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Los tres detenidos por el caso Magrudis han comparecido ante la jueza de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez. El primero que ha declarado ha sido Mario Marín Rodríguez, el hijo del dueño de Magrudis, que figura como administrador de Elaborados Cárnicos Mario SLU, empresa que no cuenta con certificado sanitario. Además, está situada al lado de la nave de Magrudis, con la que conecta internamente, estando ambas enganchadas a la red eléctrica de manera ilegal.
La jueza ha tomado la decisión de dejarle en libertad con cargos, aunque tendrá que comparecer ante ella dos días al mes.
Su padre, José Antonio Marín Ponce, gerente de Magrudis, y su hermano mayor, Sandro Marín Rodríguez, han sido enviados a prisión provisional. La magistrada les atribuye la presunta comisión de un delito contra la salud pública en concurso con tres delitos de homicidio por imprudencia grave, dos delitos de lesiones al feto con resultado de aborto y varios delitos de lesiones por imprudencia grave.
La Guardia Civil tenía su teléfono pinchado y José Antonio Marín cayó en la trampa: reconoció que en febrero había listeria en Magrudis, y al tirar del hilo los investigadores de la Guardia Civil descubrieron que el lote analizado era de diciembre.
Por eso, la jueza es contundente en su auto y dice que tanto él como su hijo Sandro “tenían conocimiento de que, al menos desde diciembre de 2018, la bacteria estaba en sus instalaciones”.
Desde entonces no retiraron el producto, ni dejaron de fabricarlo ni lo comunicaron a las autoridades mientras la gente comía su carne.
Por ahora la jueza solo les imputa tres homicidios imprudentes, aunque en su atestado la Guardia Civil sube esa calificación a homicidio doloso.
A medida que se personen más afectados las cosas se pueden poner peor para ellos. “Es posible, por ejemplo, que los delitos de homicidios pudieran aumentarse en función de que se sumen a la causa más personas”, explica Rubén Sánchez, portavoz de FACUA.
La juez tasa en 800.000 euros el gasto que esta crisis ha generado a la sanidad pública. Mientras, Magrudis se defiende atacando: “Nosotros consideramos que existe responsabilidad de la Administración local y autonómica por no haber realizado las funciones para las que están previstos estos sistemas de autocontrol”, ha dicho Hilario Aranda, abogado de la defensa.
Magrudis, constituida en 2013, solo pasó 2 inspecciones en todo este tiempo.
Los tres implicados fueron detenidos el martes por agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente. De sus naves salió la carne que provocó 3 muertes y 7 abortos.
Hasta hoy, los detenidos se habían acogido a su derecho a no declarar ante los investigadores de la Guardia Civil, aunque hoy sí lo han hecho ante la instructora. Solo han declarado tres de los cinco detenidos en esta causa, tras la puesta en libertad de la esposa del gerente y de un comercial de la empresa.
Los responsables del brote de listeriosis debían explicar a Pilar Ordóñez por qué la empresa estaba plagada de irregularidades. Lo primero por lo que se les exigía rendir cuentas es por qué siguieron comercializando la carne mechada sabiendo desde febrero que estaba contaminada. Además, tampoco avisaron de que había otra comercializadora, Comercial Martínez León, que estaba distribuyendo sus productos con marca blanca.
El caso ha desvelado la ineficacia de los actuales sistemas de control a los que se somete a una empresa de alimentación, y los más de 200 afectados ya han comenzado a reclamar indemnizaciones.
En las declaraciones, los tres detenidos sólo han respondido las preguntas de la jueza y de su abogado, negándose a contestar las preguntas de Fiscalía y del abogado de la acusación particular que ejerce Facua.
La Fiscalía les atribuye a José Antonio y a Sandro la presunta comisión de un delito contra la salud pública, tres delitos de homicidio por imprudencia grave, dos delitos de aborto y varios delitos de lesiones por imprudencia grave. En esta línea, señala que la imprudencia grave se debe por el "incumplimiento reiterado" desde febrero de las pautas mínimas sanitarias del procesado de la carne y por la "falta de control". En ese aspecto, los detenidos han señalado que "no sabían" que tenían el "deber de informar" si pasaban los controles sanitarios.
Según fuentes del caso citadas por Europa Press, Sandro Marín ha indicado que fue él quien llevó la muestra el pasado mes de febrero al laboratorio Microal que detectó la listeria en ella, así como que "no se acuerda si tiró a la basura" el lote contaminado.