Dos años de cárcel y un millón de euros de indemnización por un atropello en Tarragona
La víctima, padre de dos hijos, usa silla de ruedas y tiene graves problemas cognitivos
El impacto del atropello desplazó al hombre a 15 metros de distancia
TarragonaUn juzgado de lo Penal de Tarragona ha condenado a dos años de cárcel a R.M.F. como autor responsable de un delito de lesiones por imprudencia grave. El 17 de febrero de 2023, en el barrio de Bonavista de Tarragona, atropelló a un peatón que cruzaba correctamente por un paso de cebra señalizado, y que sufre graves secuelas. "Es muy poco habitual que se dicten penas tan elevadas en siniestros viales”, afirma Álvaro Machado, letrado de Vosseler Abogados, y representante legal de la familia de la víctima. Y añade: "es como una pequeña luz en medio de lo negro. Hay sentencias ejemplares que provocan efecto disuasorio como podría ser ésta. Es una denuncia social: por atropellar a una persona al volante, aunque no vayas ni bebido ni drogado, te puede caer una pena de prisión elevada y casi a punto de entrar en prisión. Y eso es disuasorio y es el mensaje".
El accidente se produjo cuando el condenado, que circulaba con un vehículo BMW, desatendió las normas más básicas de seguridad vial y no advirtió la presencia de M.O., de 40 años, que cruzaba el paso de peatones. El conductor circulaba por la vía T-11, una calzada única con doble sentido, con un límite de velocidad de 30 km/h y con buena visibilidad. El abogado indica que el conductor iba distraído y a una velocidad superior a la permitida.
La cabeza de la víctima impactó contra la luna delantera del coche, que continuó circulando unos metros hasta que frenó y salió despedido a unos 15 metros, chocando finalmente contra el bordillo.
Graves secuelas
Como consecuencia, el hombre sufrió traumatismos craneales severos, múltiples fracturas en pelvis, hombro, tibia y peroné. También sufrió un edema cerebral grave que puso en riesgo su vida. A día de hoy, la víctima se encuentra en una silla de ruedas y padece graves problemas cognitivos que le impiden reconocer a sus propios hijos, de 4 y 7 años de edad.
Además de los dos años de prisión, la sentencia, que fue de conformidad entre la acusación y la defensa del condenado, impone la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante tres años y seis meses, lo que conlleva la pérdida de vigencia de su permiso de conducir. “Es poco habitual encontrarnos con penas privativas de libertad en delitos de conducción imprudente y retiradas de casi cuatro años", señala Machado.
La ejecución de la pena privativa de libertad ha sido suspendida por un periodo de dos años, condicionada a que el condenado no vuelva a delinquir. Paralelamente, la víctima recibirá una indemnización de cerca de un millón de euros, que pagará la aseguradora, ante la extrema gravedad y la persistencia de las lesiones. Una suma que podría aumentar porque quedan reclamaciones pendientes como la adaptación de la vivienda, la ayuda para recibir cuidados o la adaptación de la movilidad.
"Muerte civil"
Álvaro Machado subraya la desproporción que, a veces, se da en el sistema judicial: "Lamentablemente, se dan casos de sentencias menores para los acusados en siniestros que terminan con víctimas mortales". Y añade: "La sentencia pone de relieve la vergüenza de las penas que tenemos hoy en día. Es una denuncia social". En este caso, señala "aunque la víctima no ha fallecido, su 'muerte civil' y el impacto en su familia son absolutos. La muerte civil significa que tiene derechos pero no puede ejercitarlos porque necesitará ayuda de por vida. Que la justicia reconozca la gravedad de la imprudencia con una pena de este calibre es un paso importante, aunque el daño sea irreparable".