Ana Ayuso 04 JUN 2025 - 06:40h.

Cerca de un 97% de los habitantes de ciudades europeas respiran aire contaminado cada día. En el continente, esos contaminantes atmosféricos causan y agravan enfermedades existentes, como el asma o afecciones cardiovasculares, cardiovasculares, lo que provoca 300.000 muertes prematuras al año. Un total de 25.000 de ellas ocurren en España, por lo que cerca de 70 personas al día fallecen antes de tiempo en nuestro país por este factor. 

“La contaminación atmosférica es la mayor amenaza ambiental para nuestra salud”, incide en una entrevista telefónica con la web de Informativos Telecinco Vanessa López, directora de Salud por Derecho, una fundación sin ánimo de lucro que defiende el hecho de que todas las personas, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la salud. Esta experta refleja que la ciudadanía continúa sin ser consciente de esta situación, que se agrava con las emisiones de “la industria, el sector agrícola y ganadero, el tráfico aéreo y en barco y con el consumo de energía de los hogares”, pero también con el tráfico rodado. 

Para paliar este último aspecto, la Ley de Cambio Climático obliga a los 151 municipios de más de 50.000 habitantes a contar con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), pero, por el momento, sólo algo más de 40 ciudades y áreas metropolitanas españolas (Madrid y Barcelona) tienen estas zonas de restricción del tráfico rodado vigentes. Así lo muestra el mapa elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Esto supone que ni siquiera un tercio de los municipios de más de 50.000 habitantes que deberían haber implantado una ZBE lo hayan hecho, a pesar de que “nos obliga la nueva Directiva de Calidad del Aire de la Unión Europea”. Y, destaca Vanessa López, de Salud por Derecho, “no todas ellas tienen la misma calidad en cuanto a la extensión necesaria” a la que se ha acotado el área de bajas emisiones. Explica que Madrid y Barcelona han restringido buena zona de sus territorios como “medida eficaz para reducir la contaminación”, pero hay ciudades como Zaragoza imponen una reducción de tráfico rodado en una superficie minúscula del centro. 

Pero ¿por qué nos cuesta tanto entender que los coches tienen que ir desapareciendo de las ciudades? La propia Vanessa López y Rafael Borge, catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid y experto en calidad del aire, que ha colaborado con instituciones internacionales como Harvard o la ONU y que asesora a administraciones públicas en materia ambiental, responden a esta pregunta.

¿Qué ocurre con las zonas de bajas emisiones?

En la última Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid, del año 2024, los ciudadanos que viven en la capital destacaron que el tráfico y los atascos que derivan de él se posicionan como el principal problema para el 26,9% de los entrevistados, como también ocurrió en las encuestas de los ejercicios anteriores. En tercer lugar en ese mismo ranking se sitúan la contaminación y el medioambiente, que supone una preocupación para el 20,7% de los madrileños. 

“Es una cosa que me sorprende. Llevo trabajando en mejorar la calidad del aire casi 30 años. En las encuestas de satisfacción en las que se pregunta a los madrileños sobre qué les preocupa, sistemáticamente aparece en el puesto 2 o 3 la calidad del aire. Y luego, sin embargo, cuando eso exige una implicación de utilizar menos el coche privado y más el transporte público... Eso ya nos cuesta más”, expresa Rafael Borge. 

Este experto en calidad del aire, que trabajó en la consolidación del plan para reducir el tráfico rodado en Madrid con el gobierno de Manuela Carmena, lo que se denominó entonces Madrid Central y ahora, con José Luis Martínez-Almeida, Madrid 360, incide en que cobra una gran importancia cómo se transmiten estos cambios en las ordenanzas municipales a los ciudadanos, a los comerciantes y al resto de personas a las que les vaya a afectar una ZBE. 

“Lleva años tener una zona que esté consensuada, que sea adecuada a tus objetivos y que todo el mundo entienda por qué se está implantando, la acepte, la respete e incluso lo valore”, apunta. Este profesor de la Universidad Politécnica de Madrid refleja que en todo este proceso se debe tener en cuenta “la participación pública” y los ayuntamientos tendrán que afrontar “un periodo largo de información, de concienciación”, para que la población que se opone a que se restrinja la entrada de vehículos a motor cuente con “elementos de juicio suficientes” para entender que la ZBE es necesaria.

Moratorias y juicios políticos a las ZBE

Las zonas de bajas emisiones se han sometido no sólo al escrutinio de la población, sino que la urgencia de algunas de ellas, como la de Madrid Central, se ha dilucidado en los tribunales. Vanessa López recalca que el objetivo de la directiva de la UE se centra en que “haya contaminación cero en 2050”, algo que en la transposición legal en España se debe traducir en “establecer unos límites, si cabe, más ambiciosos”. 

Las restricciones al tráfico se han empleado como arma política, incluso en periodo electoral. En 2019, el entonces candidato del PP al gobierno municipal de Madrid -ahora alcalde- prometió derogar Madrid Central. Finalmente, y después de batallas en el terreno judicial, a las que también entró Vox, tuvo que asumir su responsabilidad como una de las grandes capitales europeas.

Borge rememora que, cuando se implantó Madrid Central, la zona de bajas emisiones “se empezó a politizar, cosa que yo no había observado antes”. Sostiene que esta medida “no es una cuestión de política, sino de estrategia de salud pública”, por lo que “politizarla me parece muy mala idea”. Y más aún cuando se emplean “argumentos que no son razonables”.

 “Hay que evitar por todos los medios pedir moratorias, porque estas se traducen en un impacto tremendo en la salud de la gente”, argumenta López, que sostiene que los contaminantes atmosféricos producen enfermedades, como cáncer de pulmón, asma o afecciones cardiovasculares.

Y una vez se implanten las ZBE en los más de 100 municipios que se encuentran actualmente retrasados en el cumplimiento de la normativa europea, sus consistorios deberán atender a una cuestión que, para Rafael Borge, es “de fondo” y que va más allá de los objetivos que se hayan fijado y del diseño ejecutado: cómo se van a controlar los ayuntamientos que esa ZBE funciona. Eso se hace a través de analíticas de resultados, pero también con sistemas de vigilancia, porque, recalca, “hay mil cuestiones que el gobierno municipal no había anticipado y sucede lo mismo que con cualquier otra ley, que la gente la dobla y la fuerza fuera de lo que era el ámbito o la idea original”.