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La Fiscalía de Bérgamo lleva más de tres años intentando arrojar luz sobre un episodio especialmente dramático para Italia y para el mundo. En febrero de 2020 todos miraban al país transalpino, foco occidental de COVID 19, tras semanas donde la realidad de la zona cero de la pandemia, Wuhan, se imponía en el resto del mundo. Se empiezan a conocer algunas informaciones objeto de las investigaciones que han concluído en un informe de 2.400 páginas donde se han escuchado innumerables testimonios que intentan reconstruir lo ocurrido en aquellos días críticos en el país, especialmente en el plano de las responsabilidades políticas y de las instituciones públicas. Los ojos están puestos en el Gobierno nacional y regional, en este caso, de la zona norte, Lombardía, donde se produjeron los primeros contagios que, luego, se revelarían masivos.
En cuanto a las responsabilidades políticas se intenta esclarecer si, en aquel momento, quien debía decidir tenía el conocimiento y los instrumentos necesarios. Las implicaciones en el ámbito político tocan desde el primer ministro en aquel momento, Giuseppe Conte, hoy líder del M5S, y algunos ministros como el de Sanidad, Roberto Speranza, y sus colaboradores. Entre otras, las acusaciones que pesan sobre Speranza y los técnicos que trabajaban con él han llegado a la Fiscalía de Roma que los ha derivado al colegio encargado por los delitos ministeriales, que deberá decidir. Se examinan las condiciones por las cuáles el plan italiano de emergencia pandémica no había sido actualizado. Los hechos no se refieren estrictamente a la gestión del COVID en Val Seriana, provincia de Bérgamo, sino que se remontan a los años anteriores a la pandemia. Según los fiscales, lo ocurrido en Lombardía entre finales de febrero y principios de marzo de 2020 mostraría las consecuencias de años de subestimar el riesgo de pandemia.
Un plan que, como se ha señalado también en otros países, no había recibido los cambios pertinentes desde que fue creado en 2006. Se apunta a esclarecer quien ignoró sus responsabilidades desde la parte técnica del Ministerio de Salud que, durante varios años y hasta 2020 no trabajó sobre el documento tal y como exige el reglamento sanitario internacional adoptado por la OMS en 2007 y por una decisión del Parlamento Europeo de 2013. La justificación del ex ministro Speranza sobre este análisis de la Fiscalía es que el plan no habría servido de nada, ya que era necesario adquirir "herramientas nuevas y diferentes” adaptadas a un virus del que no se sabía prácticamente nada.
Los correos desde Wuhan
Entre el contenido recogido en la investigación y que para el fiscal jefe de Bérgamo, Antonio Chiappani, constituye una de las alarmas recibidas por las instituciones italianas, hay también un mail enviado al ex presidente de la región Apulia, Nichi Vendola, al entonces ministro de la Salud Roberto Speranza. El texto es de ocho días antes de descubrir el llamado “paciente 1 en Italia”, el 20 de febrero, y está firmado por cuatro médicos y profesores universitarios. En ese correo, adelantado por el diario italiano Corriere della Sera, se habla de la información que ofrece el presidente de una empresa china responsable de las UCI, el doctor Haibo Qiu, que explicaba a los médicos italianos, con los que había compartido investigaciones clínicas, las necesidades enormes que el país estaba teniendo de camas para pacientes graves. Los cuatro expertos alertaban al Gobierno de la necesidad de pensar, no solo en medidas de confinamiento, sino también en una mesa técnica para organizar el tratamiento de enfermos graves.
En la información que ofrece la investigación aparecen otros mails que llegaron a Italia incluso un mes antes y que ponen en el centro al Instituto Superior de Sanidad italiano (ISS). Se habla de un par de correos electrónicos enviados el 22 y 23 de enero de 2020 al profesor Giovanni Rezza, uno de los más prestigiosos epidemiólogos italianos, por un estudiante chino, de un estudiante chino advertía sobre la situación real del hospital en Wuhan y cómo en el país la gestión estaba fuera de control. Rezza, ante los correos electrónicos y videos adjuntos por el estudiante, envía todo al presidente de la ISS Silvio Brusaferro que, al parecer, no termina de creérselo por la falta de otras pruebas.
La denuncia de las familias
Es clave para entender esta compleja e ingente investigación tener en cuenta la decisión que ha tomado hace solo unos días el Tribunal de Ministros de Roma con respecto a otra denuncia presentada por las familias de las víctimas de varias partes de Italia y que ha sido archivada. El tribunal considera algunos delitos como homicidio involuntario contra la salud, abuso de poder, atentado a la Constitución y atentado a los derechos políticos del ciudadano no han sido realizados con una conducta activa y, así, excluye que el delito de “pandemia” pueda existir de forma omisiva. "No hay duda de que el Primer Ministro, los ministros y los consultores científicos no tienen posesión del virus ni lo han propagado y el hecho de que, según la suposición de una parte de los denunciantes, han omitido el contraste temprano y medidas de prevención, no integra la conducta sancionada por el artículo 438 epidémico”, dice la justicia. Esta decisión podría ser fundamental para entender el futuro que tendrá la verdadera investigación en juego, la de la Fiscalía de Bérgamo.