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La defensa de Ana Julia Quezada intenta la anulación del juicio por el que la mujer fue condenada a prisión permanente y revisable por asesinar al niño Gabriel Cruz, en Níjar, Almería. El letrado Esteban Hernández Thiel acusa a la magistrada-presidenta Alejandra Dodero "no pudo evitar incurrir en parcialidad a la hora de dar instrucciones al jurado".
En el recurso de apelación elevado ante el TSJA, Hernández Thiel, que defiende a Ana Julia Quezada, solicita "la nulidad de todo lo actuado" y que se "celebre nuevo juicio por un tribunal profesional" o "subsidiariamente se celebre nuevo juicio con tribunal jurado" .
Hernández Thiel argumenta que existen "defectos en la construcción del objeto del veredicto", lo que vulneraría "el derecho a un juicio justo". El abogado de la única condenada por el asesinato del niño Gabriel de ocho años en marzo de 2018, considera que el jurado recibió "instrucciones" por parte de la magistrada-presidenta de la Sección Segunda, antes de retirarse a deliberar , de modo que este "se vería, necesariamente, abocado a dar por probada la existencia de la alevosía sorpresiva postulada por las acusaciones".
En su opinión, esta actuación de Alejandra Dodero estaría "limitando, subrepticiamente, y hasta un grado tal que se vulnera el derecho a un juicio justo y se genera indefensión, cualquier posibilidad de que el jurado estimase la tesis de la defensa, de que los hechos eran constitutivos de homicidio".
La defensa de Ana Julia Quezada insiste en que, la prueba practicada durante la vista oral, demuestra que la actuación de la condenada "no fue premeditada, sino, todo lo contrario, evidentemente improvisada". En ese sentido, explica que de lo contrario "habría actuado de otra manera" tanto para matar al niño de ocho años como para ocultar el cuerpo "de manera más segura" y "no en el cortijo familiar y en una fosa de escasos diez centímetros de profundidad".
"De lo probado en juicio, lo que se pone de manifiesto es una actuación absolutamente improvisada", subraya Hernández Thiel, quien sostiene como certera la versión de que hubo una disputa previa por un hacha al haberse encontrado "ADN del menor en el mango" de la herramienta y de que la intención de condenada fue la de "acallar a la víctima", aunque esta "pudiera haber mutado en un animus necandi sobrevenido", lo que llevaría a una condena por homicidio y no por asesinato.
En este sentido, insta a la Sala a que valore la "edad preadolescente de la víctima" a la hora de revisar los hechos, que serían, para la defensa, constitutivos de un delito de homicidio con agravante de abuso de superioridad, lo que podría llevar a la imposición de una pena máxima de 15 años de prisión.
Hernández Thiel pide la absolución de Ana Julia Quezada de los delitos contra la integridad moral y de lesiones psíquicas contra los padres de Gabriel, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, por los que se les impuso ocho años y tres meses de prisión adicional al entender, en el primer caso, que "nunca tuvo un comportamiento humillante, ni vejatorio" hacia los padres de la víctima.