En una entrevista con la cadena Ecuavisa, Washington Pesántez declaró que Wirmar Gonzabay, el fiscal encargado de investigar el bombardeo de Angostura, donde murió el portavoz internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), "Raúl Reyes", le informó de que Larrea sería llamado a declarar.
"El doctor Larrea va a ser llamado a declarar oportunamente para que explique qué tipos de nexos mantiene con Ignacio Chauvín", que afirmó haberse reunido siete veces con Reyes antes de su muerte.
Reyes murió el 1 de marzo de 2008, junto a otras 25 personas más, en un ataque del Ejército colombiano a un campamento de las FARC en Angostura, territorio selvático de Ecuador, lo que provocó la ruptura diplomática entre ambos países, porque Quito consideró que Colombia había violado su soberanía territorial.
Después del bombardeo, donde también murió el ecuatoriano Franklin Aisalla, Gonzabay, fiscal de la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, inició una investigación sobre la muerte de ese ciudadano y el "ajusticiamiento de 25 ó 26 personas" que se encontraban en el campamento, explicó Pesántez.
En otro proceso, las autoridades judiciales investigan a Chauvín, que fue subsecretario de Gobierno (Interior) y asesor de Larrea, por supuestos vínculos con una red de narcotráfico.
Ambos procesos judiciales se enlazan a través de las conversaciones que, según Chauvín, mantuvo con el líder guerrillero y es en ese ámbito, explicó Pesántez, en el que Larrea declararía en el caso de Angostura.
"Son cabos sueltos que habrá que atarlos", declaró.
Por su parte, Larrea, que ayer acusó a los partidos de oposición política de llevar adelante una persecución en su contra, para tratar de desprestigiar al Gobierno del presidente Rafael Correa, afirmó desconocer la relación de Chauvín con "Raúl Reyes" y el campamento ilegal de las FARC.
El caso Chauvín también salpicó a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), ya que el imputado trabajó hace algunos años como colaborador de la asociación.
El pasado 4 de febrero, el Gobierno finalizó un convenio con la ALDHU por el que la organización gozaba de inmunidad y varios privilegios tributarios ante lo cual la entidad anunció que se marchaba de Ecuador.
Ayer, Pesántez declaró que comenzaría una investigación sobre la ALDHU por la emisión de unos carnés, sin validez oficial para identificar a refugiados colombianos, sin embargo hoy declaró que no hay forma de procesarla penalmente debido a la inmunidad de la que gozaba.
"Si una persona es inmune escapa a la ley penal", entonces sólo se podrían juzgar los actos posteriores a la pérdida de inmunidad, declaró.
Según Pesántez, con la emisión de esos carnés, la Asociación podría haber incurrido en delitos como los de atentado a la seguridad del Estado, tráfico de influencias o arrogación de funciones.
No obstante, en una entrevista publicada hoy por el diario El Universo, el actual ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, declaró que "en la revisión que han hecho nuestros juristas, (los carnés repartidos por la ALDHU) no son un documento de identidad, por lo tanto, no habría suplantación de funciones".