Condenado a 15 meses de prisión por tener a 37 perros abandonados en una finca en ruinas en Almería: malheridos, sin comida y con agua putrefacta
Un hombre ha sido condenado a 15 meses de cárcel por maltrato animal por tener decenas de perros abandonados en un cortijo de Adra, en Almería
Deberá abonar además indemnizaciones que siperan los 14.200 euros a las dos mujeres que ejercieron la acusación particular por los gastos veterinaros y los daños morales sufridos al ver la "infernal" escena
Atados con cadenas que apenas les permitían moverse, sin comida ni atención veterinaria y rodeados de excrementos y agua putrefacta. Así permanecían decenas de perros en un cortijo en ruinas de El Trebolar, en el municipio almeriense de Berja, donde varios de ellos murieron tras sufrir un prolongado abandono por las pésimas condiciones en las que se encontraban.
Por estos hechos, la titular de la Plaza 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Almería ha condenado ahora al propietario de los canes a una pena de 15 meses de prisión por un delito continuado de maltrato animal, además de tres años de inhabilitación y al abono de 14.274,47 euros en indemnizaciones en una sentencia dictada el pasado 12 de noviembre y recogida por Europa Press.
La sentencia da por probado que el acusado, desde fecha no determinada y hasta el día 9 de septiembre de 2019, abandonó en unas condiciones "deplorables" a un grupo de perros de diversas razas "de manera consciente y deliberada" en un cortijo situado en el paraje de El Trebolar, en el término municipal de Berja y muy cerca de Adra.
Atados e inmovilizados
Los hechos se remontan a 2019, cuando el acusado dejó a numerosos perros de distintas razas en una finca en ruinas donde no había techo ni puertas. Los animales estaban hacinados y rodeados de suciedad, moho y agua putrefacta.
Algunos de ellos estaban atados con cadenas tan cortas que apenas podían moverse, sentarse o ponerse en pie. Tampoco tenían acceso a comida ni recibían asistencia veterinaria.
El "cortijo de los horrores" fue descubierto tras dos intervenciones, en julio y septiembre de 2019, después de que los ladridos de los animales y un intenso olor a podredumbre alertaran a los vecinos y varios rescatistas acudieran a la finca.
37 perros
Durante el juicio, varios testigos relataron la "infernal" escena con la que se encontraron allí. Los animales se encontraban extremadamente delgados, algunos de ellos sangraban por la boca, con heridas infectadas, atrofias musculares y lesiones graves. A uno de los perros incluso había perdido un ojo.
Otros presentaban un estado físico tan deteriorado que parecían cadáveres y varios de ellos, fallecieron pocas horas después. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil contabilizó hasta 37 perros afectados.
La jueza rechaza los argumentos del acusado
Durante el juicio, el propietario negó su responsabilidad y sostuvo que apenas acudía al cortijo y apuntó a que otros cazadores podían haber dejado allí a sus perros. Su defensa pidió la absolución y cuestionó la validez de las pruebas, al considerar que se había vulenrado la inviolabilidad del domicilio al haber accedido a la finca sin autorización judicial.
Sin embargo, la magistrada rechazó estos argumentos. La sentencia considera demostrado que el acusado era el propietario de los animales, lo que lo obligaba a "alimentarlos, no abandonarlos y mantenerlos en buenas condiciones higiénico-sanitarias", de forma que la "omisión" de esos cuidados, al no dispensarles agua, comida y veterinario, dio lugar al "sufrimiento" de los animales y la posterior muerte de alguno de ellos.
La juez descartó por "inverosímil" e "irreal" el relato del acusado, quien explicó que había dejado una cantidad indeterminada de perros en el cortijo de su abuelo porque "eran las fiestas de la localidad" y "pensaba llevárselos al día siguiente". Además, el fallo recoge que una construcción derruida y abierta no podía considerarse morada a efectos legales.
La resolución señala que el estado de los animales era consecuencia de una falta prolongada de cuidados básicos y que el procesado era, por tanto, el único responsable legal de atenderlos.
14.200 euros en indemnizaciones
La condena incluye también el pago de los gastos que asumieron las dos mujeres que ejercieron la acusación particular para atender a los perros después del rescate.
Así, el condenado deberá abonar 1.234,47 euros a una de ellas y otros 1.040 euros a la otra por los gastos veterinarios incurridos y por el alojamiento de los animales.
A esas cantidades se suma además otros 6.000 euros para cada una por el daño moral sufrido al presenciar las terribles condiciones en las que se encontraban los perros. La sentencia todavía puede ser rercurrida ante la Audiencia Provincial de Almería.
Por su parte, la acusación particular, dirigida por la letrada María Girona Ayala, considera que la sentencia no recoge ni responde a sus conclusiones definitivas ni a las peticiones de condena que formuló durante la vista oral. Entre ellas figuraba que se impusiera una condena individualizada por delito de maltrato por cada uno de los perros maltratados.
