Los padres de Marta Pérez, la joven en coma por un batido, cargan contra la sentencia de 100.000 euros para su hija: "Es una vergüenza"

Juan y María, los padres de Marta Pérez, la joven de Alicante que estuvo en coma tras ingerir un batido que le provocó una reacción alérgica en septiembre de 2022, han querido hablar públicamente a través de las redes sociales tras el fallo judicial que obliga a la Conselleria de Sanitat a pagarles una indemnización de 100.000 euros por la asistencia sanitaria que recibió su hija en los primeros compases de sus graves problemas de salud.

La familia ha estado estos días en Madrid para seguir el procedimiento judicial y, después de conocer la sentencia, ha decidido manifestar su descontento. Consideran que la cifra de indemnización es irrisoria, ya que pedían 4,1 millones de euros, y subrayan que el dinero no soluciona su situación.

Tal y como han destacado en la cuenta de María en Instagram (@mariaverdejomelero), solo quieren que su hija tenga todas las terapias que requiera, ya que no recibió la atención necesaria en su momento. Aseguran que seguirán luchando. Es decir, seguirán reclamando a las autoridades judiciales lo que consideren necesario.

Los padres de Marta Pérez responden a la sentencia de 100.000 euros

Juan y María han arrancado el vídeo destacando que Marta sigue realizando terapias, lo que limita su tiempo. A pesar de ello, han querido explicar qué ocurre con su situación actual: "Nosotros no nos vamos a rendir. Esto no va a quedar así, es una vergüenza. Si creen que la vida de nuestra hija o la vida de cualquier persona vale 100.000 euros, la verdad es que pueden quedarse el dinero. Porque lo que le han hecho a mi hija no tiene nombre, todo el sufrimiento que le estuvieron causando", ha indicado la madre.

"¿Qué os voy a decir a los que tengáis un hijo o una hija? Pensad que esto pasó cuando mi hija tenía 18-19 años. Los médicos que la atendieron la echaron para casa en su primera asistencia, sin hacerle ningún tipo de caso, ningún tipo de exploración, cuando ella estaba diciendo que era alérgica y que había tomado algo que le daba alergia. No le hicieron caso", recuerda María.

"En la segunda asistencia, mientras Marta se explicaba, entró en parada cardiorrespiratoria, para los que no recordáis el caso. Han fallado y nos dan la razón, pero 100.000 euros me parece una vergüenza a gran escala. Insisto, no nos vamos a rendir. La vida de mi hija o de cualquier persona de este mundo no se paga con dinero, y mucho menos si hacen algo. Yo no quiero dinero, lo que quiero es que asistan a mi hija, que tenga todas las terapias y tratamientos que pueda tener. Que tenga una calidad de vida digna. No necesito sus 100.000 euros ni nada. Desde el minuto uno, Marta no tuvo nada. Ni siquiera tuvo esperanza de vida, así que me parece indignante remover todo esto para eso".

"Es hablar del tema y me hierve la sangre, el corazón y el alma. Porque la que está en esta situación es mi hija, que es la que lo sufre, la que lo vive. Nosotros nos desvivimos para darle una mínima calidad de vida digna, ya que el sistema nos abandona en cero coma. Nada más que decir. No es justo, no lo queremos y vamos a seguir luchando cueste lo que cueste".

El caso de Marta Pérez: todo cambió el 28 de septiembre de 2022

La vida de Marta Pérez cambió por completo el 28 de septiembre de 2022. Acababa de entrenar en el gimnasio con una amiga cuando tomó un batido de proteínas que contenía pistacho, un fruto seco al que era alérgica y cuya presencia había preguntado antes de ingerirlo. Al comenzar a encontrarse mal, acudió al Centro de Salud Integrado de Ibi II. Allí manifestó al personal de enfermería que estaba sufriendo una reacción alérgica, pero esa información no llegó correctamente a la médica de guardia, que le diagnosticó una amigdalitis aguda tras una exploración y le administró Urbason antes de enviarla a casa. Poco después, su madre, María Verdejo, comprobó que Marta seguía encontrándose mal y regresó con ella al centro de salud. Una vez allí, la joven sufrió un shock anafiláctico y una parada cardiorrespiratoria de unos 10 minutos que le provocó graves daños cerebrales por falta de oxígeno.

Sus padres sostuvieron desde el principio que se había cometido una "negligencia médica muy clara". La joven ya había sufrido anteriormente otros shocks anafilácticos, aunque en aquellas ocasiones había sido ingresada y evolucionado favorablemente. Tras ser estabilizada, Marta fue trasladada al Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, su centro de referencia, donde permaneció ingresada en la UCI durante tres meses. La familia vivió entonces una segunda batalla: María llegó a escuchar que la vida de su hija "corría riesgo" y comenzó a reclamar su traslado a otro hospital. Finalmente, Marta ingresó en el Hospital Vithas Valencia Consuelo, un centro privado donde continuó su recuperación, aunque siempre con plazos y prórrogas que generaban incertidumbre a la familia.

Desde entonces, los padres han centrado sus esfuerzos en que Marta pueda mantener un tratamiento de neurorrehabilitación continuado. María incluso llegó a protestar ante las puertas del hospital de Alcoy para reclamar que su hija no se quedara sin terapias. Finalmente, el Hospital Virgen de los Lirios concedió la rehabilitación ambulatoria en una clínica de Alicante, cerca de su casa de Ibi, lo que permitió a Marta continuar trabajando en su recuperación sin tener que desplazarse hasta Valencia. Durante estos años, la joven ha estado sometiéndose a terapias de lunes a viernes y también con ejercicios durante los fines de semana junto a su familia. Mientras, su madre ha compartido toda su evolución y ha impulsado iniciativas para recaudar fondos que permitan afrontar el largo proceso de recuperación (tanto en Alicante como en su pueblo, Cardona, en Barcelona). De hecho, incluso se desplazaron hasta México para probar una terapia.

Ahora, casi cuatro años después de aquel batido que cambió su vida, la batalla judicial de la familia llega a una nueva etapa. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha reconocido un funcionamiento defectuoso de la asistencia sanitaria y una "pérdida de oportunidad" de mejoría, aunque considera que no puede atribuirse a la Administración todo el daño sufrido. Por ello, ha fijado una indemnización de 100.000 euros para Marta, muy lejos de los 4,1 millones que reclamaba su familia. La resolución reconoce así una responsabilidad sanitaria, pero también tiene en cuenta otros factores que, según la Sala, impiden establecer una relación causal directa entre la actuación médica y las graves secuelas que padece la joven.