El exjefe de gabinete de Sánchez pide anular la incautación y el volcado de su móvil y eliminar la copia
Solicita que, de requerirse un clonado del dispositivo, se realice en sede judicial y de manera presencial
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El exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que declare nula la incautación de su teléfono móvil, así como el clonado y volcado de su contenido realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Además, reclama la destrucción de la copia obtenida del dispositivo.
La petición se enmarca en la investigación del denominado 'caso Leire Díez', que indaga una presunta trama liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez para intentar desbaratar procedimientos judiciales que afectarían al PSOE y al Gobierno.
La defensa denuncia que no existía autorización judicial
En el escrito remitido al magistrado, la defensa de Serrano sostiene que la actuación policial practicada el pasado mes de mayo se realizó sin una resolución judicial que autorizara expresamente la intervención del teléfono.
El abogado argumenta, además, que no existía una notificación judicial que respaldara la atribución de la condición de investigado ni la incautación del dispositivo, sino que, por el contrario, había un auto previo en el que el juez rechazaba expresamente atribuirle esa condición. En uno de sus informes, la UCO señaló que Leire Díez y Juan Manuel Serrano colaboraron para "ayudar" a Pedro Sánchez durante los cinco días de reflexión que el presidente se tomó en abril de 2024 para decidir si continuaba al frente del Ejecutivo.
Según la investigación, en ese contexto Díez llegó a referirse a la necesidad de "matar políticamente" a "la gente mala".
No obstante, la propia Guardia Civil reconocía en ese momento que no podía atribuirse a Serrano la condición de investigado, sin perjuicio de lo que pudiera determinar posteriormente la instrucción, circunstancia que la defensa considera incompatible con la actuación posterior de los agentes.
La defensa denuncia vulneración de derechos
El abogado Bernardo del Rosal sostiene que la UCO se extralimitó en sus funciones al atribuir a su cliente la condición de investigado e intervenir su teléfono. Además, denuncia que Serrano no estaba asistido por un abogado cuando fue informado de sus derechos y se produjo la incautación del terminal.
También asegura que el desprecinto y la extracción de la información del teléfono se realizaron sin la presencia del investigado ni de su letrado, incumpliendo, a su juicio, las condiciones fijadas por el propio juez.
Por ello, solicita la nulidad de la incautación, del clonado del dispositivo y la destrucción de toda la información obtenida, además de la devolución del teléfono y la prohibición de realizar nuevos análisis sobre el mismo.
Como alternativa, plantea que, si fuera necesario un nuevo clonado, este se lleve a cabo únicamente en sede judicial, con la presencia de Serrano y de su abogado y con todas las garantías procesales.
La solicitud se produce a pocas semanas de que el expresidente de Correos esté citado en la Audiencia Nacional, el próximo 18 de agosto, para proceder precisamente al clonado judicial de su teléfono móvil.
Gaspar Zarrías también recurre la investigación sobre sus cuentas bancarias
Por otro lado, el exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, también investigado en la causa, ha recurrido la decisión del juez Pedraz de investigar once cuentas bancarias vinculadas a él, ocho personales y tres pertenecientes a su consultora Zaño Sociedad Consultores.
Su defensa solicita que la investigación se limite a una única cuenta bancaria, al considerar que el resto de diligencias constituyen una investigación "prospectiva", "absurda" y carente de fundamento. El abogado de Zarrías sostiene que su cliente solo aparece en la causa por haber contratado a Leire Díez en 2024 y que no existe ningún otro hecho que justifique una investigación patrimonial más amplia.
En este sentido, critica que si las cuentas utilizadas para los pagos ya figuran reflejadas en las facturas, bastaría con solicitar los movimientos de esas cuentas concretas, sin extender la investigación al resto. La UCO sostiene que el PSOE utilizó empresas vinculadas a Gaspar Zarrías y al abogado Jacobo Teijelo Oliver para abonar 43.225 euros a Leire Díez.
Según los investigadores, la exmilitante socialista recibió cinco pagos relacionados con la presunta trama: cuatro transferencias de 4.000 euros, entre junio y septiembre de 2024, procedentes de Zaño Sociedad Consultora, y un último pago de 27.225 euros desde la empresa Oliver Gruppe.
Los agentes consideran que las nóminas abonadas desde la consultora de Zarrías habrían servido como mecanismo para canalizar fondos procedentes del PSOE hacia Leire Díez.