La DGT descubre la 'estafa del abuelo' y advierte sobre multas y penas de prisión
La Dirección General de Tráfico advierte de un incremento de las multas de velocidad que identifican a un mayor como el supuesto responsable, para que pierdan ellos los puntos.
El titular del vehículo tiene la obligación de identificar correctamente al conductor infractor, pudiendo arriesgarse hasta a penas de cárcel si miente en dicho reconocimiento.
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Teniendo en cuenta que el exceso de velocidad todavía es una de las principales causas de siniestralidad en España, estando presente en el 24% de los siniestros mortales en vías interurbanas y el 21% en general, la Dirección General de Tráfico incrementa frecuentemente el número de controles de velocidad, hasta el punto de que, en 2023, último año con datos completos, el total de denuncias de la DGT por velocidad inadecuada fue de 3,3 millones. No todos los conductores quieren asumir las consecuencias de sus actos, y es por eso que recurren a la 'estafa del abuelo', pero la DGT es consciente de esta triquiñuela.
En qué consiste la estafa del abuelo
La llamada 'estafa del abuelo' sucede cuando alguien comete una infracción de tráfico que conlleva pérdida de puntos y necesita de identificar al conductor que ha cometido la misma, principalmente sucede con las multas de exceso de velocidad, ya que hay una prueba fotográfica, pero no se identifica automáticamente al conductor que en ese momento iba pasado de kilómetros por hora. Para tratar de ahorrarse los puntos, algunos conductores recurren a la picaresca de identificar como culpable a algún familiar, principalmente personas de bastante edad y que probablemente ya ni conduzcan o lo hagan ocasionalmente, por lo que perder puntos tampoco les afecta en demasía.
Por supuesto, las autoridades de tráfico no se chupan el dedo y son conscientes de que no puede haber tantos abuelos saltándose radares u otras normas de tráfico. Hay que recordar que cada conductor tiene un saldo original de 12 puntos (8 en conductores noveles) que se puede ampliar hasta los 15. Teniendo en cuenta que según el tipo de infracción se pueden perder hasta 6 puntos con cada una, este truco convertido en estafa por el abuso que supone, permite que se pueda intentar culpar a un anciano inocente en varias ocasiones, sea o no con la connivencia del afectado.
En esencia, es una variante de la triquiñuela que existe con el carnet por puntos desde que fuera implementado en 2006, bajo el mandato de José Luis Rodríguez-Zapatero como presidente del Gobierno y Pere Navarro, actual director general de Tráfico, en ese mismo cargo en su primera etapa entre 2004 y 2012. Hay una especie de mercado negro de los puntos del carnet de conducir en el que algunas personas venden sus puntos, lo que viene a significar que asumirán la culpa de una sanción a cambio de una compensación económica por parte del verdadero infractor.
La multa final puede triplicar el importe de la original
La picaresca puede funcionar, pero el riesgo a que se descubra el pastel es mucho mayor de lo que hubiera supuesto asumir la multa. El Código Penal considera que proporcionar datos falsos a la Administración para por ejemplo evitar la retirada de puntos es considerado un delito de falsedad documental. Según este supuesto, puede conllevar multas de entre 6.000 y 12.000 euros y penas de cárcel de tres a seis meses.
Además, las propias leyes de tráfico también recogen la obligación de identificar correctamente al conductor, responsabilidad que recae en el titular del vehículo sancionado. Así lo recoge el Artículo 11.a) de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial: “El titular de un vehículo tiene las siguientes obligaciones: facilitar a la Administración la identificación del conductor del vehículo en el momento de cometerse una infracción. Los datos facilitados deben incluir el número del permiso o licencia de conducción que permita la identificación en el Registro de Conductores e Infractores del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico”.
En caso de no cumplir con dicha obligación, o que se descubra que ha habido una falsedad en la identificación, algo que puede suceder si la DGT inicia una investigación, el importe final puede triplicar la cuantía original de la multa. Pongamos el ejemplo de que la sanción por exceso de velocidad era del máximo importe posible, que actualmente está fijado en 600 euros para por ejemplo aquellos que circulen a 191 o más kilómetros por hora por autopistas y autovías donde el límite es de 120 km/h o a más de 121 km/h en poblado. En ese caso, el total ascendería hasta los 1.800 euros, la retirada de los puntos a quien realmente corresponde y la posibilidad de pasar a ser juzgado por la falsedad documental.
La DGT, consciente de que esta práctica ilegal se ha vuelto demasiado frecuente, ha incrementado el número de inspecciones en casos dudosos que generalmente implican reincidencia del abuelo acusado de la infracción de un vehículo que no suele ser ni suyo. Casualmente siempre es cazado usando el coche del nieto. Cuando un conductor de cierta edad es sospechoso al acumular una frecuencia inusual de multas por velocidad anómala, se activa una alerta en los sistemas informáticos de la DGT, permitiendo identificar rápidamente y con mayor precisión a los verdaderos infractores, consiguiendo reducir drásticamente su eficacia como método para esquivar sanciones.