Libertad provisional para los exjugadores del Arandina mientras se difunden los datos personales de la víctima

  • La Audiencia Provincial de Burgos no ha decretado el ingreso en prisión, a la espera de la resolución

  • El padre de la menor ha denunciado la difusión de los datos personales de su hija mediante una red social

  • El Ministerio Fiscal y las acusaciones aprecian riesgo de fuga en este caso

La Audiencia Provincial de Burgos ha acordado mantener la situación de libertad provisional para los tres exjugadores del Arandina, condenados a 38 años de prisión por agresión sexual a una menor de 16 años y cooperación necesaria en las agresiones de sus compañeros. A la espera de la resolución definitiva tras los recursos, el juez ha decidido mantener las medidas cautelares ya impuestas el 16 de marzo de 2018. Tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones pedían el ingreso inmediato en prisión provisional incondicional, ya que tras la condena aprecian riesgo de fuga.

La decisión de la Audiencia Provincial llega entre un clima de crispación, a la entrada de los juzgados se concentraban varias personas. Con objetivos muy diferentes, unos, el de apoyar a los jugadores condenados por violación y otros, con el deseo de que la víctima se sienta apoyada. Especialmente tras los últimos hechos, ya que en algunas redes sociales varios usuarios han filtrado, tanto audios que forman parte del sumario como sus datos personales, incluidos nombre, dirección y correo electrónico. Unos hechos de carácter muy grave, especialmente por el hecho de que la víctima sigue siendo menor de edad. Además, la difusión de estos datos implica una vulneración de su derecho a la intimidad y al honor. Precisamente para proteger estos derechos el procedimiento fue celebrado a puerta cerrada, por lo que ese contenido no debe de ser público.

Patricia Ortiz, abogada de la menor, ha contado ante los medios que ya han emprendido acciones legales, en atención a cada una de las publicaciones. “Vamos a abrir todas las vías penal, civil y administrativa” y ha afirmado que “Son datos personales, ya que la voz también lo es”. Además, pedía respeto por las resoluciones judiciales y por las víctimas, y ha recordado que su defendida “Era menor cuando ocurrieron los hechos probados y sigue siendo menor”. Sobre las manifestaciones en las que se defiende a los condenados, ha afirmado que la niña “no puede salir a la calle” y que “teme por su integridad física”. Mientras que se producían estas declaraciones, al igual que pasaba cuando hablaba el otro abogado de la acusación, el grupo de manifestantes trataba de acallarlas con el uso masivo de silbatos y trompetas.

Las acusaciones afirmaban solicitar el ingreso inmediato en prisión por un cambio en las circunstancias de la condena. Luis Antonio Calvo, abogado de la Asociación Clara Campoamor y parte de la acusación, afirmaba que “la tentación de fugarse es importante”, en referencia a la condena que fija 38 años de prisión. Sobre las concentraciones a favor de los jugadores decía que es un hecho “inaudito”, ya que “existe una condena por violación a una niña de 15 años”. Una respuesta social que ha calificado de “extraña”, incluso ha hecho referencia a un aspecto que llega a ser morboso, “en el sentido de considerar que son inocentes admitiendo que no existen pruebas”.

Los manifestantes no han parado a hacer referencia a que, según su punto de vista y siendo el procedimiento a puerta cerrada, no hay pruebas, “como van a suponer que la Audiencia Provincial de Burgos ha dictado una sentencia sin pruebas”, decía el letrado. Además, ha afirmado que “no hay sentencia en España sin pruebas”, al igual que pasa en este caso, en el que ha dicho “hay muchas pruebas”. Luis Antonio Calvo ha hablado a su vez sobre la gravedad de las filtraciones sobre algunos datos del sumario y los datos personales de la menor y ha confirmado que el padre de la víctima ya ha denunciado.

Por su parte, los abogados de la defensa no aprecian riesgo de fuga ante la condena. Olga Navarro, ha explicado a la salida que “hoy se van a casa pero no se ha dictado resolución”. Además, ha propuesto que antes de un ingreso en prisión se tomen medidas más restrictivas, como presentarse en los juzgados para firmar más a menudo, actualmente se fija en dos veces al mes, o la implantación de una pulsera telemática. Además, ha confirmado que desconocen la fecha de la resolución.

El también abogado de la defensa, Rafael Uriarte, ha compadecido ante los medios para confirmar que se encuentran a la espera de la resolución, que esperan que sea “más acertada”. Ha afirmado que, a pesar de la condena, las circunstancias son las mismas, principalmente por la situación económica de sus defendidos. Sobre la filtración de los datos de la víctima, ha dicho que no le gusta pero que, según su punto de vista, es “comprensible que se crean que así ayudan”. Unas filtraciones de las que ya avisó uno de sus defendidos, fue Carlos Cuadrado, conocido como `Lucho´. A la salida de los juzgados el día en el que se conoció la sentencia advirtió de que se filtrarían audios de la menor, algo que se ha terminado produciendo.

Al contrario que en otras ocasiones los exjugadores del Arandina han preferido guardar silencio, tan solo Raúl Calvo se ha limitado a dar las gracias a los manifestantes que apoyaban su inocencia en los juzgados. El padre de `Lucho´ sí que ha querido decir unas palabras ante las cámaras, “desde el primer momento les han considerado culpables”, ha apuntado. Además, considera que los derechos procesales de su hijo y los otros dos condenados han sido “vulnerados”.

Por el momento, los tres exjugadores del Arandina continuarán en libertad provisional a la espera de la resolución. Mientras tanto, se estudiarán las denuncias por la filtración de los datos de la víctima. La última, la de FACUA ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente por el hecho de que personas con una importante relevancia pública hayan difundido los audios. FACUA ha recordado que "La AEPD ha determinado recientemente que una persona física puede ser objeto de sanción por la difusión no autorizada de comunicaciones personales de terceros. Así ocurrió con el expediente sancionador de la Agencia que trascendió públicamente el pasado mayo contra el militar de La Manada por la grabación y posterior difusión de un vídeo de la víctima"