Un hermano del presidente de Ecuador propone pedir ayuda a Colombia en el tema de la seguridad

"Ahora que estamos de a buenas con Colombia y que, después de las agrias peleas con el ese entonces ministro (de Defensa, Juan Manuel) Santos, (...) hoy presidente, ¿por qué no le pedimos a Juan Manuel Santos que nos asesore en los temas de seguridad?", se preguntó.

Para Fabricio Correa, Santos es "un funcionario exitoso en la lucha contra el crimen" y "le va ganando la pelea a las FARC" (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), agrupación que, a su criterio, "en su huida se han venido a Ecuador".

"Creo que la colaboración con Colombia no sólo tiene que darse a nivel económico, sino también a nivel de la lucha contra la inseguridad", comentó Fabricio Correa en la televisión local RTU.

Para el hermano mayor del presidente, el actual Gobierno ha logrado destacados avances, entre otros, en temas de inversión en salud, educación, asuntos sociales en favor de discapacitados y obras públicas, pero, en su opinión, se mantiene la corrupción y también la inseguridad ciudadana.

Fabricio Correa volvió a criticar la designación este mes de Alfredo Vera como ministro del Interior, quien ya colaboró antes en el actual Gobierno.

Rafael Correa escogió antes a Vera para dirigir la Secretaria Nacional Anticorrupción, que posteriormente pasó a llamarse Secretaría de Transparencia y Gestión del Gobierno.

Ocupó ese cargo desde el 13 de marzo de 2007 hasta julio de 2009, cuando renunció alegando motivos personales.

En ese período la acción más controvertida que adoptó fue anular todos los contratos públicos de Fabricio Correa porque la ley ecuatoriana impide a los familiares directos de las autoridades establecerlos con el Estado.

La relación entre el presidente y Fabricio Correa se tensó cuando el mandatario ordenó la terminación unilateral de millonarios contratos que algunas dependencias del Gobierno tenían con empresas de su hermano.

Correa ordenó el 26 de junio de 2009 la terminación de los contratos de su hermano con el Estado, ante el escándalo desatado en los medios de comunicación por informaciones que cifraron en unos 80 millones de dólares el monto de esas operaciones y las enmarcaron en un supuesto tráfico de influencias.

Esos contratos públicos fueron considerados por el mismo mandatario como "no éticos", al ser celebrados con empresas de su hermano, pese a que en ellos no se han demostrado irregularidades legales ni contractuales.

Correa, que desde el principio dijo desconocer los contratos públicos entregados a su hermano, ordenó terminarlos para evitar un escándalo que pretendía ser aprovechado por la oposición.