El fiscal jefe de Madrid acusa a los indignados de ignorar los valores de "convivencia democrática"

El fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, ha aprovechado este martes el discurso de apertura del año judicial en los tribunales de la región para hacer una crítica velada a las instituciones por su actuación ante los indignados del 15M y ha reconocido que hubo "tolerancia malentendida en general" frente a un grupo que ignoró "el principio primordial de convivencia democrática".

Así lo ha manifestado el máximo responsable de la Fiscalía de Madrid en el solemne ceremonia de apertura de la actividad de los tribunales madrileños. Las críticas de Moix hacía la actuación de las instituciones han venido acompañadas de una defensa del Estado de Derecho en el que, según ha recalcado, ha de imperar "el acatamiento de la Ley y de las resoluciones judiciales".

En sus palabras, el fiscal jefe de Madrid ha mostrado su preocupación por la "actual crisis institucional" debido a la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones. Prueba de ello, ha hecho mención a "conductas como la masiva ocupación ilegal de las vías públicas, la obstaculización de la constitución de Parlamentos autonómicos o el impedimento a la ejecución de resoluciones judiciales firmes", en alusión a los desahucios.

Al respecto, ha criticado que quienes protagonizan estos actos "exteriorizan su ignorancia acerca de los valores que deben inspirar la convivencia democrática". "Y muestran su ignorancia del principio primordial de una convivencia democrática: ningún derecho, ni siquiera los derechos reconocidos como fundamentales, es absoluto", ha aseverado.

Además, ha advertido de que "un proceder institucional que pudiera ser eventualmente interpretado como de pasividad, tolerancia o incluso simpatía con los infractores, dejaría traslucir una debilidad que acrecentaría la desconfianza, ya legítima, en las instituciones".

Asimismo, ha alertado de que se debe estar alerta sobre "la inmoralidad que podría suponer pretender trasladar a la opinión pública la falacia de que es lícito y hasta bueno realizar actos ilegales al margen de los cauces establecidos por las normas jurídicas".

Al concluir el acto, Moix ha señalado a preguntas de los periodistas en que en "una sociedad democrática no se puede ocupar la vía pública porque se quiera" y ha recalcado que hubo "tolerancia malentendida en general" por parte de las instituciones en su actuación para resolver esta situación.

CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

La crisis económica también ha estado presente en el discurso de Moix, quien ha reclamado en este sentido "la necesidad imperiosa" de adoptar medidas de contención del gasto público. "Debe primar la austeridad presupuestaria", ha reseñado.

En cuanto a cifras, el fiscal ha expuesto los datos registrados en la Fiscalía de Madrid durante el año 2010, en los que ha destacado un descenso de un 2,48 por ciento en las diligencias incoadas. En Madrid capital, el número de diligencias abiertas se sitúa en 400.885, es decir, un 1,54 por ciento menos que en 2009.

En cambio, ha crecido el número de delitos cometidos por menores, ya que presenta unas cifras superiores al año 2009. Así, se registró una cifra global de 11.489 ilícitos penales, lo que supone un incremento del 6,19 por ciento, frente a la cifra de 10.819 por igual concepto del anterior año 2009.

DEFECTOS EN EL TURNO DE OFICIO

Por su parte, el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira, ha hecho en su discurso un repaso a las principales deficiencias que aquejan a la Justicia madrileña, como el exceso de litigiosidad en material penal al ingresar más de un millón de asuntos.

Además, ha hecho mención al conflicto con los abogados del Turno de Oficio y ha reconocido que se deben corregir los defectos del actual sistema de ponderación, sin menospreciar "la labor de los letrados que ejercen este servicio". A su juicio, "el sistema actual no permite una ponderación imparcial sobre la probabilidad de ser finalmente estimada la pretensión que justifique la intervención de los tribunales de justicia".

Asimismo, ha criticado la actual disgregación de competencias entre el CGPJ, el ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, lo que a su juicio "complica sustancialmente la modernización y gestión de los órganos judiciales".

Por último, Vieira ha recalcado que es el momento adecuado para emprender reformas que requieren de una "actuación decidida por parte del parlamento español.

A la ceremonia han asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, los vocales del Consejo General del Poder Judicial Gemma Gallego Sánchez y José Manuel Gómez Benítez, así como la de la consejera de Presidencia, Justicia e Interior, Regina Plañiol, el presidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echeverría Echániz, y la delegada del Gobierno en Madrid, María Dolores Carrión Martín, además de la de los decanos de los diferentes Colegios Profesionales y otras autoridades judiciales.