{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
En 2021 se cumplen 40 años de la aparición de la “Ley Transexual” en Alemania, un texto que aguanta, de momento, pese a las críticas del movimiento trans germano y las repetidas enmiendas realizadas a instancias del Tribunal Constitucional.
Ley trans alemana vio la luz cuando el país lo gobernaba el socialdemócrata Helmut Schmidt, predecesor de Helmut Kohl, Gerhard Schröder y Angela Merkel. El texto establece que, para una reasignación de género, la persona que la solicite, debe, entre otras cosas, demostrar que lleva más de tres años no identificándose con el género que se le asignó al nacer.
El proceso para la reasignación presenta no pocas exigencias, al menos si se compara ese texto de 1981 con el borrador de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans de España, un texto que ha levantado alguna ceja en el debate público alemán. “¿Sexo elegible libremente?”, se preguntaba en titulares recientemente el diario conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung a cuenta del discutido borrador salido del Ministerio de de Igualdad español.
Menos interrogantes parece generar en el debate público alemán que la ley del canciller Schmidt sobre transexualidad pueda haber caducado cuatro décadas después de su aprobación. Desde el colectivo de transexuales sí reprochan a ese texto haber envejecido mal.
“En Alemania hay mucho margen de mejora en lo que respecta a las personas trans”, dice a NIUS Kalle Hümpfner, de la Asociación Federal Trans de Alemania, una de las principales organizaciones de representación de este colectivo. “Las reglas para los cambios de género en los documentos oficiales son muy antiguos, tienen cuarenta años y cualquiera se puede imaginar cuánto ha cambiado la sociedad en las últimas cuatro décadas”, abunda Hümpfner.
Según la ley vigente, para poder optar a una reasignación de género, es preciso demostrar que se lleva viviendo al menos tres años identificándose con un género diferente al asignado al nacer. Para llevar a cabo esa reasignación es preciso también superar un proceso que obliga a pasar por los juzgados y en el que la persona trans interesada ha de presentar dos informes.
Esos informes pueden realizarlos personas especializadas e independientes a propuesta del interesado – ya sean psicólogos o personas con experiencia de trabajo con el colectivo trans –, aunque también pueden llevarse a cabo a iniciativa del propio juzgado. Esto último ocurre en contadas ocasiones, según reconocen en la Asociación Federal Trans de Alemania.
También en contadas ocasiones se niega la reasignación del sexo, según indican en el portal de información “sobre los estilos de vida” y la “diversidad de género” al que dirigen desde el Ministerio para la Familia, los Mayores, las Mujeres y los Jóvenes. Esa cartera en manos de la socialdemócrata Franziska Giffey.
“Menos del cinco por ciento de las solicitudes son denegadas”, se lee en ese portal informativo. En caso de que haya una respuesta negativa del juzgado ante la solicitud de reasignación de género, se puede presentar un recurso o una nueva solicitud.
En 2019, el Ministerio de Justicia contó 2.600 casos de reasignación de género. La tendencia del país va claramente al alza. En 1991 el número de procesos registrados en dicho ministerio era de 265. Desde la Reunificación, 20.120 personas han cambiado de género en Alemania.
"De acuerdo con estudios científicos actuales, entre el 0,5% y el 1% de la población se identifica como trans. La tendencia está creciendo porque cada vez más hay más conocimiento sobre la transexualidad y porque debido a la creciente aceptación cada vez hay más gente dispuesta a hablar de esto con su familia", señalan desde la Asociación Federal Trans de Alemania.
Para los menores, la ley alemana no fija un límite de edad. Cuando un menor quiere cambiar de sexo pueden iniciar el proceso legal sus padres o tutores.
Entre cinco meses y dos años suele durar el proceso de reasignación de género en Alemania, según las cuentas que ofrece el portal de información del Gobierno alemán. Los costes del mismo rondan, de media, los 2.000 euros, un montante que se explica por lo costosos que pueden llegar a ser los informes y las evaluaciones a las que la persona interesada en el cambio de género debe someterse.
Este aspecto de la ley es algo que critican las asociaciones del colectivo trans porque, entre otras cosas, implica suponer que “una persona externa al interesado en la reasignación de genero conoce mejor quién es esa persona”, según los términos de Hümpfner. “Nosotros decimos 'no' a esta lógica. Nosotros defendemos que nadie conoce mejor quién soy yo que yo mismo”, sostiene Hümpfner.
Barreras aún más difíciles de superar se presentan a las personas trans interesadas en realizar una cirugía de cambio de sexo.
Los seguros médicos obligatorios - públicos o privados - del sistema de sanitario alemán, en última instancia los responsables de asumir los costes de una operación así, pueden llegar a exigir en los trámites previos la operación que la persona viva un año asumiendo el género al que quiere cambiar. Esta disposición, un “test diario para la persona”, según Hümpfner, es algo que también critican desde colectivo trans.
En organizaciones como la Asociación Federal Trans de Alemania se defiende que leyes que contemplan la libre autodeterminación de género – como la propuesta en España o las ya aprobadas en países como Argentina, Dinamarca, Noruega, o Malta – son mejores que el texto aún vigente en suelo alemán.
“Ya son nueve los países que tienen leyes para el cambio de género legal basadas en la autodeterminación, que no exigen ni diagnóstico ni requisito médico, y si España se suma serían el número diez”, plantea a NIUS Leo Mulio, de Transgener Europe, una organización de apoyo a los derechos de las personas trans.
Para él, la situación de Alemania es la de un país que va “por detrás de España” en materia de legislación sobre la transexualidad.
El texto de Alemania, en cualquier caso, se mantiene en aplicación pese a que en más de una ocasión ha sido llevado ante el Tribunal Constitucional por no respetar derechos fundamentales de las personas trans.
Así, en 2011 se consideró anticonstitucional la parte del articulado de la ley de 1981 que establecía que la persona que se sometía a una reasignación de género debía ser estéril. Dos años antes, ese mismo tribunal acabó con la condición que establecía que, antes de la reasignación del género, la persona interesada debía divorciarse de su pareja.
“Esos son dos ejemplos de cómo atacaba el texto [de 1981, ndlr.] al colectivo. Nosotros agradecemos mucho estos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, pero políticamente, desde el Gobierno, no hemos visto una propuesta de ley con la que se busque reaccionar”, señala Hümpfner.
Desde la oposición, el FDP, el partido de los liberales alemanes, y la formación ecologista de Los Verdes han promovido en vano recientes propuestas para cambiar la ley de 1981. Ambos partidos, que suman 80 y 67 diputados en el Bundestag respectivamente, no han tenido éxito con esas tentativas.
A cuenta de los debates parlamentarios que ha causado esta cuestión, ya se han escuchado en el Bundestag críticas a la tentativa de Los Verdes de que cada uno se "atribuya el sexo que uno quiera", según los términos de Beatrix von Storch, voz prominente de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), la formación con más peso de la oposición.
También desde el feminismo siguen los debates que genera la legislación trans. Por ejemplo, en Terre de Femmes, una conocida organización feminista, ya han marcado distancias con "posiciones extremas" que quieren negar a las "mujeres" y el "ser mujer" y "con ello borrar el concepto de 'género' o incluso el de mujer".
Pese a esas iniciativas de Los Verdes y los Liberales, y el paso del tiempo, la 'gran coalición' de socialdemócratas y conservadores que lidera Merkel no se ha ocupado de desempolvar la ley trans de Helmut Schmidt. Esto, pese a que en el mismo Ejecutivo reconocen que la ley necesita una reforma.
Así, el Ministerio de Justicia, en manos de la socialdemócrata Christine Lambrecht, y el Ministerio del Interior, controlado por el conservador Horst Seehofer, han preparado un texto que debiera servir para reformar la ley. Pero “la votación en el Gobierno sobre ese borrador aún no ha tenido lugar”, reconocen a NIUS desde el Ministerio de Justicia germano.