Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a dos mujeres rusas, madre e hija. Están acusadas de estafar a refugiados ucranianos con los trámites de protección temporal. Las arrestadas captaban presuntamente a sus víctimas en las colas de las comisarías para ofrecerles agilizar la tramitación de sus documentos a cambio de dinero. Llegaron a estafar 5.000 euros. Las autoridades recuerdan que estos trámites son gratuitos.
Las detenidas presuntamente manifestaban a los ciudadanos ucranianos que trabajaban para la Policía. Si el engaño era descubierto, los amenazaban con anular su condición de desplazados si denunciaban los hechos.
La investigación comenzó cuando los agentes supieron que dos mujeres estaban abordando a los ucranianos cuando iban a dependencias policiales. Las mujeres, según las autoridades, ofrecían ayuda a cambio de dinero para agilizar los trámites de protección temporal. Se dirigían a ellos en su idioma.
Aprovechaban el desconocimiento de los desplazados, que acudían a comisaría para obtener los documentos que les permiten residir legalmente en España. Tras simular trabajar con la Policía, les hacían creer que si abonaban determinadas cantidades de dinero (hasta 250 euros por adulto y 150 euros por menor) los trámites serían "mucho más ágiles".
Las arrestadas, que habían desempeñado durante años la labor de intérpretes oficiales a través de una empresa, conocían "perfectamente" los trámites a realizar. Por este motivo, aportaban "mayor credibilidad" al engaño. Además, entraban y salían de las dependencias policiales simulando trabajar con los agentes.
La presunta estafa no acababa con la obtención del dinero de sus víctimas. Cuando los afectados detectaban el engaño y reclamaban la devolución de su dinero, las detenidas supuestamente les amenazaban. En esta parte aseguraban tener capacidad para cancelar los documentos recién obtenidos. Ante la posible certeza de las amenazas, las víctimas optaban por no denunciar.
Los investigadores han detectado que las detenidas se habrían embolsado un total de 5.000 euros por la actividad ilícita. A ambas se les acusa de los delitos de estafa, amenazas y coacciones.