documentación puede resultar relevante para esclarecer el grado de conocimiento de distintos responsables sobre las gestiones realizadas en torno a la ayuda pública concedida a la empresa. La causa investiga una presunta trama que habría intentado influir tanto en procedimientos judiciales como en la concesión de ayudas públicas, según reflejan diversos informes elaborados por la UCO.
Uno de los principales focos de la investigación es el préstamo de 112,9 millones de euros concedido a Tubos Reunidos a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el grupo denominado Hirurok —"Nosotros tres", en euskera—, integrado presuntamente por la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, habría llevado a cabo "acciones tendentes al otorgamiento" de dicha ayuda.
Según el Ministerio Público, los integrantes del grupo percibieron 114.950 euros a través de la empresa Mediaciones Martínez por supuestos trabajos de prospección de mercados.
No obstante, la UCO considera que las facturas emitidas para justificar esos pagos serían "mendaces", al entender que la verdadera finalidad de los abonos era retribuir las gestiones realizadas para lograr que la SEPI aprobara la ayuda a Tubos Reunidos.
El juez amplía la investigación
La decisión adoptada este lunes por el juez Santiago Pedraz amplía el alcance de la investigación a más de una veintena de personas y extiende las pesquisas a otras operaciones con empresas públicas.
Para la Fiscalía Anticorrupción existen indicios fundados de posibles irregularidades en otras cuatro operaciones, además de la relacionada con Tubos Reunidos: Mercasa, Enusa, Parque Empresarial Principado de Asturias y Forestalia. Los informes de la UCO también atribuyen un papel destacado al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, quien, según los investigadores, habría facturado 40.000 euros en relación con la operativa de Tubos Reunidos.
Asimismo, la Guardia Civil sostiene que, tras abandonar formalmente la presidencia del organismo y antes del nombramiento de un nuevo responsable, Fernández habría continuado actuando de facto como presidente de la SEPI.
Los agentes aseguran haber constatado su participación en reuniones en representación del organismo, el acceso a información interna, la toma de decisiones y la impartición de instrucciones, extremos que ahora forman parte de la investigación judicial que dirige la Audiencia Nacional.
