Bruselas propone acabar con los falsos autónomos de plataformas como Uber o Deliveroo
La Comisión Europea quiere reglamentar el estatus de los trabajadores de esas empresas
Para que sean autónomos, la compañía deberá demostrar que los trabajadores no tienen relación laboral
Si se cumplen ciertos criterios, el trabajador deberá ser asalariado
La pandemia cambió muchas cosas, entre otras la forma en que desde la Comisión Europea se ve el mundo laboral. Cinco años después de que el Ejecutivo comunitario se pusiera claramente del lado del modelo de negocio de plataformas como Uber o Deliveroo, ahora propone una reglamentación para mejorar el estatus de los trabajadores de ese tipo de empresas.
Se trata de que, por defecto, sean tratados como asalariados y que sólo ellos puedan decidir si prefieren trabajar como autónomos, para lo que tendrán que cumplir ciertas condiciones a fin de evitar que las empresas les empujen a ser autónomos contra su voluntad.
MÁS
Para hacer que sus empleados trabajen como autónomos la empresa deberá demostrar a las autoridades laborales competentes que el trabajador en cuestión no tiene una relación laboral con ella. Bruselas explica que se establecerán cinco criterios (basados en jurisprudencia europea y nacional). Si cumple dos de los criterios el trabajador tiene que ser asalariado.
Esos cinco criterios propuestos por la Comisión Europea son:
1. Que la empresa determine el nivel de la remuneración o le ponga límites.
2. Que la empresa supervise el trabajo hecho a través de mecanismos electrónicos.
3. Que la empresa restrinja la libertad del trabajador para decidir qué horas trabajará y qué horas no, para aceptar o rechazar encargos o para usar o no subcontratados y/o sustitutos.
4. Que la empresa establezca normas sobre apariencia, conducta o calidad del trabajo.
5. Que la empresa pueda restringir la posibilidad de que el trabajador cree una agenda de clientes o que trabaje para otra empresa.
La Comisión Europea reconoce que estas plataformas producen innovación, flexibilidad y acceso al mercado laboral y que responden a una demanda de los consumidores. Pero cree que “la gente que trabaja a través de ellas debería beneficiarse de derechos laborales apropiados y protección social”.
Bruselas maneja datos que dicen que estas plataformas, de las que hay más de 500 activas en la Unión Europea, tuvieron en 2020 unos ingresos estimados en 20.000 millones de euros. Para ellas trabajan más de 28 millones de personas y dentro de tres años podrían ser 43 millones. De esos 28 millones de personas, la Comisión Europea estima que 5,5 millones son falsos autónomos que deberían ser considerados personal asalariado y que esta propuesta puede conseguir eso para hasta 4,1 millones.
Esos mismos datos aseguran que el 55% de los trabajadores de estas plataformas ingresan por debajo del salario mínimo equivalente (ponderando por horas trabajadas) y que un empleado medio consume 8,9 horas a la semana haciendo trabajos no pagados, como esperar por encargos y 12,6 horas haciendo trabajos pagados.
La Comisión propone que esos asalariados que ahora son considerados falsos autónomos tengan siete tipos de derechos que ahora no tienen:
1. Días libres y vacaciones garantizados y pagados.
2. Un sueldo (por hora) que equivalga al menos al sueldo mínimo nacional.
3. Políticas de seguridad y salud empresariales.
4. Derecho a cobrar el paro y su sueldo durante sus bajas laborales por enfermedad.
5. Derecho a baja de maternidad y paternidad pagada.
6. Cotización para sus futuras pensiones de jubilación.
7. Seguro de accidentes laborales.
La Comisión Europea quiere también meter mano a los algoritmos con los que funcionan estas plataformas. Quiere que sean claros en la forma en que encargan trabajos y deciden precios, que tengan supervisión humana sobre todo para controlar cómo sus decisiones afectan a las condiciones de trabajo y que sus decisiones puedan ser recurridas. También que los trabajadores puedan tener acceso a representación sindical y negociación colectiva.
El Ejecutivo europeo tiene ya el apoyo del Parlamento Europeo. El pasado 16 de septiembre, en una resolución previa, una amplia mayoría (524 eurodiputados, entre ellos todos los españoles excepto los de VOX) apoyaron que los trabajadores de este tipo de empresas tengan los mismos derechos laborales que cualquier asalariado.
La resolución pidió que esos trabajadores tuvieran el mismo nivel de protección social y laboral y mejores condiciones laborales que en la actualidad, así como “acceso a representación sindical, clarificación de su estatus laboral y uso de un algoritmo ético”. La ponente de la resolución, la liberal francesa Sylvie Brunet, dijo que estaba “a favor de lo digital, pero no a expensas de los derechos de los trabajadores”.
La resolución del Parlamento Europeo pedía además que estos trabajadores tengan un seguro de accidentes a cargo de la empresa, que esta cotice por ellos a la seguridad social como por cualquier asalariado, que sea responsable de medidas de seguridad y salud en el trabajo y que acepten que los trabajadores se organicen en sindicatos para negociar sus condiciones laborales y salariales. Y que no vuelvan a ocurrir casos como el falso autónomo de Uber en Bruselas que recibió de la empresa 67,64 euros por no haber podido trabajar durante 11 días porque su esposa había dado positivo por covid.
Las empresas afectadas llevan tiempo haciendo lobby para frustrar el plan de la Comisión Europea. Los mismos datos de la Comisión prevén que esta nueva normativa les obligue a gastar 4.500 millones más cada año. Aseguran que si el plan de Bruselas llega a aplicarse generaría importantes pérdidas de empleo.
Ponen como ejemplo la ley rider española que forzó que Deliveroo se retirara del mercado español. Fuentes comunitarias comentaban a NIUS este miércoles que si la retirada de una empresa de un país sigue siendo una posibilidad no ven cómo una empresa de este tamaño se podría retirar de todo el mercado europeo, el mayor del mundo por nivel adquisitivo y población.
Bruselas sabe que o legisla para todo el bloque o leyes como la española irán surgiendo como champiñones. O decisiones judiciales. El Tribunal Superior de Milán obligó en febrero a Uber Eats, Deliveroo, Glovo y Just Eat a pagar una multa de 733 millones de euros y a regularizar a 60.000 falsos autónomos. La ciudad de Bruselas legisló para regular la actividad de Uber –la empresa suspendió el servicio- pero sus tribunales permiten que Deliveroo mantenga como falsos autónomos a sus empleados. Bruselas cree que es hora de armonizar.