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El Constitucional francés debe decidir este viernes si la reforma de las pensiones aprobada por decreto presidencial y sin pasar por la Asamblea Nacional por el presidente Emmanuel Macron es acorde a la ley. Los jueces constitucionales, presididos por el ex primer ministro socialista Laurent Fabius, pueden rechazarla, aprobarla o suspenderla y pedir cambios.
Se abriría así una puerta a la negociación que exigen los sindicatos y sería a la vez una forma de que Macron y su primera ministra Elisabeth Borne, quien se ha mostrado más dialogante que el presidente, puedan dar marcha atrás sin hacerlo voluntariamente.
A la espera de la decisión de los jueces constitucionales, los franceses se echaron de nuevo a la calle en masivas protestas este jueves. Están a punto de cumplir tres meses de huelgas y manifestaciones, que empezaron el 19 de enero y que no parecen perder fuelle.
Los sondeos dicen que la inmensa mayoría de los franceses está contra una reforma que tiene dos patas esenciales. Lleva la edad de jubilación de los 62 a los 64 años (lo que desde el resto de Europa, donde lo normal es estar entre los 65 y 67 años, parece poca razón para protestar) pero también aumenta a 43 los años de cotización para cobrar una pensión completa. Es decir, sólo la cobraría completa quien hubiera cotizado sin interrupción alguna desde los 21 años.
La inmensa mayoría de quien cursara estudios universitarios o de formación profesional del máximo grado quedaría fuera. En España, con la jubilación a los 67 años en 2027, sólo harían falta 28,5 años de cotización para cobrar la pensión completa. Visto así, la protesta francesa tiene más sentido que quedándose sólo en la subida de 62 a 64 años.
Si al malestar por lo que incluye la reforma se une el provocado por Macron al usar el mecanismo del decreto presidencial, saltándose así a una Asamblea Nacional en la que su reforma sería rechazada, y la rigidez del Gobierno al negociar con los sindicatos sin ceder ni una coma en la reforma, se termina por entender que durante tres meses los franceses no hayan cesado en la protesta.
Con o sin razón, los franceses vieron en su mayoría una reforma injusta y que afectaba a prácticamente todos los sectores sociales y profesionales excepto a quienes, en lo alto de la pirámide, pudieran jubilarse cuando quisieran con pensiones privadas suculentas. De ahí la cohesión vista en unas manifestaciones que no habían durado tanto tiempo desde los años 90 del siglo pasado.
El vaso se llenó el 16 de marzo cuando el Gobierno anunció que aprobaría la reforma por decreto presidencial. A partir de esa fecha a las manifestaciones se unen grupúsculos violentos y a sus actuaciones responde la Policía cargando a diestro y siniestro, contra los violentos y contra cualquiera que pase por allí, como denunció de inmediato en un informe el Consejo de Europa.
En las manifestaciones ya no están sólo los sindicatos y las organizaciones estudiantiles. Aparecen también grupos como Black Bloc. Los militantes sindicales que hacen de guardias de seguridad en las manifestaciones empiezan a usar cascos para, vuelan los cócteles molotov, las pelotas de goma y el gas lacrimógeno. Una figura en cartón de Macron aparece ahorcada en Blois y su cabeza en latex aparece en una pica en una protesta de médicos.
El Gobierno, con un ministro del Interior que adelanta por la derecha a los conservadores, Gérald Darmanin, juega a confundir a los manifestantes pacíficos con los energúmenos violentos. Si la violencia degenera, deben pensar en París, el ciudadano medio pedirá orden. Un recuerdo de las consecuencias del mayo del 68, que acabó con De Gaulle arrasando en las urnas. Macron atiza entonces ese fuego cuando en lugar de hablar de manifestantes habla de “facciosos” y de “una masa ilegítima”.
La violencia, sin desaparecer del todo, se va a apagando en unas semanas pero la movilización continúa. El recurso al decreto presidencial hace que se movilicen ya completamente las organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios, a quienes la reforma de las pensiones no debería afectar hasta dentro de unos 40 años, pero que protestan porque consideran que es todo el sector público el que se degrada con las reformas de los últimos años.
Este jueves fue el duodécimo día de manifestaciones desde el 19 de enero y la participación apenas se reduce. El propio Ministerio del Interior (que ha mentido por ejemplo al negar que existieran investigaciones contra la violencia policial cuando estas ya estaban en marcha) reconoce que en cada día de movilizaciones se han echado a las calles casi 1,5 millones de franceses. Los sindicatos doblan sistemáticamente esa cifra.
Macron se enfrenta a un movimiento social que no ceja y que tiene aspectos novedosos. Las manifestaciones ya no ocurren sólo en las grandes ciudades como en el pasado. Hay cortejos de manifestantes en muchas ciudades de tamaño medio. El diario ‘Le Monde’ cuenta cómo se organizaron manifestaciones en localidades de 25.000 habitantes en las que participan más de 10.000 personas.
A las protestas tradicionales se unen los bloqueos. Los sindicatos han conseguido que las refinerías trabajen al ralentí, que no se recojan las basuras en las grandes ciudades, que los transportes públicos funcionen en servicios mínimos casi de forma permanente. Y sostienen la pérdida de ingresos de los trabajadores con sus propios fondos, alimentados durante años por las cotizaciones de sus afiliados en un país con una tasa de afiliación (aproximadamente el 10% de los trabajadores franceses es miembro de algún sindicato) baja pero con una capacidad de movilización muy potente.
Las protestas han ido ampliando su foco. Se protesta contra la reforma de las pensiones, que ahora parece casi un detonador que hizo estallar un malestar social mayor. Porque se protesta también por el cierre de servicios públicos (administrativos, sanitarios) en localidades muy pequeñas. Protestan los sanitarios por la carga de trabajo y protestan los maestros por unos sueldos que los colocan entre los más bajos de Europa occidental.
Han llegado a protestar los libreros independientes porque Macron condecoró al dueño de Amazon y ha habido protestas masivas en ciudades económicamente prósperas que votaron masivamente a Macron en 2017 y en 2022.
La izquierda está masivamente movilizada y denuncia que apoyó a Macron para evitar la llegada de Marine Le Pen al Elíseo y que ahora el presidente gobierna sin tener en cuenta que ganó gracias a aquellos votos prestados.
El Gobierno también calculó mal la determinación de los sindicatos. Si en otras ocasiones hubo divisiones entre ellos, porque los hay más centristas y puramente comunistas, esta vez la unión sindical no muestra fisuras. Eso les da parte del control de la situación y más palancas frente al Gobierno. Todos aseguran estar viendo aumentos en el número de afiliados en los últimos meses.
Ante la fuerza de las movilizaciones y la negativa de Macron de dar un paso atrás, todos miran a la decisión de este viernes del Constitucional. Que además debe decidir si permite un referéndum de iniciativa popular para que la Constitución francesa diga que la jubilación es a los 62 años