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El Elíseo aísla. La residencia del presidente de la República francesa ha sido tradicionalmente una oficina impermeable a lo que lloviera en las calles, pero al presidente francés Emmanuel Macron, con una mayoría parlamentaria en contra, los sindicatos envalentonados y unas protestas que acaban en disturbios por culpa de grupos de energúmenos y de la respuesta policial contra esos energúmenos, tiene cuatro años de mandato por delante y busca una salida a esta crisis que no le convierta en un presidente con las manos atadas.
La forma de aprobar la reforma (con un decreto presidencial, el 49.3 que no necesita ni visto bueno parlamentario posterior, un ordeno y mando democrático pero deslegitimado porque los sondeos dicen que más del 70% de los franceses está en contra, como la mayoría parlamentaria) desató protestas que ni siquiera tienen relación con las pensiones.
Como si se hubiera abierto la puerta de todos los descontentos contra un presidente que fue elegido dos veces con votos prestados de izquierda y derecha tradicional para evitar la llegada de la extrema derecha de Marine Le Pen, no con votos convencidos de su idoneidad como jefe de Estado.
Esta pasada semana lo hicieron los libreros. Son sólo un ejemplo de un sector más pero son paradigmáticos porque de la protesta contra la reforma de las pensiones parece haberse pasado a una protesta generalizada sobre todo lo que molesta. Los libreros están enfadados porque en lugar de apoyar a las pequeñas librerías, Macron entregó la legión de honor, máximo reconocimiento civil francés, a Jeff Bezos, dueño de Amazon. Macron jura y perjura que no va a retirar la reforma de las pensiones y tampoco ha decidido por ahora sustituir a la primera ministra Elisabeth Borne, una decisión que usaron antes casi todos los presidentes franceses cuando tenían que buscar un cabeza de turco para cerrar una crisis.
Borne sigue, la reforma de las pensiones sigue y la única promesa ahora es de la primera ministra, que asegura que de aquí en adelante, en los próximos cuatro años, sólo volverá a usar el 49.3 para tomar decisiones de política financiera, algo que no suele ser polémico. No para aprobar reformas de calado a las que se niegue una mayoría parlamentaria. El clima de tensión y violencia de las últimas semanas podría ser una excusa para usar la mano dura y señalar al dedo de los disturbios cuando todos miran a la luna de las protestas, pero una de las principales responsabilidades del poder público es mantener el orden y no lo está logrando.
Laurent Berger, líder de la CFDT, una de las principales centrales sindicales, dio una solución temporal al Gobierno: suspender durante seis meses la reforma de las pensiones para sentarse con calma a negociar cambios en la misma. Macron se niega aunque asegura que está dispuesto a dialogar.
Berger dice que si no hay un gesto por parte del Gobierno no ve sobre qué negociar. Berger, a quien se ve en Francia como el patrón sindical más abierto a la negociación, también advierte sobre la violencia, que considera “inaceptable para todos los demócratas”. Las protestas, en general pacíficas, son aprovechadas por grupos violentos para actuar atacando edificios públicos o a las fuerzas de orden. Pero el Consejo de Europa ya señaló también el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes y decisiones como las de poner a fuerzas de operaciones especiales a controlar manifestaciones, algo que los sindicatos viven como una provocación, como si se les tratara de terroristas.
El sábado hubo una protesta gigante de miles de personas contra la construcción de un embalse artificial que consideran un atentado contra el medio ambiente. La protesta y la reacción de la Gendarmería calentaron la situación hasta que llovieron los proyectiles desde ambos lados. Salieron decenas de heridos y un hombre está entre la vida y la muerte. Mientras la Gendarmería investiga quién fue responsable, los medios franceses recuerdan la muerte de Rémi Fraisse, un militante ecologista de 21 años que murió en 2014 cuando un gendarme, en lugar de una granada de ruido, lanzó una granada ofensiva contra un grupo de personas. Las televisiones y diarios franceses están llenos de videos de policías usando la fuerza desproporcionadamente, una imagen que daña al Gobierno porque además la mayor parte de la población defiende las protestas.
Gérald Darmanin, ministro del Interior, uno de los más conservadores del Gobierno, asegura que los gendarmes son atacados “por la extrema izquierda”, pero el prefecto de Policía de París ya abrió 19 investigaciones de orden interno por actos de violencia a cargo de policías. Macron mantiene silencio y parece apostar por esperar a que una mayoría de franceses se cansen de los actos violentos y apoyen al Gobierno en sus medidas de mantenimiento del orden público. Los sondeos están lejos de ver ese efecto. En el minuto 49 del partido de fútbol del pasado viernes entre Francia y Países Bajos, en París, la grada gritó “Macron dimisión”.
Frédéric Dabi, director del centro de estudios sociológicos IFOP, empresa líder en Francia en sondeos, asegura que Macron ya está perdiendo apoyo entre los suyos, que se preguntan: “¿A dónde nos lleva? ¿Hasta dónde irá un presidente sordo, que no escucha ni a la calle ni a los sindicatos ni a las fuerzas políticas?”. Macron podría girar a la derecha e intentar pactar una crisis de Gobierno con Les Républicains, el partido de la derecha tradicional, que con sus 61 diputados le daría la mayoría absoluta. Pero estos están divididos, un tercio votó a favor de la moción de censura para tumbar a Borne y su secretario general, Eric Ciotti, no domina sus filas.
Macron no parece querer ni cambiar de primera ministra, ni retirar la ley ni disolver la Asamblea Nacional e ir a unas elecciones muy arriesgadas en este momento. Espera a que las aguas se calmen. Borne se reunirá a partir de la próxima semana con los jefes de los grupos parlamentarios para después hablar con los sindicatos. Este martes los franceses se echarán otra vez a la calle.