{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
A las nueve y media de la mañana una hora antes de la prevista para ejecutar el desahucio, Desiré, su marido, y su hijo vacían la casa de la que puede que los echen. Meten muebles, camas, colchones, y hasta el televisor, en un coche. Lo llevan a casa de un familiar. Es lo único que tienen y no quieren perderlo.
¿Cómo es posible que nos echen en plena pandemia?, se pregunta esta mujer aún muy joven. "No se explica que con lo que hay se preocupen de echar a la gente a la calle. Aquí hay 22 familias. Nadie tiene vivienda donde meterse y nos veremos en la calle.
"En una ventana del primer piso Diego, y dos de sus cuatro hijos, se parapetan tras las rejas de la ventana. Ellos no recogen nada. Tampoco es que haya mucho que recoger. Diego, tiene un ingreso mínimo vital de 600 euros, con eso, y con lo que saca vendiendo algo en los alrededores del mercado, viven seis de familia.
"No lo entiendo. Dicen que el gobierno nos respalda", razona sin perder de vista a los críos. "¿Cómo hacen esto los jueces?. Es que no lo entiendo. No tenemos donde ir y nos quieren echar".
La situación viene de lejos. algunos de ellos llevan ocupando estas viviendas, propiedad de un banco, desde hace cuatro años. Otros llegaron luego. El banco quiere recuperarlas. A partir de ahí la justicia se pone en marcha, y este es el día en el que ordena el desalojo. A las diez y media cinco furgones de policía enfilan la calle. Paran frente al edificio. Se bajan. María, 73 años, con un marido de 84 afectado de Covid 19, no sale de su asombro.
"Estamos sin casa. Tenemos una pequeña pensión, pero con ella no nos da para vivir", precisa "Me tuve que venir aquí porque no podía pagar alquiler, ni pagar luz, ni pagar nada. Estamos de okupas a los ochenta años".
La policía toma posiciones, aleja a los curiosos. Hay incredulidad en quienes observan la escena, y salta la ira de una madre cuya hija vive en el edificio a desalojar.
"Queréis dejármela en la calle, con toda su ropa y con todo, con tres menores"
"Somos personas vulnerables, si nos echan hoy de aquí no sabemos donde vamos a ir", afirma Vanessa, que actúa como portavoz de los ocupantes. "Lo hemos intentado todo, pero sin resultado".
A la comitiva policial se une la judicial. En fila se aproximan a uno de los dos bloques y entran. Su cometido, comprobar vivienda por vivienda si sus moradores están en situación de vulnerabilidad.
"Tendrán que ir casa por casa, porque no todos los casos son iguales", explica el abogado de Vanessa. "Los que no puedan acreditar la vulnerabilidad puede que sean desalojados. "A mi cliente ya le han concedido un aplazamiento hasta el 4 de marzo".
No es una tarea rápida. Puerta por puerta la comitiva comprueba la situación de cada ocupante. La mañana se alarga y entra en el mediodía. Los curiosos siguen sus movimientos. Entre ellos corre la voz de que al final todas estas familias recibirán una moratoria. Poco después la noticia se confirma. Estamos en pandemia y las 22 familias tienen una prorroga hasta el 4 de marzo.