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El colapso demográfico tiene unas dimensiones históricas. El año pasado nacieron en Italia poco más de 400.000 niños, la cifra más baja desde el surgimiento de la nación, en 1861. Mientras, el número de fallecidos ascendió a casi 750.000 personas, el mayor registro desde la Segunda Guerra Mundial. La covid, que ya se ha cobrado en este país 118.000 vidas, ha acentuado una tendencia marcada por una baja natalidad y una alta mortalidad. Italia es un país de ancianos. El saldo natural, la diferencia entre nacimientos y decesos, no era tan negativo desde la llamada “gripe española” de 1918. Es como si el año pasado hubieran desaparecido las poblaciones de Almería y Santander juntas.
Los sucesivos gobiernos llevan años intentando revertir este fenómeno con escaso éxito. Las políticas para favorecer la natalidad no han dado sus frutos. Sólo Malta registra en la UE un número más bajo de hijos por pareja que Italia y España, con menos de 1,3. Por eso, el Ejecutivo de Mario Draghi, nada más llegar al poder, ha aprobado una nueva ley que aspira a convertirse en un último intento. El primer ministro ha calculado que cada familia podrá percibir hasta 250 euros mensuales por cada hijo menor de edad. En caso de que sigan estudiando o estén desempleados, la prestación se extiende hasta los 21 años.
La ayuda comenzará a repartirse el próximo julio y la recibirán ya las mujeres que se encuentren en el séptimo mes de embarazo. Tiene una cuota fija, que la hace universal, y otra variable, en función de la renta de las familias. El dinero será ingresado directamente en la cuenta de los ciudadanos o se descontará si éste tiene alguna deuda con el Estado, como el pago de impuestos. En caso de que los hijos presenten alguna minusvalía, la prestación aumenta entre un 30% y un 50%.
No se trata, en cualquier caso, de un aluvión de dinero. La ley, que ya ha sido aprobada en el Parlamento, tiene sus trucos. Lo que ha hecho el Ejecutivo es eliminar una serie de deducciones fiscales ya existentes o ayudas, como las destinadas a familias numerosas, para sustituirlas por una sola prestación. La medida ha sido bautizada como “asignación única”. Una de las grandes novedades que introduce es que los beneficiarios pueden ser también trabajadores autónomos o desempleados, ya que antes las bonificaciones estaban destinadas principalmente a asalariados. Tal y como se ha modificado, podrán acogerse a las ayudas 7,6 millones de familias, un 27% del total de la población.
La asociación Alleanza per la Infanzia ha elaborado un informe, junto a otras entidades, que revela que es casi imposible llegar a esos 250 euros que mencionó Draghi. La media se situaría más bien en unos 167 euros mensuales por familia. “Lo más importante es que se supera la situación actual en la que unos se beneficiaban, otros no, y el procedimiento para acceder a las ayudas era tan farragoso que nadie lo entendía. Es positivo que se faciliten recursos para quienes quieran tener hijos”, señala al teléfono Chiara Saraceno, portavoz de Alleanza per la Infanzia.
Con las anteriores ayudas que ha eliminado, el Gobierno obtiene unos 15.000 millones de euros, a los que añade en este ejercicio otros 3.500 millones desde julio. El año próximo, ya completo, la suma adicional será de 6.500 millones. Es decir, el presupuesto total será de 21.500 millones, lo que supone un incremento de las prestaciones del 40%.
Para otros grupos, como Forum delle Famiglie, se trata de una “reforma importante, pero que necesita más recursos”. El presidente de la asociación, Gigi De Palo, afirma a NIUS que “es el momento de realizar una política ambiciosa, ya que la UE está dispuesta a gastar”. Según sus cálculos, “una gran cantidad de familias va a percibir casi lo mismo, el incremento va a ser mínimo y habrá casos en los que se reciba menos que antes, lo que ya es el colmo”. “Italia tiene una tasa de natalidad 0, por lo que no basta con mejorar un poco la situación, sino que hay que acometer reformas muy potentes para cambiar la tendencia”, añade.
La tasa de natalidad, el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes, de Italia es la menor de toda la UE. El país transalpino registra 7 hijos por cada 1.000, por los 7,6 de España o los 7,8 de Grecia. Precisamente estos tres países del sur de Europa han sido la principal puerta de entrada de migrantes por el Mediterráneo. Otros, como Alemania, interpretaron que los refugiados podían ser una fuerza de trabajo fundamental para pagar las pensiones. En Italia la extrema derecha, que no ha parado de crecer en los últimos años, ha centrado su discurso en condenar la inmigración irregular, al tiempo que reclamaba políticas para incentivar la natalidad.