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Erbakit Otarbay, un sobreviviente de la etnia musulmana kazaja de un campo de trabajo chino, ha iniciado la demanda contra la ministra de comercio británica, Kemi Badenoch, por permitir la importación de algodón de la provincia de Xinjiang, en el noroeste de China, donde se ha denunciado que uigures y otros grupos minoritarios locales han sido objeto de violaciones de derechos humanos. Xinjiang produce el 85% de todo el algodón chino y el 20% del mundo. Este es producido por trabajadores forzosos de minorías étnicas musulmanas. Su abogado, Paul Conrathe, dijo a Skynews que “es escandaloso que el gobierno del Reino Unido se oculte detrás de una legislación manifiestamente inadecuada”.
Un portavoz del Gobierno, que en diciembre anunció medidas al respecto, ha explicado que “Reino Unido está absolutamente comprometido en abordar el problema del trabajo forzoso de los uigures en las cadenas de suministro y hemos tomado medidas decisivas” y que “durante el último año, introdujimos una nueva guía sobre los riesgos de hacer negocios en Xinjiang, así como mejores controles de exportación, y nos comprometimos a introducir sanciones financieras para las organizaciones que no cumplan con los requisitos de presentación de informes sobre la esclavitud moderna”.
Las empresas británicas por encima de cierto tamaño deben demostrar que evitan el uso de la esclavitud en sus cadenas de suministro. Pero actualmente no hay sanción si no lo hacen. Uno de los políticos británicos que denuncian las vejaciones a los uigures y otras etnias en Xinjiang, el exlíder conservador Sir Iain Duncan Smith, explicó que el Reino Unido está “muy estrechamente relacionado” con el trabajo esclavo en China y que el gobierno debería dejar en claro que las empresas enfrentan a “serias sanciones” por no declarar de dónde obtienen sus productos.
Smith dijo que el Reino Unido lideró el mundo con la Ley de esclavitud moderna, pero el talón de Aquiles de nuestro proyecto de ley es que necesitamos que las empresas asuman la responsabilidad total de sus cadenas de suministro”. Asegura que el Reino Unido ha quedado muy rezagado. El año pasado, EE. UU. anunció una prohibición de importación de todos los productos de algodón de Xinjiang; las empresas también tienen que demostrar que las importaciones de la región no se producen utilizando trabajo forzoso.
Hay unos 12 millones de uigures por todo el mundo. Once millones están en la región de Xinjiang y el resto están repartidos por países túrquicos: 300.000 en Turquía, 220.000 en Kazajistán, 60.000 en Kirguistán, 50.000 Uzbekistán, 10.000 en Pakistán. De los once millones que hay en China se calcula que un millón están encerrados en los llamados “campos de reeducación”, que son una especie de campos de prisioneros.
La BBC junto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación compartió en 2019 documentos secretos del Gobierno chino que recogían las directrices a seguir en esos campos. Se los obliga a aprender el mandarín, se les prohíbe el islam y hay instaladas cámaras en todas partes, incluidos lavabos y duchas, sin ángulos muertos, para que a nadie le asome por cabeza el pensamiento de marchar. Para ser liberados, deben autorizarlo cuatro comités y consideran que ya se han “reeducado”.
Otro informe de la agencia Associated Press de junio de 2020 revelaba una campaña de “genocidio demográfico” en la región de Xinjiang con un programa de control de natalidad iniciado en 2016 con más de 60.000 operaciones quirúrgicas para esterilizar a mujeres, la implantación de dispositivos intrauterinos anticonceptivos (DIU) a más de 400.000 mujeres y abortos forzados. En apenas dos años Xinjiang pasó de ser una de las zonas con mayor crecimiento demográfico a ser la de menor natalidad.
En diciembre el ‘think tank’ Centre for Global Policy denunció que había 570.000 uigures que eran utilizados como mano de obra esclava para trabajar en los campos de algodón de la región. Los niños son separados de sus padres e internados en escuelas y los padres son puestos a trabajar todo el día en fábricas o campos de algodón porque así no tienen tiempo para ir a rezar ni para participar en las actividades de la comunidad. Explica también que cada año van a las aldeas 70.000 policías para reclutar trabajadores y que muchas veces tienen que llevarse a ancianos porque la mayoría de los jóvenes están en “campos de reeducación”.
El Gobierno chino ha negado todas estas acusaciones. Insiste en que los campamentos (de los que durante mucho tiempo negó su existencia) son centros de formación profesional y parte de un programa para luchar contra el extremismo y apenas permite la entrada de observadores internacionales. El pasado mes de marzo el Gobierno chino sancionó a nueve británicos y cuatro organizaciones británicas que “maliciosamente difundieron mentiras y desinformación” sobre las violaciones de derechos humanos supuestamente perpetradas por las autoridades chinas contra los uigures.
Los sancionados, entre los que están Iain Duncan Smith, no podrán entrar a China ni hacer negocios con personas, empresas u organizaciones del país. Lo mismo ocurre con las entidades sancionadas, entre las que están la Comisión de Derechos Humanos del Partido Conservador, el laboratorio de ideas China Research Group, la organización Tribunal Uigur y el bufete de abogados Essex Court Chambers. “China está firmemente determinada a salvaguardar su soberanía nacional y sus intereses de seguridad y desarrollo, y advierte al Reino Unido que no siga por este camino equivocado. Si no, China no tendrá más remedio que tomar más medidas”, aseguró el Gobierno chino en su comunicado. Duncan Smith dijo que era un “honor” que China volcaba su ira contra él por denunciar la violación de derechos humanos.
En septiembre de 2021, empezó en Londres el Tribunal Uigur para investigar abusos en derechos humanos en Xinjiang. Estaba presidido por Sir Geoffrey Nice, exjuez británico del Tribunal de la antigua Yugoslavia y del juicio a Milosevic. Nice declaró a China culpable de genocidio contra el pueblo uigur. Erbakit Otarbay expuso su historia ante este tribunal. Explicó que nació en Qaba, en la región de Xinjiang, en 1972, en el seno de una familia kazaja. Después de acabar la escuela empezó a trabajar en la industria del petróleo (la región de Siniang es importante también por sus pozos de petróleo). En 2009 fue enviado a Kazajistán para trabajar en un yacimiento petrolífero capital chino.
Emigró definitivamente a Kazajistán en 2014 con su familia. En 2017 regresó a China para ver a su padre, que estaba enfermo y, después de la operación, cuando quiso marcharse, su pasaporte le fue confiscado. Su mujer y sus hijos estaban en Kazajistán y como no le dejaban salir decidió buscarse un trabajo en una mina de hierro en Kokotay, en Xinjiang. En julio de 2017 recibió una llamada de las autoridades chinas en la que le advertían que no había cancelado su residencia en China cuando se marchó a Kazajstán y que debía hacerlo ahora. Recibió otra llamada ordenándole que se quedara adonde estuviera porque irían a verle dos policías. Llegaron siete horas después. Lo llevaron a una comisaría. Le contaron que estaban allí para ayudarle en el proceso de cancelación de su residencia. Se lo llevaron a Targabatay a 700 kilómetros, todavía en Xinjiang, a una comisaría y empezaron a interrogarle.
Le preguntaron por qué se había marchado a vivir a Kazajistán en 2014, él dijo que porque era kazajo. Le preguntaron si rezaba, él dijo que no. Si había otros chinos en su vecindario. Algunos. Que por qué usaba WhatsApp y no WeChat (la aplicación china). “Porque en Kazajistán todo el mundo usa Whastapp y seguía comunicándose con ellos”, les dijo. Le dijeron que habían encontrado un clip en su Whastapp sobre cómo practicar el Islam. Él les dijo que eran consejos religiosos. Le acusaron de violar la ley por ver vídeos ilegales e instalarse Whastapp en su teléfono. Lo llevaron a una cárcel con la cabeza cubierta con una capucha negra y enmanillado. Le hicieron un examen médico y lo metieron en una celda donde lo encadenaron.
Pasó 98 días en esa celda y perdió 27 kilos porque solo le daban de comer una vez al día. “Si te quejabas por la comida, te golpeaban”, explicó. Les golpeaban con porras eléctricas. A veces les sentaban en la llamada silla de tigre a la que era atado y se pasaba allí una o dos semanas y cuando se quejaba era golpeado. Una vez discutió con los guardias y le dieron una paliza tan fuerte que quedó inconsciente y despertó en un hospital. El guardia que lo golpeó era kirguizo, se llamaba Makay estaba en el hospital con él cuando despertó. De ahí lo llevaron a un campo de reeducación donde la mayoría eran uigures pero también había dunganos, que son musulmanes de la etnica hui.
En su declaración en el tribunal uigur, citó todos los nombres que recordaba. En el campo de reeducación le asignaron la habitación número 8. Había 42 personas en una celda donde solo y solo ocho camas. Hacían turnos para dormir dos horas cada vez. La comida era mejor que en la cárcel. A la semana empezó las clases en una gran sala con barrotes en las ventanas donde cabían cien personas. Había uigures, dunganos, kazajos, kirguizos y otras minorías étnicas. Los separaron por etnias. Estudiaron mandarín, política e historia. por ejemplo, cómo fue la liberación de Xinjiang, y les hacían aprenderse canciones comunistas que todavía recordaba y las cantó.
En marzo de 2018 fue llevado de forma repentina otra vez la prisión. Llamaron a su mujer e hijos que le contaron que me quedaría en la prisión si ellos no volvían a China. Él les dijo que tenían la nacionalidad kazaja. Pasó un tiempo allí hasta que en septiembre lo llevaron a un campo de trabajo donde había cuatro fábricas: una de piezas de coches, otra de comida y bebida, otra de prendas de vestir y una panadería. A él le asignaron la de prendas de ropa. Trabajaban con máquinas de coser japonesas eléctricas impulsas por los pies. Aprendió a coser en tres días. Cosían uniformes y pantalones. Cada uno cosía una parte. Unos los bolsillos, otros la parte de atrás, otros la delantera.
El 23 de diciembre de 2018, por megafonía del centro de trabajo anunciaron su nombre. “Erbakit Otarbay, del asiento 147, coja sus pertenencias y prepárese”, anunció la voz. Le fueron a buscar dos guardias junto a otras diez personas. Le transfirieron a un arresto domiciliario. No podía salir de casa y si lo hacía debía avisar a un guardia que lo acompañara al mercado o donde fuera. El 22 de mayo de 2019 le visitó un oficial de policía que le dijo que era libre de volver a Kazajistán y le entregó su pasaporte y visado verde. “Mañana por la mañana un agente de policía le llevará en coche hasta la frontera.
En los casi dos años que pasó encerrado en la cárcel y en campos de trabajo y de reeducación solo vio a su madre dos veces. Siempre le visitó con el pañuelo musulmán en la cabeza. En una ocasión dijo que le pudo ver un mechón cabello gris y en ese momento se dio cuenta del paso del tiempo y sufrimiento de sus padres. “Hubo personas murieron a causa de palizas y castigos -explicó ante el tribunal-. Recuerdo un hombre kazajo llamado Kosun que fue golpeado hasta la muerte. Durante mi encierro vi a mujeres con la cabeza rapada. Escuché a mujeres gritar y llorar mientras estaba en mi habitación, pero no vi con mis propios ojos que las mujeres fueran abusadas sexualmente o violadas”.
Cuando le liberaron, le pidieron que firmara documentos para no contarle a nadie lo que había pasado, y lo que había visto y oído allá. Explicó que le amenazaron con tomar represalias contra sus padres, tías y otros parientes que todavía viven allí. “Cuando llamaba a mis padres, me pedían que no dijera nada porque no les darían pasaportes y no podrían venir a visitarme a Kazajstán -contó-. Ahora que he expuesto estas cosas a través de YouTube, cuando llamo a mis padres ya no contestan el teléfono. solo puedo preguntar a mis amigos”. El gobierno chino calificó de mentira el tribunal.
La carta que Otarbay envió a la ministra de comercio es la carta previa a la denuncia formal. Sus abogados dicen que “prácticamente toda la industria textil del Reino Unido” corre el riesgo de verse vinculada al trabajo forzoso.“Tengo suerte de estar en un país libre ahora -dijo Otarbay-. Pero no puedo dejar de pensar en las personas que dejé atrás. No sé qué les pasó, a qué tipo de horrores han sido sometidos”.
A principios de este año, la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas dijo que el trato de China a su población uigur “puede constituir un crimen contra la humanidad”. Sin embargo, la semana pasada el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidos votó en contra de debatir los abusos contra los uigures en Xinjiang. Con 19 votos en contra y 17 a favor decidieron no discutirlo. Entre los países que votaron en contra están Cuba y Venezuela y también países con mayoría musulmana como Somalia, Indonesia, Pakistán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. También votaron en contra Kazakistán y Uzbekistán, donde hay minorías uigures. Hasta once países se abstuvieron, incluidos Ucrania, Argentina y México. Entre los que votaron a favor estaban Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania.
“Esta es una victoria para los países en desarrollo y una victoria de la verdad y la justicia”, tuiteó Hua Chunying, portavoz de asuntos exteriores de China. “Los derechos humanos no deben utilizarse como pretexto para inventar mentiras e interferir en los asuntos internos de otros países, o para contener, coaccionar y humillar a otros”.
Estados Unidos, que convocó al debate, condenó la votación. “La inacción sugiere vergonzosamente que algunos países están libres de escrutinio y se les permite violar los derechos humanos con impunidad”, dijo Michele Taylor, representante de Estados Unidos ante el Consejo de Derechos Humanos. Por su parte, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, criticó duramente la decisión: “Esta votación protege a los perpetradores de violaciones de derechos humanos en lugar de a las víctimas, un resultado desalentador que coloca al principal organismo de derechos humanos de la ONU en la ridícula posición de ignorar los hallazgos de la propia oficina de derechos humanos de la ONU”, dijo.