Exclusiva | Hablamos con una trabajadora de la 'residencia de los horrores' en la que un joven ha fallecido: "Estaban contentos"
'La mirada crítica' ha podido hablar con una de las trabajadoras de la residencia ilegal de Elche en la que muerto un joven con parálisis cerebral
La muerte de un joven con parálisis cerebral destapa una residencia clandestina para personas dependientes en Elche
La muerte de un joven de 34 años con parálisis cerebral ha destapado que una vivienda unifamiliar en Elche funcionaba como residencia ilegal. Desde 2016 se ofrecían estos servicios sin ningún tipo de licencia ni personal con formación especializada. Nadie, ni siquiera los propios vecinos, podía imaginar las condiciones en las que vivían los usuarios: colchones tirados en el suelo, olores insoportables, comida en mal estado e incluso cintas para atarlos a las camas.
‘La mirada crítica’ ha podido hablar en exclusiva con una de las trabajadoras del centro, que a su llegada aseguró que las familias estaban satisfechas con el trato recibido: "Estaban muy contentos".
En el interior de la vivienda, los agentes localizaron a varias personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down, autismo y otras enfermedades neurológicas. Algunas se encontraban en situación de especial vulnerabilidad.
La inspección reveló que el inmueble no reunía las condiciones mínimas: suciedad generalizada, restos orgánicos y olores de orina y excrementos, colchones en mal estado, ausencia de ventilación y alimentos caducados. En las habitaciones había además un elevado número de animales (perros y gatos) sin control sanitario.
Los responsables son un matrimonio de 48 y 58 años
Los responsables, un matrimonio de 58 y 48 años, reconocieron no contar con ningún tipo de autorización administrativa ni licencia municipal. Tampoco disponían de seguros de responsabilidad civil ni acreditaban formación profesional para la atención de dependientes.
Según manifestaron, cobraban entre 30 y 45 euros diarios a las familias por cada persona atendida. Las primeras pesquisas apuntan a que la actividad se venía desarrollando desde 2016 en distintos domicilios.
Ante la gravedad de las irregularidades, la Policía Local y la Policía de la Generalitat procedieron al precinto y clausura inmediata de la vivienda. Las personas allí alojadas fueron reubicadas con sus familiares, quienes fueron avisados y afirmaron desconocer las condiciones en las que se encontraban sus seres queridos.
Los hechos han sido denunciados a la Conselleria de Sanitat, competente en la autorización de este tipo de centros, a la Inspección de Trabajo y al Ayuntamiento de Elche, por carecer de licencia de actividad. Además, se ha dado aviso a Servicios Sociales para valorar la situación de las personas afectadas y garantizar su asistencia inmediata.
