Según una experta consultada en 'Informativos Telecinco', "si no existe una norma válida en el momento del devengo, no se podría exigir el tributo en 2026". No obstante, también revela un matiz importante
El TSJ de Madrid tumba la tasa de basura: lo que hay que hacer si ya la has pagado
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) ha declarado nula la ordenanza que regulaba la tasa de basuras del Ayuntamiento al detectar defectos relevantes en su diseño y tramitación. La resolución señala falta de transparencia en la información facilitada a los ciudadanos y una memoria económico-financiera insuficiente para justificar el importe exigido.
En la práctica, esto implica que la norma queda invalidada desde su origen.
¿Por qué se ha anulado la tasa?
El tribunal considera que no se acreditó de forma adecuada cómo se calculaban los importes ni cómo se distribuían entre los contribuyentes. Además, durante el periodo de exposición pública no se facilitó toda la información necesaria para que ciudadanos y empresas pudieran analizar la medida.
Marta García, Head of Legal & Compliance de MVGM, compañía especializada en administración de propiedades, advierte que “la sentencia pone de relieve la importancia de garantizar el máximo rigor técnico y la transparencia en el diseño de figuras tributarias de esta relevancia”, explica. Y añade que "los procedimientos deben permitir una comprensión real por parte de los contribuyentes”.
Un problema que ya había generado miles de recursos
Antes de que se produjera la anulación, la tasa ya había acumulado un elevado volumen de quejas. Más de 130.000 recursos habían sido presentados por ciudadanos que cuestionaban el modelo aplicado.
El importe medio, cercano a los 140 euros anuales, ha sido uno de los principales focos de dicha crítica. Muchos contribuyentes consideran que no refleja su nivel real de generación de residuos.
En este sentido, García señala que "esto ha generado un caos administrativo con miles de reclamaciones incluso antes del fallo judicial”, dice. Añade además que “el sistema ha penalizado por igual a perfiles de consumo muy distintos, lo que ha incrementado la percepción de injusticia", apunta.
¿Se tiene que pagar la tasa en 2026?
Uno de los aspectos clave es que la sentencia no es firme. El Ayuntamiento dispone de plazo para recurrir ante el Tribunal Supremo, lo que mantiene abierta la situación jurídica.
Desde un punto de vista legal, la nulidad implica que la ordenanza es inválida desde su origen. Sin embargo, sus efectos prácticos dependen de si la resolución se consolida o no. García aclara que “si en el momento en que debería generarse la obligación de pago no existe una ordenanza válida, el Ayuntamiento no puede exigir la tasa en 2026”, explica. No obstante, matiza que “todo dependerá de si el Ayuntamiento aprueba a tiempo una nueva ordenanza conforme a derecho”, dice. Es decir, una ordenanza sin errores que permitan tumbarla en los tribunales.
Qué pueden hacer los contribuyentes ahora
En el corto plazo, no se prevé una devolución automática de los importes ya abonados. Aun así, los ciudadanos pueden iniciar procedimientos administrativos para proteger su derecho a futuras reclamaciones.
La experta advierte que “este tipo de situaciones puede generar un incremento de la litigiosidad y complicaciones en la gestión administrativa", apunta. Por ello, recomienda conservar justificantes de pago y estar atentos a posibles cambios normativos.
Cómo debería diseñarse la nueva tasa
La legislación obliga a que la financiación del servicio de residuos esté vinculada al coste real, tanto directo como indirecto. Además, debe respetar principios como la proporcionalidad y la capacidad económica.
En este contexto, un modelo mixto parece el más adecuado. La experta sostiene que “lo más sólido es combinar una parte fija con otra variable en función del uso o generación de residuos”.
También insiste en la necesidad de reforzar la base técnica de la norma. "Es imprescindible contar con una memoria económico-financiera rigurosa, transparente y plenamente accesible”, dice, subrayando que esta ha sido una de las claves de la anulación.
Un aviso sobre la seguridad jurídica
La decisión judicial pone sobre la mesa la importancia de diseñar correctamente estas figuras tributarias desde el inicio. Errores en la tramitación pueden derivar en la nulidad completa de la norma y generar incertidumbre tanto para la administración como para los contribuyentes.
García concluye que “el reto es garantizar una regulación sólida que evite configuraciones arbitrarias y refuerce la confianza en el sistema”, apunta.