La Administración Trump investiga el caso de Noelia Castillo y la aplicación de su eutanasia en Barcelona

Noelia Castillo. Informativos Telecinco
Compartir

Estados Unidos estaría investigando el caso relativo a Noelia Castillo, la joven de 25 que recibió la eutanasia en Barcelona bajo el amparo de la legislación española y el derecho a una muerte digna.

Al parecer, la Administración Trump habría solicitado analizar lo sucedido ante una supuesta preocupación por cómo se gestionó el caso y posibles fallos en el sistema de protección a personas vulnerables.

PUEDE INTERESARTE

Estados Unidos y la investigación sobre la eutanasia de Noelia

Según medios estadounidenses como el New York Post, la Administración Donald Trump ha solicitado una investigación sobre la muerte de Noelia después de que funcionarios del Departamento de Estado, bajo anonimato, ordenasen a la Embajada de Estados Unidos en Madrid recabar información sobre cómo se trató el caso y sobre las decisiones que permitieron llevar a cabo la eutanasia.

A ese respecto, según señala New York Post y como se hace eco EFE, esos funcionarios expresaron su preocupación por posibles fallos en el protocolo y el sistema de protección a personas vulnerables, cuestionando la aplicación de la ley de la eutanasia en casos de sufrimiento no terminal o condiciones psiquiátricas.

PUEDE INTERESARTE

En ese sentido, además, apuntaron a que Noelia Castillo había mostrado “dudas” sobre el procedimiento, pero que estas señales habrían sido ignoradas, generando inquietudes sobre los derechos humanos, según recoge el medio estadounidense.

La eutanasia de Noelia Castillo

La joven de 25 años murió el pasado jueves 26 de marzo tras recibir la eutanasia en Sant Pere de Ribes, Barcelona, después de un largo y complejo litigio judicial de más de un año y medio.

Afectada por una paraplejia, se le concedió la eutanasia en julio de 2024, pero no fue hasta entonces cuando se ejecutó, después de distintas evaluaciones y distintos recursos en el seno de la familia. Su caso, finalmente, lo validó la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el comité independiente que analiza y aprueba cada solicitud de muerte asistida siguiendo todos los preceptos que establece la ley de eutanasia.

Al respecto, José María Fernández, el presidente de la Fundación Española de Abogados Cristianos, –la cual ha estado representando al padre de la niña durante todo el litigio–, ha dicho que han mantenido la esperanza “hasta el último momento” de que la joven pudiera cambiar de opinión, algo que no ha ocurrido.

A ese respecto, y en declaraciones a los periodistas, Fernández ha considerado que el caso es un “fracaso del sistema sanitario”.

Tanto el juzgado que dio luz verde a la eutanasia de la joven como posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluyeron que a lo largo del proceso judicial no se había constatado la “falta de capacidad” de Noelia a la hora de desestimar su petición de muerte asistida, y que su decisión de solicitarla se había mantenido firme desde abril de 2024.

Abogados Cristianos denuncia a la médica

Tras lo ocurrido, precisamente, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona “contra la médica responsable de la eutanasia de Noelia Castillo Ramos” por un presunto delito de prevaricación y por un presunto “conflicto de intereses” al entender que ésta “vulneró la ley al intervenir en el procedimiento”.

Concretamente, tal y como han expresado en un comunicado en el que denuncian igualmente “posibles irregularidades en la gestión del proceso desde el inicio”, subrayan que “la propia médica redactó a mano la solicitud de eutanasia de la paciente, incluyendo como primer punto que Noelia deseaba ser donante de órganos y tejidos”, un hecho que para Abogados Cristianos “resulta especialmente grave, ya que no fue la paciente quien lo consignó, sino la propia facultativa que, además, ejercía como coordinadora de trasplantes”, según resaltan.

Además, destacan que “la doctora ejercía simultáneamente como coordinadora de trasplantes en el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf mientras actuaba como médica responsable en el proceso de eutanasia”, considerando a ese respecto que “esta doble condición genera un conflicto de intereses” que califican de “estructural e insalvable” porque “la misma profesional que debía valorar si procedía la muerte de la paciente tenía un interés institucional directo en la obtención de órganos”, según aseguran.

Además, aseguran que “la médica es especialista en Medicina Intensiva, no era la facultativa habitual de Noelia ni tenía relación clínica previa con ella”, algo que, –según defienden–, “genera serias dudas sobre por qué asumió un procedimiento tan delicado cuando no era la persona indicada”.

Sobre ello, recuerdan que “la normativa exige una separación absoluta entre el proceso de eutanasia y el de donación de órganos, prohibiendo expresamente que intervengan profesionales que puedan beneficiarse del resultado”, algo que aseguran que no se respetó. “En este caso, ambos procesos se habrían entremezclado desde el inicio, comprometiendo las garantías del procedimiento”, sostienen desde Abogados Cristianos.

A todo ello, además, añaden que “ni la denominada ‘dupla’ médica ni la Comisión de Garantía y Evaluación valoraron directamente a Noelia, sino que basaron su decisión exclusivamente en el contenido de este informe, lo que convierte a esta facultativa en la pieza central de toda la eutanasia”, apostillan en su comunicado, donde expresan su rechazo. “Para Abogados Cristianos, se trata de una decisión adoptada en una situación de incompatibilidad que podría haber viciado de nulidad todo el procedimiento”, subrayan.

En su denuncia, por otra parte, apuntan que “Noelia revocó en el último momento la donación de órganos que figuraba en la solicitud inicial, una circunstancia que evidencia posibles irregularidades en la gestión del proceso desde el inicio”. Además, inciden en que la joven “llegó a solicitar el aplazamiento de la eutanasia al encontrarse en un estado de confusión”, lo que, según la Fundación, “evidencia” una “falta de garantías en la evaluación realizada y la existencia de fluctuaciones en su voluntad”.