Las empresas con más de 50 trabajadores tendrán que publicar sus tablas salariales diferenciadas por sexo

A una semana de la huelga por el Día de la Mujer y a menos de dos meses de las elecciones generales, el Gobierno pisa el acelerador con una batería de medidas sociales; algo que no ha pasado inadvertido para una oposición que reprocha, –a un Pedro Sánchez que antaño fue muy crítico con los ‘decretazos’–, que está aprovechando para hacer campaña, precisamente, a través de estos decretos sociales.

Riñas políticas aparte, la primera de las medidas anunciadas ha sido la de ampliar la baja de paternidad a ocho semanas, que entra en vigor el miércoles. Además para 2021, la baja será como la de la mujer, de 16 semanas. Todo con un mismo objetivo: mejorar la igualdad laboral entre hombres y mujeres.

Por eso, otra de las medidas impulsadas, más allá de las mejoras en las condiciones de trabajo de los funcionarios y aprobar el límite de las subidas de alquileres al IPC, es obligar a las empresas de más de 50 trabajadores a publicar sus tablas salariales diferenciadas por sexo.

Según ha indicado la vicepresidenta, Carmen Calvo, quien ha defendió que a “igual trabajo, igual salario”, a dichas tablas se deberá poder acceder a través de la representación sindical o personal.

"Muchas mujeres no conocen cuál es la discriminación salarial en la que están al no conocer la retribución del resto de los trabajadores", ha manifestado, poniendo el valor la medida para trabajar por la igualdad y la transparencia.

"El empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor", recoge el decreto ley.

Además, otra medida recogida en éste, y que estaba contemplada en la Ley de Igualdad Laboral del PSOE, es la exigencia de redacción de planes de igualdad a empresas de más de 50 trabajadores, ya que actualmente son de obligado cumplimiento para las compañías con más de 250. Las empresas que tienen más de 50 trabajadores tendrán tres años para elaborarlos, mientras que se da un margen de un año a las empresas que tengan más de 250.

Por otro lado, el decreto ley también aboga por la recuperación de la financiación de las cuotas del convenio especial de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia a cargo de la Administración General del Estado.

En este sentido, la vicepresidenta ha apuntado que este colectivo está formado “mayoritariamente” por mujeres, a las que hay que “dejar de castigar” con “la brecha de sus pensiones”, considerando que cobran prestaciones que, de media, son 370 euros inferiores a las de los hombres.