La retirada de Shell del Mar del Norte y el dilema británico sobre los combustibles fósiles

La petrolera anglo-holandesa Shell ha anunciado que se retira del controvertido proyecto Cambo de extracción de gas y petróleo en el Mar del Norte, convertido en caballo de batalla de los ecologistas. Esta decisión ha generado un fuerte debate político y social en el Reino Unido sobre si se debe seguir invirtiendo en combustibles fósiles. El yacimiento petrolero de Cambo se encuentra a 125 kilómetros mar adentro de la costa de las islas Shetland, en el norte de Escocia, en una de las zonas más ricas en fósiles del Mar del Norte y uno de las reservas más profundas descubiertas en el norte de Europa (está a 1.100 metros de profundidad).

La zona está operada la compañía energética Siccar Point, que lo descubrió en el año 2001. El yacimiento de Cambo tenía licencia del Gobierno desde hacía 20 años y estaba solo pendiente de la autorización final del regulador del petróleo y gas británico (OGA), que todavía no se ha pronunciado. Siccar tenía el 70% de las acciones del proyecto y Shell el 30%. Esperaban extraer 170 millones de barriles equivalentes de petróleo y 1.515 millones de metros cúbicos de gas a partir de principios de 2022 y durante los 25 años que, calculan, pueden durar las reservas.

El proyecto había provocado las quejas de grupos ecologistas. Greenpeace había amenazado al Gobierno con llevarlo a los tribunales por considerar que incumple los compromisos adquiridos para combatir el Cambio Climático. El Gobierno británico se había comprometido a no dar más licencias de explotación a no ser que se pruebe que el combustible fósil es necesario y que el impacto medioambiental será mínimo. En este caso, según los ecologistas, los 170 millones de barriles que se pretenden extraer equivalen a tener 16 minas de carbón funcionando durante un año entero.

Greenpeace ya llevó al Gobierno a los tribunales por haber dado la licencia de explotación a BP en el 2018 para la plataforma petrolífera de Vorlich, en la costa escocesa de Aberdeen. Lo denunciaron por errores en la consulta pública y por no considerar el impacto medioambiental por la quema de combustible fósil, aunque el permiso lo otorgó el regulador. El juez dio la razón la razón al Gobierno en una decisión que podría sentar precedentes.

Sin embargo, Shell no tuvo en cuenta estos precedentes. “Después de una revisión detallada del proyecto de Cambo, hemos concluido que el caso económico de inversión para este proyecto no es lo suficientemente sólido en estos momentos, además de existir un riesgo potencial de retrasos”, expuso Shell en el comunicado en el que anunciaba la retirada. Sin embargo, Shell dejaba claro que la inversión del Gobierno en petróleo y gas dentro del Reino Unido “sigue siendo fundamental para garantizar la seguridad energética del país”. Y es que el sector energético británico todavía depende en un 75% del gas y el petróleo.

El pasado verano, ante la presión de los ecologistas, ejecutivos de Siccar Point se reunieron con el ministro de Escocia de Johnson, David Duguid, quien dio su apoyo público al proyecto. Duguid dijo que, de no asegurar la autosuficiencia energética, se crearía más dependencia de otros países como Rusia. Varias fuentes gubernamentales anónimas se pronunciaron a favor de dar la licencia. Se apunta un cierto malestar por parte de Shell por la falta de apoyo del Gobierno británico, que se ha distanciado por la celebración de la Conferencia del Cambio Climático, Cop26, el mes pasado precisamente en Escocia, pese a haber apoyado el proyecto inicialmente.

Los ecologistas claman victoria, pero el caso no está cerrado. Siccar Point ha dicho que analizará el nuevo escenario. Jonathan Roger, el consejero delegado, en declaraciones a FT, ha asegurado que la compañía seguirá colaborando con el Gobierno para llevar a cabo el proyecto y ha avisado de las consecuencias de no llevarse a cabo el proyecto: “El Reino Unido corre el riesgo de dañar su economía y de incrementar las importaciones con un mayor impacto de carbono si no se llevan a cabo los nuevos proyectos”.

Altos cargos del Gobierno han advertido que, pese al compromiso del Gobierno de alcanzar las cero emisiones el 2050, todavía habrá dependencia del gas y petróleo durante décadas y que no puede cambiar la política energética de un plumazo. En estos momentos el 75% del consumo de energía británico depende de los hidrocarburos. El Reino Unido produce alrededor de un millón de barriles equivalentes de petróleo al día y consume 1,5 millones. Por tanto, tiene un déficit de medio millón de barriles.

Ed Miliband, el responsable de cambio climático de la oposición laborista, se congratuló por la decisión. También la ministra principal escocesa, la independentista Nicola Stugeon. Cambo se había convertido en una batalla entre el Gobierno de Londres y el de Edimburgo en el pulso que mantienen por la independencia de Escocia. Sturgeon se atribuyó la decisión de Shell como una victoria. En las postrimerías de la cumbre del Cambio Climático dijo que no se debería dar luz verde al proyecto. Stugeon gobierna en mayoría gracias al apoyo de los Verdes, que también son independentistas, y que les exigen ciertas contrapartidas.

La causa independentista del SNP se ha basado fuertemente en las reservas de petróleo del Mar del Norte, desde el eslogan “Es el petróleo de Escocia” de los años 70, hasta el libro blanco de la independencia publicado el 2014 antes de la consulta separatista en el cual vinculaban la independencia con la gestión del petróleo y del gas de su territorio y que ahora gestiona el Gobierno central. Más tarde se supo que sus previsiones fueron exageradas. Sturgeon ha cambiado el discurso en los últimos años. Ahora forman gobierno con los independentistas ecologistas, que exigían la paralización de Cambo. Los líderes sindicales escoceses han criticado a Sturgeon por no tener una estrategia energética clara ni un plan claro de transición. Le critican que el proyecto Cambo supondría la creación de un millar de puestos de trabajo.

La lucha entre ecologistas y petroleras y Gobierno se puede convertir en una constante en los próximos meses y años porque en estos momentos hay pendientes hasta 40 proyectos de extracción de hidrocarburos en suelo británico pendientes de aprobación final, según el ‘think tank’ New Economics Foundation y de la organización ecologista Friends of the Earth. Los más conocidos son el de Cambo y la mina de carbón de Cumbria, que sería la primera mina de carbón que se abre en el Reino Unido en más de 30 años. Pero hay otros 38. Todos ellos aprobados por el Gobierno británico, pese a su reciente distanciamiento por los compromisos impulsados y adquiridos en la Cop26, en la que se acordó precisamente este, el fin del carbón y los combustibles fósiles y la transición a la energía limpia. La Agencia Internacional de la Energía (IEA) sostiene que para mantener el objetivo mantener el calentamiento por debajo de los 1,5ºC implica no excava en más yacimientos fósiles.

La aprobación de estos 40 proyectos podría suponer 1.300 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmosfera, según el estudio de New Economics Foundation. Esto significa multiplicar por tres las emisiones actuales del Reino Unido. Además de mina de Surrey y de yacimiento de Cambo, también hay un campo de petróleo en Surrey, que también ha sido llevado a los tribunales. En total, están a punto de ser aprobados hasta treinta proyectos de extracción de petróleo y gas en alta mar, otros siete en tierra y hay también tres minas de carbón.

Además, el Gobierno de Johnson sigue apoyando proyectos de combustibles fósiles en el extranjero, incluida una enorme obra de extracción de gas en Mozambique a la que recientemente ha prometido 1.018 millones de euros. Se estima que este mastodóntico proyecto podría igualar durante su ciclo de vida las emisiones anuales de todo el continente africano. También ha sido llevado a los tribunales por Friends of the Earth. Ante las críticas, el Gobierno de Johnson se escuda alegando que se trata de un proyecto firmado por el gobierno anterior (también conservador) y que están obligados a cumplirlo contractualmente. “El Gobierno británico no puede seguir pidiendo a los otros países que reduzcan las emisiones sin hacerlo él primero”, dijo un portavoz de Friends of the Earth. Un dilema para el Gobierno de Johnson.