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Este reportaje comienza con una cifra. El 60% de las mujeres que decidieron abortar antes de la semana 10 de embarazo optaron por hacerlo con pastillas: unos medicamentos que, al ingerirse, interrumpen la gestación. Los restos se expulsan por la vagina, como una menstruación muy abundante. Son datos de Estados Unidos publicados por The New York Times, donde además hay un servicio sanitario enfocado a este tipo de interrupciones del embarazo: el teleaborto. Los médicos recetan el medicamento por internet o por teléfono y las mujeres se lo toman en su casa.
Es decir, lo mismo que yendo a consulta, pero sin pasar por ese trago. Porque el acceso al aborto no es fácil en muchos países del mundo (en España hay muchas voces que afirman que también, a pesar de tener una de las leyes más avanzadas del mundo), e ir a solicitar una interrupción voluntaria del embarazo puede suponer escarnio público, gastos económicos inasumibles o un sufrimiento añadido. Por eso Estados Unidos lo facilita con consultas telemáticas, y Reino Unido, que empezó a hacerlo con la pandemia, se plantea mantener esta prestación sin necesidad de consulta presencial.
En España una organización internacional de ayuda a las mujeres, Women’s Link Worldwide, pelea porque la telemedicina para abortar sea una de las prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario. Estefanny Molina, abogada de la organización, matiza que "es importante resaltar que la telemedicina para el aborto facilita la privacidad de las mujeres y la accesibilidad a él". Y es seguro, afirma. La telemedicina no está regulada en nuestro país, pero esto, según Women's Link, "no quiere decir que no se pueda hacer".
De hecho, la experiencia ya existe: numerosas consultas para renovar medicaciones, o incluso diagnosticar algunas pequeñas dolencias, se han realizado de forma telefónica durante la pandemia. El médico ha recetado medicamentos que han quedado registrados en la tarjeta sanitaria del paciente, que ha podido adquirirlos en la farmacia con su documentación. Para la abogada de la organización feminista la telemedicina para el aborto "reduce el riesgo de que las mujeres recurran a medios inseguros cuando no pueden acceder a él por canales oficiales". Eso si, debería ser una opción complemetaria "y no puede ni debe sustituir la atención presencial para quien la quiera", argumenta Molina. Es decir, se trata de ofrecer opciones a las mujeres para que puedan abortar en las mejores condiciones, y garantizar su libertad de elección.
"Es indispensable que las mujeres tengan todas las opciones disponibles a su alcance, y con toda la información que elijan libremente", exige Molina. De momento el debate no está sobre la mesa del ministerio de Sanidad (que sí tiene previsto priorizar que los abortos antes de la semana 8 de gestación sean con pastillas), pero la organización quiere aprovechar el impulso de la telemedicina para reivindicar lo que consideran un derecho.
"Porque no se está garantizando esta prestación, que está contemplada en la legislación española, debido a que hay provincias donde directamente no se realizan, y en las que sí, se derivan a clínicas privadas en las que en ocasiones las mujeres son increpadas y hostigadas por grupos sociales antiabortistas", reivindica la abogada.
Con la pandemia, en marzo de 2020 Reino Unido instauró entre sus prestaciones las consultas telemáticas para recetar medicamentos abortivos. Casi un año después, un estudio ha valorado la implementación de esta medida. Tras la puesta en marcha de consultas para abortar telemáticamente en Reino Unido:
En enero de este año la organización sin ánimo de lucro Women's Linck Worldwide elaboró un informe sobre las dificultades en el acceso al aborto en España. Y descubrió que:
Esto implica que las mujeres que necesitan un aborto en una provincia o comunidad donde no hay hospitales públicos ni clínicas concertadas se tienen que desplazar a otros territorios. En 2019, según datos oficiales, 4.338 mujeres tuvieron que desplazarse a otras provincias para abortar.
Especialmente flagrante es el caso de Ceuta y Melilla, no existe ningún hospital ni clínica privada que realice abortos, por lo que todas las mujeres tienen que ser trasladas a la península. Women's Link denuncia que el coste de estos desplazamientos no siempre está cubierto por la Seguridad Social, lo que, además de una discriminación geográfica, supone una clara discriminación socioeconómica, ya que no todas las mujeres disponen de los medios económicos necesarios para desplazarse.