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La mayor parte de los máximos responsables del sector público en la Comunidad de Madrid y la de Valencia no reúnen, de media, unos "requisitos mínimos de mérito y capacidad" para el cargo, según un estudio que abarca 43 entidades de ambas comunidades.
El estudio, al que han llamado, El Dedómetro, concluye que el 60 % de los máximos responsables de empresas públicas de estas dos comunidades, con sueldos de hasta 220.000 euros anuales, "suspenden en mérito y capacidad para dirigir las entidades", "acceden al puesto por haber desarrollado una carrera política", según la Fundación Hay Derecho.
El estudio realizado por la entidad independiente que investiga el funcionamiento de las instituciones, se propuso averiguar si quiénes dirigen las empresas públicas, gestores de servicios claves como el agua, el transporte o las televisiones públicasreúnen los requisitos constitucionales "mérito y capacidad" para acceder a la función pública o "se trata de amiguismo e intercambio de favores políticos".
La entidad ha recopilado y analizado datos públicos de los máximos responsables de entidades públicas de la Comunidad de Madrid durante la última década (gobernada por el PP todo ese tiempo) y de la Comunidad Valenciana (gobernada por el PSOE los últimos ocho años).
Las conclusiones de lo que han denominado el "Dedómetro", no valoran "el mejor o peor desempeño" de los directivos, sino su "idoneidad" para el cargo, teniendo en cuenta su formación y experiencia. Y en ese sentido, los resultados revelan que "el sector público autonómico tiene un amplio margen de mejora, en la medida en que los máximos responsables de las 43 entidades públicas no reúnen, de media, unos requisitos mínimos de mérito y capacidad".
Los resultados no presentan diferencias "significativas" entre ambas comunidades, a pesar del diferente signo político, según el estudio realizado en 2020 .
"Los datos agregados no muestran una mejora significativa y consistente" de la situación a lo largo del tiempo, aunque "las entidades parecen estar escogiendo cada vez más a directivos más formados y con menores conexiones políticas", algo que el informe indica que "parece apuntar" a la existencia en distintos periodos de esos 10 años de coaliciones y gobiernos con apoyos externos, que "favorecen una mayor profesionalización de los directivos".
En materia de transparencia, la principal conclusión es que solo seis de las 43 entidades, el 14 %, cumple con todos los preceptos de la normativa de transparencia autonómica.
El informe señala varios casos concretos, entre ellos Madrid Activa, con "solo tres empleados, pero máximos responsables con mucha experiencia política y sueldos de 88.000 euros", o el Aeropuerto de Castellón, con "un licenciado en Geografía e Historia y una empresaria sin experiencia en aeropuertos para gestionar y limpiar la imagen del que fue uno de los mayores ejemplos de corrupción".
También presenta dos entidades que merecen ser destacadas por sus buenas prácticas: las agencias valencianas de la Innovación y de Prevención y Lucha contra el Fraude, que obtienen una puntuación "adecuada" en el indicador de mérito y capacidad y la "máxima" nota en transparencia.
Entre las recomendaciones del informe figura "establecer procesos de selección transparentes, abiertos, competitivos y meritocráticos para la selección de los directivos". E