Los profesionales del sector exigen al Gobierno que modifique el Real Decreto que controla la dispensación de antibióticos
Veterinarios, angustiados por el nuevo Real Decreto sobre los antibióticos: "Las mascotas pueden morir"
Los veterinarios españoles han vuelto a manifestarse en contra del Real Decreto 666/2023, cuyo objetivo principal es regular las actividades relacionadas con los medicamentos veterinarios, como la distribución, dispensación, elaboración de autovacunas, fórmulas magistrales y preparados oficinales, prescripción y uso por los profesionales veterinarios, uso y gestión por los titulares o responsables de los animales, uso racional de los medicamentos veterinarios y venta de fármacos no sujetos a prescripción.
El control que el Gobierno ejerce con esta nueva normativa, que no permite a los profesionales administrar blisters ni antibióticos tipo B, hasta que no se hayan probado, durante los días necesarios, los de tipo C y D, preocupa profundamente a los veterinarios, que creen que la falta de inmediatez en los tratamientos adecuados puede poner en peligro la vida de los animales. Las multas que se imponen a estos sanitarios, además, han generado un "gran miedo entre la comunidad" - podrían llegar a recibir una sanción de más de un millón de euros - , que les cohíbe de ejercer sus funciones con plenitud, tal y como advirtió en Informativos Telecinco web Manuel Lázaro, vocal del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid.
"No se ha presentado ningún texto alternativo"
Por ello, veterinarios de toda España han llevado a cabo una cacerolada ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPARA) para exigir una vez más la derogación del Real Decreto y reclamar una normativa adaptada al Reglamento Europeo "y a la realidad sanitaria del sector". Al mismo tiempo, demandan que el Gobierno flexibilice la prescripción y la interpretación de las normas, que reconozca el criterio científico y profesional del veterinario, que contemple el derecho de los profesionales da tratar a los animales de forma "completa y eficaz" y que "cumpla con el mandato parlamentario de diálogo real con el gremio".
Frente a las puertas del Ministerio, los profesionales han tocado pitos y tambores para que se les escuche y se tomen las decisiones pertinentes: "Han pasado casi seis meses desde que el Parlamento instó al Ministerio de Agricultura a abrir un proceso de diálogo con el sector veterinario. Sin embargo, a día de hoy, no se ha presentado ningún texto alternativo ni se han concretado avances reales", han lamentado, tras varias manifestaciones sin resultado, que les hacen pensar en la huelga general.
Como representante del sector, Manuel Lázaro instó a todos sus integrantes a que se unan en contra de esta ley impuesta por el Gobierno: "Además de los veterinarios clínicos de animales de compañía, están los compañeros que atienden a los animales, los productores de alimentos, los que hacen las documentaciones para que puedan transportarse los animales, aquellos que inspeccionan los establecimientos alimentarios (tiendas y mercados), quienes trabajan en mataderos; y, si todos se pusieran de acuerdo, las consecuencias de una huelga general serían enormes", advirtió también en su entrevista.