El presidente Quim Torra dijo en un comunicado que se iban a seguir las recomendaciones del Síndic de Greuges sobre retirar estos símbolos de edificios de la Generalitat pero que el propio presidente "no da ni dará" ninguna orden para que se retiren.
De madrugada, dos empleados municipales de limpieza han quitado los lazos atados a las vallas que protegen la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, en la misma plaza Sant Jaume. Empezaron a las 3.15 y acabaron en 10 minutos, tras los cuales borraron los lazos dibujados con pintura sobre el suelo de la plaza.
Mientras lo hacían, había con ellos dos guardias urbanos; una patrulla de Mossos ha custodiado la puerta de la Generalitat toda la noche, y a primera hora de la mañana el Sin embargo, sobre las 4, un activista volvió a colocar lazos amarillos: siete atados a las vallas que protegen el Ayuntamiento y uno ante las que protegen la Generalitat.
Pasadas las 7, seguía en el balcón de la Generalitat la pancarta con el lazo amarillo y la leyenda 'Llibertat presos polítics i exiliats. Free political prisoners and exiles'.
La Junta Electoral Central (JEC) tiene previsto reunirse hoy para tomar una decisión con la negativa del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a aceptar la orden de retirar los lazos amarillos y las 'esteladas' de edificios públicos.
Torra desatendió la pasada semana el primer plazo de 48 horas que le había dado la JEC para quitar esos símbolos por ser contrarios a la neutralidad que se exige a los poderes públicos en periodo electoral, y este martes tampoco atendió el ultimátum extra de 24 horas que se le había dado.
Este incumplimiento del presidente catalán, a quien van dirigidos los requerimientos de la Junta Electoral, puede derivar en la apertura de un procedimiento administrativo, con posibilidad de una multa que va de 300 a 3.000 euros, e incluso en una investigación judicial si el caso se remite a la Fiscalía al apreciarse un delito de desobediencia.
Hay un precedente por un hecho similar, el de la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós, de la CUP, que fue condenada en 2018 a seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y a una multa de 540 euros, la mínima atribuible a un delito de desobediencia, por haberse negado a descolgar una bandera 'estelada' colocada en el balcón del ayuntamiento durante las elecciones autonómicas y generales de 2015.