El secretario del Sindicato de Limpieza detenido en A Coruña contó a la prensa que le había tocado el Gordo pero no enseñó el décimo

Los cuatro miembros del Sindicato de Trabajadores de Limpieza (STL) de A Coruña han quedado en libertad, pero investigados, entre otros delitos, por blanqueo de capitales, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Uno de ellos es el secretario general del propio sindicato. Miguel Ángel Sánchez contó a los medios de comunicación el pasado 22 de diciembre, día de la lotería de Navidad, ser uno de los agraciados con el número Gordo asegurando poseer un décimo premiado con 400.000 euros.

Ese día, los profesionales de la comunicación que cubrían la celebración en la administración coruñesa La Diosa de la Fortuna que había vendido 45 series del Gordo y ubicada a menos de 90 metros de la sede del sindicato en el barrio del Agra do Orzán,se acercaron a un callejón paralelo alertados por un gran revuelo. Allí se encontraron al secretario general acompañado de un grupo de trabajadores del servicio de limpieza, que fue el que contó a los medios sin enseñar el boleto que habían gastado 9.000 euros en lotería para los trabajadores, pero que sólo él y otro compañero habían comprado el número premiado.

La Policía Nacional ha notificado más detalles sobre la desarticulación de una red criminal vinculada a la contratación de personal en empresas adjudicatarias de servicios públicos en la ciudad. En un comunicado señala que de la investigación se desprende que el secretario general de la organización sindical, con la cooperación necesaria de personas cercanas a él, se habría aprovechado de su posición como fuerza sindical en las empresas adjudicatarias para lograr beneficios económicos personales e indebidos.

A través de varias empresas administradas en la sombra por esta persona constando al frente como testaferro una cooperadora suya, refiere la Policía Nacional que se habrían estado percibiendo unos beneficios de más de 250.000 euros tan solo en el año 2021.

El sistema de funcionamiento de la red sería, a grandes rasgos, que las empresas adjudicatarias habrían cedido gran parte de la selección del personal contratado a los detenidos, lo que fue aprovechado por los mismos para tejer una red constituida por familiares, allegados, amigos y terceras personas. El comunicado de prensa explica además que estos exigirían pagos mensuales a todas aquellas personas que quisiesen trabajar para las empresas adjudicatarias de los servicios como requisito obligatorio para poder entrar a trabajar en ellas, a modo de “mordida”.

Si no se accedía a dichos pagos, asegura la Policía Nacional, nunca se podía entrar en la plantilla. Del mismo modo, si se dejaban de pagar, los trabajadores eran despedidos bajo cualquier pretexto, como así se desprende de las pruebas testificales practicadas.

La Policía Nacional detalla que gracias a estos ingresos, los detenidos gozaban de un alto nivel de vida, con automóviles y viviendas de gran valor económico, manejando gran cantidad de dinero en efectivo. Se han bloqueado preventivamente varias propiedades inmobiliarias, entre las que se encuentran 7 fincas urbanas y 2 fincas rústicas valoradas en más de medio millón de euros, así como activos en cuentas bancarias por un valor muy elevado. También fueron intervenidos 45.000 euros en efectivo, seis vehículos de alta gama, teléfonos móviles y material informático, así como 2 armas detonadores con 90 cartuchos y una imitación de placa emblema de policía.

La magistrada del jugado de instrucción número 6 alzó este viernes el secreto de las actuaciones que se habían decretado tras la detención el miércoles de las cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, y los cuatro registros practicados, uno en la sede del sindicato. Los delitos principales que se investigan en esta causa, a los que se suman otros accesorios, son los de corrupción entre particulares, estafa y blanqueo de capitales. Por ellos, los cuatro se mantienen como investigados.

Aunque la magistrada decretó la puesta en libertad, les ha impuesto la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días, explican desde el TSXG. Este sindicato, que representa a los trabajadores del servicio de limpieza en la ciudad, ha mantenido a lo largo de los años diversos conflictos laborales con el consistorio coruñés.