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La transformación económica que necesita la Unión Europea para cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones contaminantes hasta eliminarlas en 2050 se asienta en una larga lista de medidas que la Comisión Europea ha planteado este miércoles, una estrategia que llama ‘Fit for 55’, un juego de palabras en inglés que podría traducirse como ‘preparados para el 55’ en referencia a que en 2030 la Unión Europea debe haber reducido un 55% sus emisiones contaminantes con respecto a 1990.
El documento que Bruselas ha dado a conocer tendrá cientos de páginas y su cumplimiento supondrá la mayor transformación en décadas, tal vez siglos, en la forma en que la población europea vive, trabaja o se mueve. Pasar de las musas de las promesas a los hechos de las medidas aplicables en el día a día. El paquete incluye más de una decena de reformas legislativas y nuevas normas. Los gobiernos están intentando meter mano hasta el último momento porque las medidas afectarán profundamente a sus industrias. La Comisión ha ido filtrando gran parte del paquete en los últimos días.
Bruselas no pretende prohibir directamente los coches con motores de combustión pero sí hacerlos prácticamente imposibles de fabricar. La Comisión propone que en 2030 los nuevos coches emitan entre un 60% y un 90% menos de gases contaminantes y que en 2035 no se venda ningún coche o furgoneta que emita esos gases. A cambio fomentará los eléctricos y los de hidrógeno. El plan incluye la construcción de al menos tres millones de surtidores eléctricos de acceso público para 2030.
El keroseno de aviación es cinco veces más barato que sus alternativas menos contaminantes. Bruselas propone que en 2050 en más del 60% de los vuelos europeos los aviones usen esas alternativas, por lo que se encarecerán los vuelos. La Comisión Europea reconoce que su idea es, como la ya aprobada por el Gobierno francés, hacer lo menos atractivos posible los vuelos de corta duración y a cambio fomentar el uso del tren. Frans Timmermans, vicepresidente comunitario y hombre al mando de toda la política climática, llegó a decir que no le parece mal un vuelo al año a Mallorca, pero que no entendía que a día de hoy haya vuelos tan cortos como un Bruselas-Amsterdam, trayecto que en tren se hace en dos horas.
El precio de los derechos de emisión –que actualmente se aplican a unas 10.000 empresas en Europa- aumentará y en ese mercado entrará el transporte marítimo, hasta ahora exento. Bruselas duda si incluir en ese mercado de emisiones a los edificios y al tráfico rodado pero entiende que “el reparto de la carga” de la reducción de emisiones debe hacerse equitativamente entre sectores: agricultura, transporte, construcción o basuras.
Bruselas no entra a decirle a cada Gobierno cómo debe generar energía. Pero sí les impone un porcentaje mínimo de renovables, que pasa del actual 19,7% del total (son datos de 2019) al 40% en 2030. Cada capital será responsable de decidir qué peso tienen en su mix energético los diferentes tipos de energías renovables. No como renovable pero sí como “neutral para el clima” podrán sumar a la nuclear. Muy pocos gobiernos en la Unión Europea –algunos en el este- tienen planes para aumentar el peso de la nuclear en su mix energético. La mayoría aboga por ir reduciéndolo.
Bruselas quiere que las empresas europeas no compitan con una mano atada a la espalda. Así, las empresas europeas que producen por ejemplo acero, cemento, abonos agrícolas o aluminio verán cómo sus competidoras no europeas y que disfruten en sus países de obligaciones medioambientales menores tendrán que pagar una tasa en frontera, una especie de arancel.
El plan incluye medidas para evitar una “fuga de CO2”, la forma que tienen los expertos en llamar a un fenómeno temido, que las empresas europeas más contaminantes y que pueden desplazar su producción (por ejemplo aceros, cemento o aluminio) se trasladen a países cercanos que tengan acuerdos comerciales con la Unión Europea pero que sean menos estrictos en sus normativas medioambientales. Se mira a lugares como Ucrania o los Balcanes.
La mayor parte de Europa ve los impuestos como una herramienta económica con finalidad social. Y entiende que unas veces deben bajar y otras subir. La Comisión Europea propone en este paquete que se cambie la fiscalidad del petróleo, el gas, la gasolina, el diésel o la electricidad. La fiscalidad actual en Europa favorece a los combustibles fósiles, según entiende la Comisión.
Bruselas quiere que el sector agropecuario trabaje de forma neutral para el clima. Así, exigirá que agricultores y silvicultores hagan que plantas y árboles absorban cada tonelada de gases emitidos por el ganado. Y hace un cálculo sencillo: por cada vaca que emita metano el productor deberá tener tres árboles capaces de absorber esas emisiones.
La Comisión quiere un objetivo vinculante de ahorro energético en construcción y aislamiento de viviendas, que las casas sean más eficientes energéticamente y consuman menos calefacción y aire acondicionado, lo que llama ‘edificios neutrales para el clima’. En 2030 deberían ser así al menos el 32,5% de los edificios europeos.
Bruselas propone y gobiernos y eurodiputados disponen. El paquete pasa ahora al proceso negociador con los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Habrá que negociar nuevas normas y reformar algunas ya en vigor. El calendario más optimista sería el de su aprobación en entre 12 y 18 meses y su aplicación nacional como muy tarde en 2024. Bruselas acelerará en todo lo que es de su plena competencia para hacer que algunas medidas entren en vigor lo antes posible.