Javier Ramos ha declarado como testigo ante la instructora que investiga presuntas irregularidades en el máster del Instituto de Derecho Público, que estudió la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la URJC. Cifuentes declarará el próximo martes como investigada en esta causa, cuyo número de imputados asciende a catorce.
Ramos presentó a la Universidad como la "gran perjudicada" de todo. De hecho, recordó que fue quién llevó a la Fiscalía de Madrid una de las denuncias que iniciaron el procedimiento penal por un delito de falsificación documental.
Fuentes jurídicas han detallado a Europa Press que el máximo responsable de la Rey Juan Carlos se refirió a "la posible irregularidad en las convalidaciones de Pablo Casado" tras ser preguntado por la jueza.
Al parecer, Rodríguez-Medel habló durante el interrogatorio acerca de que la normativa impedía que al candidato a la Presidencia del PP se le convalidaran 18 de las 22 asignaturas del máster. Pese a ello, la universidad se lo permitió, según publica el diario digital 'Elconfidencial.es'.
En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, la jueza insiste en que ve necesario verificar si hay "indicios de delito" en diversos expedientes académicos, siendo el "más significativo" el del popular Pablo Casado.
La instructora previsiblemente se inhibirá a favor del Tribunal Supremo de la parte de la causa que se refiere a Casado, después de que haya solicitado al Congreso de los Diputados que acredite su condición de diputado parlamentario para certificar su aforamiento ante el Alto Tribunal.
Según las mismas fuentes, Ramos habría incurrido en muchas "contradicciones" durante su interrogatorio, que se prolongó durante más de dos horas, siendo "incapaz de dar una explicación razonable" de todo lo que aconteció el 21 de marzo.
Tras estallar la polémica, a raíz de la publicación de la noticia en 'eldiario.es', Ramos ofreció una rueda de prensa junto al director del IDP ahora investigado Enrique Álvarez Conde y el profesor Pablo Chico de la Cámara en el que afirmaron que no había "irregularidad alguna" respecto al acta de notas de la exmandataria madrileña.
Por otro lado, estas fuentes han señalado que Ramos habría manifestado que la universidad no tiene un protocolo sobre cómo se ha de proceder para la rectificación de las actas, lo que exculparía de responsabilidad penal a la investigada Amalia Calonge.
Esta funcionaria fue la que cambió las notas de Cifuentes desde la Intranet universitaria por orden del profesor Pablo Chico de la Cámara, algo que consta por escrito en un documento que exhibió la propia Cifuentes en su intervención en el Pleno monográfico en la Asamblea de Madrid.
Pablo Chico de la Cámara era "el único autorizado" para ordenar este cambio de calificaciones. El profesor comparecerá como investigado el próximo 3 de agosto al cambiarse el señalamiento que estaba previsto para el 1 de ese mismo mes. Ese día, también declarará el alumno Álvaro Morante.