Una ex administradora vinculada a Vídeo U niega una connivencia con UM para beneficiarse de contratos públicos

La ex administradora de Bahía Difusión -vinculada a la empresa Vídeo U- Luisa Almiñana, quien ha prestado declaración en calidad de imputada en el marco del Caso Ibatur, ha negado ante el juez una connivencia con Unió Mallorquina (UM) de cara a la obtención de contratos presuntamente irregulares del Gobierno balear, defendiéndose de esta forma del supuesto delito de asociación ilícita que, entre otros, pesa sobre ella dentro de esta compleja causa que afecta a las dos últimas legislaturas.

Durante su comparecencia ante el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 2, Tomás Méndez, la encausada ha aseverado además que el Ejecutivo autonómico le debe unos 53.000 euros por un trabajo que le adjudicó para realizar reportajes aéreos a través de Vídeo U, empresa que de forma paralela está siendo investigada en el caso Maquillaje por haber resultado favorecida con millones de euros del Consejo de Mallorca cuando supuestamente estaba controlada mediante testaferros por la ex presidenta de la institución insular, Maria Antònia Munar, y su ex vicepresidente Miquel Nadal.

Junto a Almiñana también ha prestado declaración el arquitecto mallorquín Vicenç Mulet, quien ha aportado documentación para avalar que los trabajos que el Gobierno balear le encargó, presuntamente de forma directa y sin mediar concurso, se llevaron a cabo, y que se concretaron en el diseño del 'stand' de Baleares para las principales ferias turísticas europeas durante el pasado año, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

En su comparecencia, el imputado, asistido por el letrado Gabriel Garcías, ha recordado que por un lado cobró unos 69.000 euros de la Consejería de Turismo por el diseño de los expositores y por otro unos 200.000 más por la ejecución de los trabajos. Tal y como ha justificado, el dinero lo destinó a montar un equipo multitudinario de proveedores que trabajaron con él en el montaje de los 'stands', tras lo cual únicamente se quedó con unos 50.000 euros. Es por ello que el juez le ha pedido que en próximos días justifique mediante facturas la cantidad sobrante del dinero que percibió.

Finalmente también ha sido interrogada la periodista y ex directiva de IB3, Ángela Seguí, quien también ha defendido la legalidad de un contrato de patrocinio que obtuvo del Gobierno autonómico por valor de 60.000 euros durante la pasada legislatura y que habría sido amañando en favor del diario digital del que era responsable, el Ciutat.

Cabe recordar que los tres imputados fueron arrestados a finales del pasado mes de junio en la última fase policial del caso Ibatur, la quinta desde que estalló esta causa en febrero de 2009. Junto a ellos también fueron detenidos Nadal -para quien el juez decretó su personación diaria ante el Juzgado para evitar que se sustraiga de la acción judicial-, el ex director general de Promoción Turística, Joan Sastre, y el director general de medios de comunicación en el grupo Canal 4 y ex jefe de informativos de IB3, José María Castro.

Tanto Nadal como Almiñana se encuentran imputados asimismo en el caso Maquillaje. Sin embargo, no son los únicos procedimientos en los que el ex consejero está siendo investigado, ya que también está encausado en los de Voltor (por el que se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros), Can Domenge y Son Oms. Por su parte, Sastre ya fue también arrestado dentro del caso Voltor, en el que eludió ingresar en la cárcel tras abonar una caución de 100.000 euros.

Cabe recordar que en las distintas fases policiales del caso Ibatur han sido detenidas un total de 24 personas, entre ellas los ex gerentes del Ibatur Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía, así como el ex secretario y ex asesor jurídico de la empresa pública, Miquel Àngel Bonet. Ahora el cerco se ha ampliado a la antigua UM, ya que hasta junio únicamente habían sido imputados ex altos cargos del PP.

Varios de ellos se encuentran en libertad bajo fianza, como es el caso de Alabern -que depositó una caución de 350.000 euros- y Bonet -250.000-. Se da la circunstancia de que a Alía le fue inicialmente impuesta una fianza de 30.000 euros, aunque a raíz de las confesiones del publicista Bartolomé Morey el magistrado decretó su privación de libertad sin fianza. Tres meses después salió de la cárcel tras abonar una caución de 150.000 euros.

El ex gerente abandonó además en 2004 su cargo en el Ibatur a raíz de los gastos cargados a la empresa en el club de alterne Rasputín durante un viaje promocional del Gobierno balear a Moscú, y fue sustituido por Alabern.

El caso Ibatur se inició en febrero de 2009 con la primera detención de Bonet, quien no sólo reconoció entonces haber defraudado a las arcas públicas 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007 a una familiar nonagenaria, motivo por el cual fue arrestado, sino que confesó además haber hecho lo mismo en seis ocasiones más con otros tres o cuatro familiares haciéndolos pasar por proveedores y malversando hasta un total de 85.000 euros, la misma cantidad que le fue impuesta como caución para evitar su ingreso en prisión.

Mientras tanto, diversos oficios policiales incluidos en esta compleja causa reflejan que el Ibatur efectuó entre 2005 y 2007 un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula "habitual" de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas.