Violencia de género

El asesinato de Tulia en Córdoba a manos de su expareja: ¿qué falló en el sistema de protección para que su agresor la matase 48 horas después de denunciarlo?

Agentes de la Policía Nacional junto al lugar del asesinato de Tulia en Córdoba. EFE
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CórdobaEl asesinato de Tulia, una mujer colombiana de 64 años afincada en Córdoba, a manos de su expareja continúa generando conmoción e indignación. La sexagenaria, víctima de un crimen que ya ha sido reconocido como un caso de violencia machista, había denunciado a su agresor solo 48 horas antes. Pese a ello, y pese a entrar entonces en el sistema VioGén de protección para las víctimas de la violencia de género, su expareja llegó hasta ella y, en el mismo portal de casa, acabó con su vida.

Todo sucedió el lunes, 13 de abril, y una hora antes de que Tulia tuviese que acudir a la Ciudad de la Justicia de Córdoba para declarar por la denuncia que presentó contra su expareja el pasado sábado tras un violento episodio protagonizado por éste después de que, presentándose en su casa con un martillo, destrozase un equipo de música que ella tenía y la amenazase con hacer lo propio con el resto del inmueble después de sujetarla por el pecho; unos hechos que relató Tulia ante las autoridades, pero que no sirvieron para que el hombre, que fue detenido, fuese puesto en libertad con una medida cautelar, –una orden de alejamiento–, que volvió a probar su insuficiencia cuando el asesino decidió quebrantarla con total facilidad.

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¿Qué falló en el asesinato de Tulia en Córdoba?

Al caso de Tulia le rodeaban además circunstancias sumamente trascendentes. Por un lado, su expareja, acusada del asesinato, vivía exactamente en el mismo bloque. Ella en la tercera planta; él en la cuarta. Por ello, una orden de alejamiento suponía al mismo tiempo que el hombre no pudiese vivir en el mismo edificio; algo también sumamente relevante para una adecuada valoración del riesgo y para una correcta determinación sobre las medidas de protección a aplicar sobre la víctima.

A ello, además, se suma lo que la familia de Tulia ha descrito como un “calvario de libro” en el que su agresor, según ha asegurado una hermana de la víctima, la maltrataba y la sometía a un absoluto control. Es decir, sus actos, según lo relatado, no fueron fruto de un momento de violencia puntual, sino continuado en el tiempo.

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Pese a todo ello, la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, acordó la puesta en libertad provisional del hombre, que tras ser detenido se acogió a su derecho a no declarar. Como medida cautelar, únicamente le prohibieron la comunicación con la víctima y su aproximación a menos de 500 metros de ella, sin que el Ministerio Público ni ninguna de las partes interesadas reclamasen su ingreso en prisión provisional u otras medidas cautelares.

En consecuencia, el ahora acusado del asesinato de la mujer se fue en libertad, no tardando ni 48 horas en saltarse esas medidas que le aplicaron para acabar con la vida de Tulia, y justo una hora antes de que la mujer tuviese que acudir y declarar para lo que iba a ser un juicio rápido contra él. La mató en el portal de su casa, donde la estaba esperando a primera hora de la mañana después de que ella saliese a pasear al perro. Tras el crimen, se atrincheró en su vivienda antes de que las autoridades lograsen llegar hasta él y, nuevamente, detenerlo.

El sistema de protección a las víctimas de la violencia de género, otra vez en el foco:

El Sistema VioGén incorporó a Tulia, pero su caso se valoró como riesgo medio, según la valoración policial, efectuada tras recabar información alrededor del caso y tras la denuncia de la víctima.

En el marco de las medidas de protección adoptadas para ella de acuerdo a esa valoración, y según reveló la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, agentes de la Policía habían ofrecido a Tulia acompañarla a los juzgados, pero ella no lo consideró necesario; una decisión cuyo peso, para expertos como Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la violencia de género, no debería recaer sobre la víctima, según expone en declaraciones recogidas por Cordópolis, de elDiario.es

Insistiendo en que la decisión de preservar su seguridad no debe recaer sobre ellas, y sobre ello, reclama que las valoraciones del riesgo también sean hechas por equipos forenses y no solo policiales. A ello, añade además que “si los protocolos dicen que con cierto nivel de riesgo se exige un acompañamiento, ese acompañamiento debe hacerse”. “Estamos hablando de un delito público, existe una obligación de actuar sobre el agresor”, recalca en declaraciones recogidas por el citado medio, donde incide en que también se debe hacer un seguimiento sobre las medidas impuestas al agresor y su correcto cumplimiento. Además, recalca que si solo se denuncian un 25% de los casos, el hecho de que haya una denuncia sobre uno debe hacer que ese caso “se considere grave”.

En este caso, las medidas adoptadas no sirvieron para evitar el asesinato de la que es ya la víctima 16 de la violencia machista en lo que va de año. Su familia, desconsolada, no se lo explica: “¿Cómo es posible que haga una denuncia y lo dejan libre? ¡La desprotegieron!”, ha denunciado la hermana de la víctima, señalando que él no tenía nada que perder y “le faltaba matarla y lo ha conseguido”.