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El año que está a punto de concluir será recordado en los anales de las relaciones hispano-magrebíes por haber sido el del viraje español en el Sáhara Occidental y el previsible desplante –y, por ahora, sin visos de rectificación- argelino. El pasado 18 de marzo trascendía un hecho que sacudiría el escenario magrebí: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había remitido una carta al rey Mohamed VI en la que este expresaba su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Tanto la opinión pública marroquí como la española eran informadas de la histórica noticia a través de una nota en la agencia de noticias estatal MAP que, a su vez, citaba un comunicado de Palacio Real (marroquí).
En la misiva –fechada el 14 de marzo-, tras elogiar “esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de Naciones Unidas”, Sánchez afirma que “España considera la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”. Un apoyo que, a costa de abandonar la posición de neutralidad mantenido por las diferentes administraciones españolas, que se remitían históricamente a la misión de Naciones Unidas para la celebración de un referéndum, ponía fin de manera inmediata a una crisis bilateral con Rabat que marcó todo el año 2021 y se prolongó hasta el momento en que el jefe del Ejecutivo remitía al monarca la citada misiva.
Espoleado por su gran logro diplomático de finales de 2020, el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y la normalización de relaciones con el Estado de Israel, Marruecos no iba a conformarse con menos. Alemania y Francia acabaron haciendo manifestaciones de apoyo a las tesis marroquíes en el Sáhara similares. Tres adjetivos bastaron para cerrar unos meses turbulentos marcados por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Ibrahim Ghali, para ser tratado en un hospital de Logroño y la abierta hostilidad marroquí hacía el Gobierno de España, que tenía su principal reflejo en la presión migratoria en las fronteras españolas.
La reacción argelina no se haría esperar. Apenas horas después de trascender la noticia en Rabat, las autoridades de la República socialista retiraban a su embajador en la capital de España (sin que hasta la fecha se haya producido relevo). Desde abril, el régimen argelino no coopera en materia de devolución de ciudadanos argelinos llegados de manera irregular a España con el Gobierno de Sánchez. Y pocas fechas después el gigante norteafricano dejaba de conceder licencias de importación de animales vivos –ganado vacuno principalmente- a las empresas españolas.
Pero la gran venganza argelina tardaría en producirse. El 8 de junio el presidente Abdelmadjid Tebboune anunciaba la suspensión del Tratado de Amistad, Cooperación y Buena Vecindad firmado por los dos Estados en 2002. Aunque el documento es una declaración de intenciones, la suspensión del tratado por parte de las autoridades argelinas era el anticipo de lo que iba a producirse (y puede aún ocurrir): el boicot comercial decretado a las empresas y productos españoles en aquella misma jornada de finales de primavera. Lo haría una asociación privada, la Abef (Asociación Profesional de Bancos y Entidades Financieras), aunque con la huella inconfundible del régimen militar.
Desde entonces la situación no ha hecho más que empeorar para los intereses españoles en el gigante magrebí, más solicitado que nunca en vista de la escasez y precios de los hidrocarburos desde que comenzara la guerra en Ucrania. Las exportaciones españolas a Argelia son residuales y los grupos empresariales de nuestro país sistemáticamente excluidos de las distintas licitaciones públicas y oportunidades de inversión privada. Aunque más caro, los contratos del gas entre Naturgy y el grupo estatal Sonatrach se encuentran a salvo.
Los empresarios españoles, impotentes, lamentan la ocasión perdida y siguen aguardando la ayuda del Gobierno. Quienes conocen bien al régimen argelino saben que será difícil que sin que España mueva ficha en el Sáhara al menos matizando su posición respecto al conflicto las autoridades militares cedan en su ira contra España. La aparente falta de acción por parte del Ejecutivo de Sánchez permite concluir sin temor a la exageración que España asume el coste económico y securitario de tener a Argelia en contra a costa de no importunar la relación con Marruecos, considerada como prioritaria para Madrid.
La declaración conjunta firmada durante la visita de Sánchez a Rabat en abril pasado establecía una ambiciosa hoja de ruta bilateral que ha arrojado, hasta ahora, un discreto balance para los intereses españoles. Uno de los puntos del acuerdo era la celebración de la XII Reunión de Alto Nivel Marruecos-España –que Rabat había suspendido en plena gestación de la crisis en diciembre de 2020 y no se celebra desde junio de 2015- antes de final de año, cosa que no sólo no se ha producido, sino que la cita sigue sin fecha. Un formato concebido para escenificar los avances en la cooperación bilateral y, sobre todo, exhibirla con la firma de acuerdos en distintas áreas consagrar que sigue en el aire habida cuenta de la falta de avances en las negociaciones.
No en vano, varios son los dosieres abiertos entre las dos administraciones como la delimitación de las aguas territoriales hispano-marroquíes en el Atlántico, la actualización del Tratado de Amistad o la naturaleza final de las aduanas entre Ceuta y Melilla y Marruecos. En este sentido, si las promesas del Gobierno de España no se ven defraudadas por la realidad, en las próximas fechas debería producirse la entrada en funcionamiento de la nueva aduana comercial en la frontera de Ceuta y la ya existente de Melilla (cerrada en agosto de 2018, más de cuatro años clausurada).
En el haber del Ejecutivo de Sánchez está el logro de aplacar la ira de Rabat con España –que se manifestó en episodios como la entrada de diez millares de jóvenes a Ceuta desde Marruecos gracias a la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes- en los últimos meses. A pesar de la cooperación con Rabat, que las autoridades españolas elogian incesantemente, la presión migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla sigue, aunque con picos, al alza.
Con todo, el pasado 24 de junio se produciría un hecho que sigue sacudiendo a la opinión pública española aunque sin aparentes repercusiones en las relaciones bilaterales: el asalto masivo, con trágicas consecuencias, de la valla de Melilla. Seis meses después, la masacre, en la que perdieron la vida según las cifras más conservadoras –las admitidas oficialmente por Marruecos, porque el Gobierno español no ha reconocido ninguna- 23 personas, decenas de migrantes resultaron heridos y más de setenta, según las ONG, siguen desparecidos, no ha tenido responsables políticos a ninguno de los dos lados de la frontera. Una y otra vez el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado que se haya producido un solo deceso en territorio español.
Por otra parte, la ruptura con Argelia supondrá previsiblemente en los próximos meses picos migratorios –como el registrado en los últimos días: 251 migrantes procedentes del país norteafricano llegados a Baleares desde el día de Navidad- a lo largo del año y la misma situación en el frente comercial que desde el pasado junio.
Entretanto, los puentes entre Argel y Rabat están rotos –los dos países rompieron relaciones diplomáticas en agosto de 2021- y los episodios de tensión han jalonado los dos últimos años, aunque en el 2022 que está a punto de cerrarse la amenaza de un enfrentamiento armado entre el Frente Polisario –que tiene al régimen militar como principal patrocinador- y Marruecos parece lejana. Eso sí, Marruecos y Argelia compiten en una abierta carrera por la supremacía militar en los últimos meses.
En fin, el año que está a punto de comenzar, previsiblemente electoral en España –y con probabilidades de que se produzca un relevo en La Moncloa-, habida cuenta de los frentes abiertos en el Magreb, seguirá siendo turbulento para los intereses españoles en el norte de África.