El Ministro de Sanidad británico acorralado por los contratos secretos firmados durante la pandemia

"Hay muchas ocasiones en las que el Gobierno actúa de forma ilegal". La frase, por extraordinaria que parezca, la ha pronunciado el Ministro de Justicia británico, Robert Buckland. La razón: defender a su colega de Sanidad, Matt Hancock, después de que un juez dictaminase que había quebrantado la ley por no publicar los contratos multimillonarios firmados durante la pandemia.

La sentencia deja clara la falta de transparencia sobre cómo el Ejecutivo de Boris Johnson "ha gastado vastas cantidades de dinero del contribuyente".

A pesar de ello, Hancock se ha negado a pedir perdón y ha dicho que volvería a actuar de la misma forma porque quería "salvar vidas". Su ministerio "ha trabajado incansablemente" para entregar el material de protección para los sanitarios. "Eso a menudo significó tener que conceder contratos con rapidez para conseguir suministros".

Este caso ha llegado ante la Justicia gracias a de 'Good Law Project', una organización sin ánimo de lucro que "utiliza la ley para proteger los intereses del público". Se financia con donaciones regulares de los ciudadanos y con campañas de crowdfunding para casos judiciales específicos.

Su director es Jolyon Maugham, un conocido abogado y profesor de Derecho de la Universidad de Durham que, a pesar de esta última victoria, asegura que "todavía falta mucho para que el Gobierno ponga la casa en orden". Maugham se ha convertido en un azote del Ejecutivo conservador con su intento de sacar a la luz todos los detalles de los contratos concedidos por este relacionados con la COVID19.

"¿Qué tienen en común un lord conservador, un opaco fondo de inversión y una empresa de control de plagas?", se pregunta esta entidad que denuncia la adjudicación de algunos contratos sin anuncio oficial ni concurso público previos.

Entre los beneficiarios de los contratos hay desde consultoras muy conocidas a empresas sin ningún tipo de experiencia previa en la industria médica. Es el caso de Hinpack, que antes de la pandemia fabricaba vasos de plástico y envases para comida para llevar. Al frente de esta se encuentra Alex Bourne, que solía regentar un pub, y es amigo del Ministro de Sanidad. Según ha revelado 'The Guardian', la agencia reguladora de la Medicina del Reino Unido está investigando esta compañía, que ha recibido unos 35 millones de euros para producir tubos de ensayo.

"Salvaje Oeste"

La Oficina Nacional de Auditoría, el regulador del gasto en el Reino Unido, publicó el pasado noviembre un informe sobre contratos valorados en unos 20.000 millones de euros (unos 12.000 millones concedidos sin previo concurso público), la mayoría para suministro de material de protección para sanitarios. La desesperación por comprar mascarillas y otros productos esenciales llevó a que la prensa definiese el escenario como un "Salvaje Oeste" en el que lucrarse.

Uno de los más de 8.000 contratos contempló el pago de unos 24 millones de euros de las arcas públicas a un español, Gabriel González Andersson, por hacer de intermediario con la empresa de un diseñador de joyas de Estados Unidos para proporcionar guantes quirúrgicos y batas.

Otro acuerdo que llamó la atención de los investigadores es el firmado con la compañía Euthenia Investments, creada siete meses antes en Francia y gestionada por Sabia Mokeddem, de 23 años. Esta joven no solo se embolsó un millón de euros por conseguir 55.000 monos de protección, sino que le dieron más de la mitad del dinero por adelantado. Mokeddem explicó que hizo de intermediaria con una empresa de venta al por mayor de Hong Kong.

Un carril VIP

El Gobierno, que tampoco pidió perdón tras estas revelaciones, está siendo presionado ahora para que haga públicos los detalles sobre la creación del llamado "carril VIP", una manera de establecer acuerdos rápidos con personas conocidas por ministros, lores y diputados.

Uno de los contratos que más críticas ha recibido desde que se anunció el año pasado es el conocido como 'Test and Trace'. Y es que este proyecto se ejecuta con el sello de la Seguridad Social británica (NHS, en sus siglas en inglés) pero el Gobierno decidió dar la concesión de los tests y del rastreo a la empresa Serco, que ha sido muy cuestionada por flagrantes errores en la gestión de esta labor, clave para contener el virus. También ha sido polémico el coste -25.000 millones de euros- y la elección para liderar este proyecto de la baronesa Dido Harding, amiga del ex Primer Ministro, David Cameron, y esposa del diputado conservador John Penrose. Este político ha abogado por el reemplazo del actual sistema público de salud británico por uno basado en seguros médicos.

Amiguismo

Para el Partido Laborista la concesión de contratos durante la pandemia ha estado plagada de "falta de transparencia, despilfarro y favoritismo". Precisamente es cada vez más habitual leer en la prensa británica el termino cronyism, que se traduce al castellano como favoritismo, amiguismo, enchufismo o nepotismo. Solo algunos han osado llamarlo corrupción. De hecho, ya no es extraño encontrarse en redes sociales encendidos debates entre británicos sobre qué termino utilizar.

La empresaria que llevó al Gobierno británico a los tribunales por el Brexit, Ginna Miller, ha llegado a decir que "bajo Boris Johnson, la corrupción se está arraigando", mientras que el escritor y columnista de 'The Guardian', George Monbiot, concluye: "Si usted cree que el Reino Unido no es corrupto es que no se ha fijado con atención".