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La sentencia de los ERE es demoledora para el Ejecutivo socialista que gobernó Andalucía entre el 2000 y el 2010. El Tribunal detalla cómo se creó un sistema para hacer llegar el dinero público, sin control de los interventores, a personas que no cumplían los requisitos legales para recibirlo.
Empieza diciendo la sentencia que entre el 99 y el 2000, la Consejería de Empleo ya daba esas ayudas previstas como extraordinarias. Como ese sistema requería tramitar expedientes, tener partidas previstas para los pagos, aportar documentación necesaria para justificarlos y someter todo a la fiscalización del Interventor Delegado de la Consejería de Empleo, pues se decidió aligerar el procedimiento. Los interventores ya habían puesto pegas a esos expedientes y el dinero no llegaba a quienes se quería que llegara. Así que se ideó otra fórmula que “agilizara" el procedimiento y de paso eliminara los mecanismos de control.
Para ello empezaron por hacer modificaciones presupuestarias para vaciar las partidas previstas en el sistema antiguo y dotar de fondos a otra partida que no era "legalmente apropiada". O sea, sacaron el dinero de un sitio y se lo llevaron a otro. Con esta modificación ya se consiguió eludir a los interventores. Ya se podían hacer los pagos sin ese control fundamental de un funcionario público.
El dinero ya está en otra partida, ahora hay que usar un vehículo para hacerlo llegar a los beneficiarios. Para ello se utiliza el IFA, el Instituto de Fomento de Andalucía (que luego fue rebautizado como IDEA). Se trata de un organismo creado en 1987 con el fin de promover la promoción y el desarrollo de la actividad empresarial en Andalucía. En julio de 2001 se firma un convenio entre el presidente de este instituto y la Consejería de Empleo para pagar las ayudas que le ordenara la Dirección General de Trabajo, a pesar de que esta dirección no era competente tampoco para hacerlo.
Se hacía a través de transferencias de financiación. Ese es un instrumento para financiar los gastos de explotación del instituto, pero no están previstas para que este organismo reparta ayudas. O sea, se inyectaban para cubrir las pérdidas generadas por la actividad de este instituto.
Para ello, obviamente tenía que haber pérdidas y no las había. Entonces decidieron que había que crear “pérdidas ficticias” que justificaran esos ingresos, que luego se usaban para dar las ayudas. Así que año tras año, a ese instituto encargado de distribuir el maná se le daba dinero a repartir y se le creaban "gastos ficticios" que justificaran esas transferencias. Todo un artificio que también evitaba la fiscalización.
Con estas iniciativas del Gobierno de Chaves se aseguraba repartir el dinero público sin control. La sentencia relata que no fue fiscalizado ni uno solo de los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas de la partida 31L entre 2000 y 2010. Ahí es nada.
De hecho, relata el fallo, ni siquiera tenían que confeccionar un expediente de gasto para cada ayuda, porque se le inyectaba dinero al IFA y de allí salía el dinero para las ayudas.
Resultado: absoluta falta de control.
Conclusión: eso era lo que se buscaba, tener las manos libres para repartir el dinero.
Pues, entre otras cosas, que el dinero llegara a personas que no pertenecían a las empresas beneficiarias de las ayudas. Lo que, a su vez, generó unos desfases entre lo que estaba previsto pagar y lo que se pagaba al final. Eso fue también denunciado por la Intervención. Para solventar esos desfases decidieron crear un sistema de “pagos cruzados”, una manera de que el dinero siguiera fluyendo aunque el destinatario no fuera el previsto en principio. Otro artificio que terminó provocando, según la sentencia, el enriquecimiento de empresas y terceros, ajeno a cualquier interés social y público.