Joseba Elosua está procesado en la causa abierta al aparato de extorsión de ETA y cuando el juez Baltasar Garzón, antecesor de Ruz en el Juzgado, retomó la causa del chivatazo a su vuelta de Nueva York, mostró al dueño del bar Faisán una serie de fotografías de policías para que tratara de identificar quién le había entregado el móvil, pero no reconoció a nadie.
La existencia del chivatazo se comprobó a raíz de que la Policía le interviniera una conversación con su yerno en la que le contaba que una persona le había advertido en su bar de que le seguían.
Para ese mismo día, el magistrado de la Audiencia Nacional también ha citado también como testigo al investigador del chivatazo y jefe del operativo que el 4 de mayo de 2006 iba a realizar esa operación, Carlos Germán, y a los otros cuatro policías que colaboran con él en esta investigación.
Ese día, Germán y sus cuatro compañeros del equipo investigador deberán ratificar los últimos informes remitidos al juez, entre ellos el informe final de conclusiones que enmarca el soplo en el "proceso de negociación" y dice que el móvil fue "político".
Según este informe, la filtración provocó que la red de extorsión de ETA pudiera ocultar sus medios y recursos a la acción policial, pero, además, señala que "lo más grave" es que "pudieron sustraer al conocimiento de los servicios policiales antiterroristas datos esenciales sobre la estructura, composición, procedimientos operativos y responsables del aparato financiero" de la banda.
Para sustentar la afirmación de que la naturaleza del móvil es "política" y que el chivatazo "se articula en el marco del proceso de negociación", la Policía recuerda que el 'interlocutor" que alertó de la operación policial al dueño del bar Faisán hizo constantes alusiones al "proceso de negociación" que estaba en marcha en ese momento.
Tras analizar las llamadas entre los imputados el día 3 y 4 de mayo de 2006, cuando se produjo el soplo, los investigadores dicen que todas estaban "interrelacionadas directamente con los puntuales acontecimientos que se iban sucediendo en España y Francia", y que establecen una relación "causa-efecto" entre esos hechos, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el exdirector general de la Policía, Víctor García Hidalgo.
Los dos están imputados en esta causa junto al presunto autor material del soplo, el inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros.