Cristina Cifuentes había intentado trasladar el caso sin éxito al Tribunal Supremo y estaba previsto que hoy compareciera como investigada ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. Sin embargo, su defensa ha presentado un escrito explicando que no puede ir por razones médicas.
La citación de Cifuentes ha quedado aplazada hasta el próximo 23 de julio a las 16.30 horas.
Desde que comenzó la polémica, Cifuentes ha defendido su título respaldándose en diferentes documentos aunque el principal, y del cual presumió incluso en un vídeo subido a las redes sociales para asegurar que no se iba a marchar, ha sido el acta del tribunal ante el que supuestamente habría defendido su Trabajo de Fin de Máster (TFM).
Sin embargo, días después de que su equipo difundiera dicha acta a los medios de comunicación, El Confidencial publicó que este documento, que habría facilitado la universidad a la propia Cifuentes el día que saltó la primera noticia, tenía al menos dos firmas de profesoras falsificadas.
Durante su comparecencia en el pleno específico que se celebró en la Asamblea con motivo del máster a finales de abril, Cifuentes también aportó una carta del profesor Pablo Chico al rector de la universidad, Javier Ramos, admitiendo "el error de transcripción relacionado con la plataforma informática donde se vuelcan las notas".
En la misiva, a la que tuvo acceso Europa Press, el profesor señalaba que en junio de 2012 tuvo constancia de que Cifuentes "se personó al examen" de la asignatura 'Financiación de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales' porque corrigió él personalmente la prueba.
"No obstante, con tan mala fortuna que al transcribir las calificaciones a la aplicación informática se cometieron varios errores humanos en las actas de los estudiantes de esa convocatoria, debido a que el sistema informático llegado cierto tiempo no guarda las calificaciones introducidas quedando en su estado originario", añadía.
Cifuentes también aportó otro documento con su matrícula en dicho máster, realizada ante la Unidad de Postgrado de la Universidad, en todas las asignaturas y por un total de 60 créditos; el pago de dicha matrícula (1.586,39 euros) y su certificado académico personal, donde figuran las 12 asignaturas del máster, con el número de créditos conseguido (60) y las correspondientes calificaciones, así como también la nota media ponderada (un 7,43).
"Hay constancia documental, en ese mismo documento, de que mi trabajo de fin de máster fue calificado con un 7,5 y de que he autorizado formalmente a la Universidad a hacer público dicho trabajo, pese a su carácter interno", llegó a subrayar la propia Cifuentes ese día en el pleno, con los documentos compulsados.
La exdirigente también mostró como prueba un documento con el pago por la expedición del título académico oficial, por importe de 176,27 euros, emitido el 23 de octubre de 2014 y abonado el 4 de noviembre del mismo año.
Por último, también habría constancia documental de que la calificación de No presentado que en algún momento apareció en el sistema informático "obedeció a un error de transcripción, detectado al ir a abonar las tasas de expedición del título". Se trata de un correo electrónico del 23 de octubre de 2014 por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Pablo Chico a la funcionaria de la Universidad que lo corrigió materialmente.
Este martes comparecen otros cuatro profesores de la URJC, mientras que dentro de la misma investigación, comparecerán como investigados el próximo 3 de agosto el profesor Pablo Chico de la Cámara y el alumno Álvaro Morante. Lo hacen después de que este martes, declararan en calidad de investigados otros docentes. Quien no lo hizo, porque se ajustó a su derecho a no declarar, fue el director del Instituto de Derecho Público (IDP), Enrique Álvarez Conde.