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Transcurrido más de un año y medio desde el envío de la aún misteriosa carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI, la misiva que constataba el histórico giro español en el Sáhara Occidental y desatascaba un largo embrollo diplomático, el balance de la nueva etapa en las relaciones bilaterales es más que modesto para los intereses españoles.
El nuevo período, inédito y prometedor según sus promotores, se abría, por tanto, gracias a una breve misiva sin otra validez que la simbólica –estar firmada por el presidente del Gobierno, ahora en funciones— en la que Sánchez defendía la propuesta de autonomía avanzada para el Sáhara dentro del Estado marroquí como “la base más seria, creíble y realista” para la resolución del conflicto. España rompía su tradicional neutralidad en la cuestión y Marruecos celebraba el apoyo de sus vecinos.
Nadie sensato y conocedor de los vaivenes recurrentes y crisis cíclicas en las relaciones entre los dos vecinos habría imaginado un período de grandes logros para los intereses españoles si no hubiera sido por las manifestaciones entusiastas de ambas administraciones. Por ahora, España sigue sin compensar de alguna forma las consecuencias del largo cierre fronterizo para Ceuta y Melilla con la apertura de sus prometidas aduanas comerciales, como tampoco ha avanzado en la delimitación de las aguas canarias y marroquíes en la fachada atlántica.
Ni siquiera la “excelente relación” consigue frenar la presión migratoria, que experimenta en los últimos meses un nítido repunte, sobre todo en la ruta atlántica con destino Canarias. Ello a pesar de que la colaboración en la materia era el mayor logro del que el Gobierno de España pudo presumir sobre todo durante la segunda mitad del año pasado y después de que la menor cooperación marroquí durante la crisis se convirtiera en la razón principal que hizo a Sánchez cambiar de posición en el asunto del Sáhara a fin de calmar los ánimos de Marruecos.
Tampoco ha logrado España, a pesar del compromiso escrito en los dos encuentros de alto nivel mantenidos en Rabat en abril de 2022 y en febrero de 2023 de que ambos gobiernos evitarían llevar a cabo acciones que “ofendan a la otra parte”, acabar con las recurrentes alusiones en medios oficiales o en boca de representantes públicos al carácter de ciudades “ocupadas” referido a Ceuta y Melilla. El último episodio estalló en agosto pasado, al trascender un mapa de la Embajada marroquí en Madrid que mostraba a las dos ciudades autónomas españolas dentro del territorio marroquí.
A comienzos de febrero pasado llegaba, después de más de siete años de ausencia, la esperadísima XII Reunión de Alto Nivel –la convocatoria se había aplazado a finales de 2020 por decisión de Marruecos— en Rabat, que concluía con un ramillete de propuestas poco trascendentales –que hoy muy pocos serían capaz de recordar—, aunque sí con foto de los dos jefes de gobierno y varios ministros. El gran ausente de la cita fue el rey Mohamed VI, auténtico poder ejecutivo en el sistema político de Marruecos –los poderes del jefe del Gobierno son limitados—, al no encontrarse en su país esos días. Una noticia que, según admitían fuentes cercanas al Gobierno, el presidente Sánchez y sus ministros sólo conocieron minutos antes de embarcarse para la capital marroquí.
Para compensar su ausencia, el monarca alauí invitó a Sánchez a una visita oficial a Marruecos “muy pronto”. Transcurridos más de nueve meses desde la propuesta del rey, lo cierto es que el encuentro entre ambos no se ha producido. Sólo supimos –la prensa marroquí se encargó de hacerlo público— que el presidente pasó unos días de descanso vacacionales el pasado mes de agosto entre las ciudades de Marrakech y Tánger, pero no hay constancia de que se entrevistara con el jefe del Estado marroquí.
Mes a mes los datos confirman que 2023 está siendo un año récord en lo que a migración irregular se refiere. El último informe del Ministerio español del Interior constataba una tendencia que se prolonga ya durante el otoño: un total de 26.540 migrantes han llegado a España de forma irregular en los nueve primeros meses del año, un 14,4 % más que el año pasado.
Solo en la segunda quincena de septiembre entraron a territorio español de forma irregular por cualquiera de las vías, aunque sobre todo por la marítima, 1.248 migrantes. Sólo el martes de esta semana llegaron hasta la isla de El Hierro tres cayucos con medio millar de personas a bordo, cifra récord desde 1994.
Con una crisis alimentaria derivada de la prolongada sequía, la inflación derivada de la guerra de Ucrania, la inestabilidad política y la violencia sectaria, todo apunta a que los movimientos migratorios procedentes del Magreb, el África occidental y el Sahel seguirán al alza en los próximos meses tanto a través de las rutas del Mediterráneo como de las del Atlántico.
Diecinueve meses después de que la propuesta fuera evocada por Sánchez en la cumbre bilateral de abril de 2022 en Rabat y camino del año de la fecha fijada definitivamente para su apertura –el 21 de septiembre de 2022, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU y en presencia del ministro marroquí de Exteriores-, Albares marcó la apertura de las aduanas para enero de este año—, sigue sin haber aduanas comerciales en las fronteras entre España y Marruecos en Ceuta y Melilla. A pesar del aparente éxito de las pruebas piloto llevadas a cabo, tres, en enero, febrero y mayo, no hay visos de que las infraestructuras comerciales vayan a ver la luz antes de 2024. Sencillamente, Marruecos, que aprovecha ahora que el español es un Gobierno en funciones— sigue dilatando un proceso administrativo que no desea.
La cuestión –ahora eclipsada por las negociaciones para la investidura— ha desaparecido del debate público. Los empresarios de las dos ciudades siguen esperando pacientemente como lo hicieron durante los dos años que las fronteras del Tarajal y Beni-Ensar permanecieron cerradas. Desde el 17 mayo de 2021 sólo pueden circular por sendos pasos ciudadanos con permiso para transitar por el espacio Schengen. Unos días después se amplío la posibilidad de cruzar la frontera hispano-marroquí a los trabajadores transfronterizos con la documentación en regla.
De manera casi automática, la noticia del apoyo de Sánchez a la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española en el enquistado conflicto provocaba una airada respuesta de las autoridades argelinas, principal apoyo financiero y militar del Frente Polisario, representante del pueblo del Sáhara Occidental ante Naciones Unidas.
Desde ese momento, el 18 de marzo de 2022, Sánchez se convertía en enemigo número uno de Argelia, como su presidente, Abdelmajdid Tebboune se encargaría de dejar claro en distintas alocuciones públicas. Habría que esperar casi tres meses, hasta el 9 de junio del año pasado, para que las autoridades del gigante norteafricano dieran por suspendido el Tratado de Amistad firmado veinte años atrás por ambas administraciones y decretaran un boicot –a través de una asociación de bancos y entidades financieras, nunca a través del Gobierno— a las empresas españolas en el país.
Un veto que ha dejado a los exportadores e inversores españoles pérdidas millonarias y que, cuando se ha rebasado ampliamente el año, sigue sin tener visos de solución. A menos mientras, y así lo han dejado saber las autoridades argelinas, no haya relevo en la Moncloa o su actual inquilino dé muestras de que quiere hacer cambiar las cosas.
Con todo, el ministro de Exteriores José Manuel Albares repetía recientemente que “la hoja de ruta con Marruecos se está cumpliendo” tal como estaba prevista. Lo que significa que, si el jefe de la diplomacia española no miente, la hoja de ruta pactada era pura filfa. La nada. O algo cercano a ella. Este miércoles el soberano alauita volvía a tener el privilegio, como ocurrió en marzo de 2022 al desvelar el contenido de la carta de Sánchez y anunciar el restablecimiento de relaciones, de anunciar en primer lugar el éxito de la candidatura conjunta España-Marruecos-Portugal para la celebración del Mundial de fútbol 2030.
Más allá de que la flamante alianza hispano-marroquí se plasme en magros logros para los intereses españoles o no la organización conjunta del mayor evento deportivo del planeta podría evitar, públicamente al menos, que Rabat y Madrid vuelvan a incurrir en nuevos episodios de crisis en los próximos años. O no.