Los profesionales del turno de oficio de Santiago de Compostela piden reconocimiento: “No nos cubre ni los gastos”
Mientras las peticiones de asistencia jurídica gratuita han crecido más de un 20% a nivel nacional, el número de profesionales ha descendido
"Por un contencioso-administrativo que puede durar cinco años y ocupar miles de folios, nos pagan unos 400 euros"
Santiago de CompostelaTogas, velas y una exigencia clara: dignidad laboral. Abogados y procuradores del turno de oficio se han manifestado este viernes en Santiago de Compostela, coincidiendo con el Día de la Justicia Gratuita, para exigir el reconocimiento de su trabajo como un servicio público esencial.
“Si tengo un accidente de camino a atender a una víctima de violencia de género, no se reconoce como accidente laboral. La administración no asume que trabajamos para ella”, denuncia Rosa Lozano, secretaria de organización del sindicato de abogados y procuradores.
Desde el momento en que una víctima presenta una denuncia, los profesionales del turno de oficio están presentes. Pero su labor, insisten, carece de respaldo legal y económico. “La administración utiliza nuestro trabajo, pero no cotiza por nosotros ni nos remunera. No tenemos ningún tipo de reconocimiento laboral”, subraya Lozano.
Indemnizaciones “irrisorias”
Los profesionales del turno no reciben un sueldo, sino una indemnización que llega al final del procedimiento. “Por un contencioso-administrativo que puede durar cinco años y ocupar miles de folios, nos pagan unos 400 euros. Son cifras ridículas”, lamenta Lozano.
Este viernes, la llamada “Marea Negra” recorrió las calles hasta llegar a la plaza del Obradoiro, en una peregrinación simbólica con pancartas como “Sin abogados de oficio no hay justicia gratuita”. Aprovecharon para visibilizar el impacto de su trabajo, también en causas mediáticas: “Muchos parques eólicos en Galicia están paralizados gracias al esfuerzo de mis compañeros. La primera cláusula suelo ganada en España la logró un abogado del turno de oficio”.
Menos profesionales, más demandas
Según el sindicato, mientras las peticiones de asistencia jurídica gratuita han crecido más de un 20% a nivel nacional, el número de profesionales ha descendido aún más. “No cubrimos ni los gastos. Quienes trabajaron en la causa del Prestige o los que se enfrentan hoy a la planta de Altri han cobrado unos 400 euros por años de trabajo”, denuncia Lozano. “Implica dejar de lado la actividad privada para dedicarse a un servicio público que no es sostenible económicamente”.
La ley obliga a todo abogado o procurador colegiado a prestar este servicio, aunque los colegios de abogados permiten excusarse en algunos casos. “Pero como cada vez hay menos compañeros, en algunas zonas se ha hecho obligatorio, incluso para personas no especializadas en derecho penal, con el riesgo que eso conlleva para los ciudadanos”, advierte.
Exigen un estatuto jurídico
Entre las principales demandas, los profesionales del turno de oficio reclaman que se les reconozca como un servicio esencial y que se apruebe un estatuto jurídico que regule sus condiciones laborales y económicas. Aunque la competencia depende del Estado —salvo en comunidades con las competencias transferidas—, ya cuentan con el respaldo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, según afirman.
“Pedimos a la ciudadanía que entienda que esta no es solo una lucha por nuestros derechos laborales, sino por un servicio público que garantiza que cualquier persona pueda reclamar ante la administración si sufre una injusticia”, concluye Lozano.
