Igualdad advierte de que retirar la paga a menores migrantes puede ser delito penal
El Ministerio de Igualdad pide a la Fiscalía investigar la retirada del 'dinero de bolsillo' a menores migrantes en Aragón
El juez del 'caso Plus Ultra' rectifica y estudiará la nulidad de algunas resoluciones judiciales que planteó Zapatero
El Ministerio de Igualdad ha advertido a la Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación de que la decisión del Gobierno de Aragón de retirar el denominado 'dinero de bolsillo' a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados podría constituir un delito penal de denegación discriminatoria de una prestación pública por razón de origen o nacionalidad.
Igualdad aprecia posibles indicios de discriminación
En una carta firmada por la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y Contra el Racismo, Beatriz Carrillo, el Ministerio señala que la retirada de esta asignación económica periódica podría ser constitutiva de delito si se considera que la medida lesiona la dignidad del colectivo afectado mediante su estigmatización o descrédito.
Igualdad critica la decisión adoptada por el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, que inicialmente suprimió las ayudas económicas destinadas a todos los menores migrantes no acompañados.
Horas después, el Ejecutivo aragonés rectificó parcialmente la medida y limitó su aplicación a tres centros residenciales concretos.
La decisión se vinculó a un caso de conflictividad
El Gobierno de Aragón justificó la retirada de las asignaciones por una situación de conflictividad derivada de la condena de dos menores residentes en uno de esos centros por la comisión de un delito.
Sin embargo, el Ministerio de Igualdad considera "profundamente preocupante" que se establezca una relación generalizada entre los menores migrantes no acompañados y la delincuencia. Según Beatriz Carrillo, la medida atribuye implícitamente a todo un colectivo especialmente vulnerable la responsabilidad de unos hechos aislados cometidos por dos personas concretas, lo que supone un trato diferenciado basado exclusivamente en el origen o la nacionalidad de estos menores.
Además, sostiene que la decisión del Gobierno aragonés carece de una justificación objetiva, razonable y proporcionada y contribuye a reforzar estereotipos y prejuicios que pueden derivar en situaciones de rechazo y discriminación hacia los menores migrantes no acompañados.
