La sentencia contra Garzón, ¿abre la puerta a la nulidad del juicio por el caso Gürtel?

Informativos Telecinco 10/02/2012 11:11

El letrado que en 2009 presentó la querella contra el juez Baltasar Garzón por ordenar la interceptación de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados en el "caso Gürtel" y sus abogados, Ignacio Peláez, ha dejado abierta la puerta a la nulidad del juicio.

Tal y como ha asegurado en una entrevista en Intereconomía, "los elementos probatorios obtenidos mediante las grabaciones son nulos". Por ello, ha comentado que tiene "la obligación de defender a su cliente y, si la ley le permite, pedir esta nulidad".

Así, de aprobarse esta nulidad el juicio contra los cabecillas de una de las tramas de corrupción más importantes quedaría en nada.

En ese sentido, el mismo abogado ha añadido que "si todo lo que ha costado este procedimiento se queda en nada, la culpa será del señor Garzón y no de los letrados que tenemos la obligación de defender a nuestros clientes".

El jueves, después de conocerse la sentencia del Supremo que condenaba al magistrado a 11 años de inhabilitación, Garzón prometió "combatir" legalmente el fallo.

"Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido", explicó el juez.

Por todo, Garzón aseguró que la sentencia del Alto Tribunal "elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente a laminar la independencia de los jueces en España".

Una sentencia, con "aspectos discutibles"

Por su parte, el exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), José Maria Mena, ha asegurado que respeta la sentencia del Supremo aunque cree que tiene aspectos discutibles.

En declaraciones a la Cadena Ser, ha asegurado que no está de acuerdo con la sentencia y ha recordado que la querella se interpuso por una prevaricación por incumplir la ley penitenciaria sobre cómo hay que regular las intervenciones de conversaciones en la prisión entre presos y abogados, no por una denuncia.

Asimismo, ha afirmado que es discutible que el juez cambiara durante el proceso a un artículo del que no había habido acusación: "Es como si le dicen que se defienda de exceso de velocidad, y cuando se empieza a defender le dicen que le van a acusar de que se le ha pasado la fecha del carné".