La desaparición de las niñas de Aguilar de Campoo, 34 años después: la abogada de las familias señala dos lugares que no se exploraron a fondo

El caso de las niñas de Aguilar de Campoo, conocido como el ‘caso Alcàsser de Palencia’, sigue envuelto en misterio 34 años después. El 23 de abril de 1992, la vida de las familias de Virginia Guerrero y Manuela Torres, dos adolescentes de 14 y 13 años, cambió para siempre cuando desaparecieron tras ir a una discoteca de Reinosa.

Desde entonces no se sabe qué ocurrió ni dónde están. Carmen Balfagón, abogada de las familias, lamenta haber acudido a todas las instancias posibles para continuar con la investigación y haber recibido una negativa constante.

Según ha explicado la letrada a la web de ‘Informativos Telecinco’, se solicitaron diligencias tecnológicas en escenarios que considera clave y que, a su juicio, no se han explorado con rigor, pero la justicia las ha rechazado de forma sistemática al entender que no existen indicios suficientes. "Nos gustaría que las familias tuvieran una respuesta. Tenemos sospechas de que las mataron, pero siguen sin aparecer los cuerpos", precisa.

La desaparición de las niñas y la cuestionada investigación

Virginia y Manuela salieron el 23 de abril de 1992 de Aguilar de Campoo, en Palencia, y se trasladaron en tren a Reinosa, en Cantabria, a unos 32 kilómetros. Ambas planearon pasárselo bien y una tercera amiga prefirió no viajar con ellas. Estuvieron en el parque Cupido, salieron de fiesta y, al no contar con transporte de regreso a casa, decidieron hacer autostop cerca de una fábrica de galletas. A partir de ese momento se perdió su rastro. El caso se trató inicialmente como una "fuga voluntaria" y las 48 primeras horas podrían haber sido cruciales. "Se hizo una investigación bastante deficiente", destaca Balfagón.

La pista más sólida nació del testimonio de una mujer que aseguró haberlas visto subir a un SEAT 127 blanco. Sin embargo, el vehículo nunca fue localizado, a pesar de que las pesquisas se extendieron hasta Valladolid tras los indicios que apuntaban a una matrícula de la ciudad. Mientras el rastro del coche se desvanecía, los operativos batían cuevas y pantanos entre el norte de Palencia y el sur de Cantabria sin hallar un solo indicio. La desesperación expandió la búsqueda a puntos tan distantes como Madrid, Málaga o Francia, pero todas estas líneas de investigación terminaron chocando contra el mismo punto muerto.

El caso quedó archivado, pero dio un giro en 2021, cuando el Juzgado de Cervera de Pisuerga reabrió la investigación tras el testimonio de una mujer en el programa ‘Viva la vida’ de Telecinco. Afirmó que un año antes había sufrido, junto a una amiga, un intento de secuestro en la misma zona por un hombre que conducía un SEAT 127 blanco. Los agentes realizaron varias indagaciones, pero la causa volvió a cerrarse en 2022. Las familias recurrieron entonces al Tribunal Constitucional, que rechazó el amparo en 2023, y posteriormente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que inadmitió la demanda en 2024, cerrando la última vía judicial disponible.

Una cueva y una mina, dos lugares señalados

Durante la reapertura del caso impulsada por el testimonio en Telecinco, y hasta la negativa desde Estrasburgo, el equipo de Balfagón rescató comunicaciones anónimas de los años 90 que no se habían examinado con detalle en las diligencias iniciales. Una de ellas señalaba directamente a la Mina Fontoria: "Se trata de una mina de magnesita inundada que tiene unos seis metros de diámetro. Sabemos que allí los huesos se conservan en buen estado y, aunque en su día se hallaron restos de animales sin analizar a fondo, queríamos entrar para descartar definitivamente cualquier resto óseo humano. Solicitamos drenar el espacio con medios modernos, pero nos lo denegaron".

Otro lugar de interés prioritario fue una cueva de Cervatos señalada desde 1993 por los propios investigadores: "Solicitamos volver a inspeccionarla porque la Guardia Civil admitió en sus informes de la época que era un lugar idóneo para ocultar cuerpos, pero que no tenían medios para explorarla por completo. Pedimos entrar con cámaras térmicas y dispositivos modernos para llegar hasta lo más profundo de la cavidad, pero también nos denegaron esta diligencia".

La letrada afirma que, pese a las sospechas que pesan sobre ambos lugares desde hace décadas, el acceso sigue prohibido sin aval judicial: "Hay voluntarios dispuestos a entrar, pero falta el permiso legal. Se han hecho grandes esfuerzos en otros casos, drenando ríos, y aquí se considera judicialmente que no hay indicios nuevos suficientes. No puede haber desaparecidos de tercera. Hay familias rotas y no se perdía nada por volver a buscar, pero no nos han dejado actuar".

El asesino no entraría en prisión, aunque confesara

La abogada destaca que el único objetivo ahora es localizar los restos de las víctimas, no depurar responsabilidades. Si hoy aparecieran restos con signos claros de violencia, se confirmaría que hubo un asesinato, pero surge un obstáculo legal: el delito se cometió hace más de 30 años y ya ha prescrito. Aunque se descubriera la verdad, no se podría condenar penalmente a nadie: "Si alguien confesara hoy que las mató, seguiría libre. La responsabilidad penal se extinguió a los 20 años del suceso", detalla Balfagón.

Al ocurrir en 1992, los hechos se rigen por la legislación de entonces. Es importante señalar que, si este crimen se cometiera hoy, el plazo de prescripción no empezaría a contar hasta que las víctimas cumplieran 18 años (o 35 en casos de asesinato), pero esta protección para los menores no existía en la ley de la época. Como el principio de legalidad impide aplicar retroactivamente leyes que perjudiquen al investigado, el caso sigue anclado a los plazos de aquel momento.

Existe el debate jurídico sobre calificar los hechos como detención ilegal, un "delito permanente" cuya prescripción no comienza a contar hasta la aparición de las víctimas. No obstante, la jurisprudencia mayoritaria sostiene que, de hallarse restos, la calificación derivaría automáticamente en asesinato. En ese escenario, el tribunal fijaría una fecha de fallecimiento estimada en 1992, activando el cómputo de la prescripción desde esa fecha y extinguiendo cualquier responsabilidad por el tiempo transcurrido.

El debate de fondo: la prescripción del asesinato y el modelo internacional

Carmen Balfagón plantea una reflexión que va más allá de este caso concreto y que afecta a otros muchos crímenes sin resolver en España. La abogada cuestiona que, en un contexto en el que la tecnología permite esclarecer hechos décadas después, la ley no se adapte a esa realidad. "En estos casos, el tiempo pasa a favor del delincuente y en contra de la ciudadanía. ¿Cómo saben que el responsable de aquello no volverá a matar? El dolor de las familias no prescribe y luego se mueren sin saber qué pasó. Es inentendible que no se revise la ley", sostiene.

En este sentido, la letrada compara el sistema español con el de Estados Unidos, donde el delito de asesinato no prescribe nunca en gran parte de los estados. "No comparto muchas cosas del país, pero allí el asesinato no prescribe. Todo está bien guardado: las pruebas, el ADN y cualquier elemento relevante. Aquí creo que se debe mejorar mucho", apunta, insistiendo en la importancia de conservar adecuadamente las evidencias a lo largo del tiempo.

Más allá del debate jurídico, la también criminóloga subraya un problema estructural que, a su juicio, resulta determinante: la calidad de la investigación inicial. La diferencia entre resolver un caso o que quede impune, insiste, suele depender de las primeras horas, de cómo se recogen las pruebas y de si la investigación se mantiene activa o se deja caer con el paso del tiempo: "No es solo un problema de ley, es cómo se investiga".