Ajena a esta victoria, la Agencia Tributaria llegó a la conclusión de que Shakira sí debía haber tributado en España durante 2012, 2013 y 2014
La Audiencia Nacional da la razón a Shakira: la cantante gana su batalla con Hacienda con condena para la Agencia Tributaria
Después de casi una década de investigaciones, acusaciones, multas millonarias y una presión mediática brutal, Shakira ha conseguido algo que durante años parecía imposible: que la justicia española termine dándole la razón frente a Hacienda.
La resolución, que se ha conocido este lunes, 18 de mayo, ha supuesto todo un giro en el caso, ya que durante años la Agencia Tributaria sostuvo que la artista ya vivía de forma habitual en Barcelona desde el inicio de su relación con Gerard Piqué. Sin embargo, el tribunal ha determinado que no existían pruebas suficientes para acreditar que hubiera pasado más de 183 días en España, el requisito legal necesario para considerarla residente fiscal.
La sentencia obliga así a Hacienda a devolverle más de 60 millones de euros entre pagos, sanciones e intereses. El equipo legal de la artista colombiana ha expresado que "Hacienda ha mantenido retenidos de forma indebida durante años 60 millones de euros correspondientes, precisamente, al capital de trabajo de aquella gira mundial y los gastos de la misma. Una cantidad que, por supuesto, a través de la presente sentencia, condena a la Administración a devolver a la cantante, con los intereses correspondientes y el debido reembolso de los altísimos costes en los que la artista ha incurrido".
Más allá del dinero, la justicia desmonta una de las bases principales sobre las que se había levantado el caso, poniendo fin a a una de sus batallas judiciales y dándole, en este caso, la victoria a Shakira.
Pero para entender cómo se ha llegado hasta ese punto hay que remontarse a muchos años atrás, al momento en el que empezó todo.
2011, el año clave
En 2011 Shakira era una de las artistas más importantes del mundo. Estaba inmersa en una gira mundial gigantesca, 'Sale el Sol World Tour', y se movía de un país a otro constantemente. Según su defensa, aquel año realizó alrededor de 120 conciertos en 37 países distintos.
Fue también el año en que comenzó su relación con Piqué tras conocerse durante el Mundial de Sudáfrica y grabar juntos el videoclip de 'Waka Waka'. A partir de ahí, las visitas de la compositora a Barcelona empezaron a ser frecuentes. Sus encuentros en la ciudad comenzaron a ser habituales y se empezó a seguir cada movimiento de la cantante. Y ahí nació el problema.
El origen del conflicto giraba alrededor de la siguiente pregunta: dónde vivía realmente Shakira. Hacienda interpretó que aquel romance demostraba que la artista ya había trasladado su residencia real a España. Ese detalle era clave porque la legislación española establece que una persona es residente fiscal si pasa más de 183 días al año en el país.
La defensa de Shakira sostuvo siempre lo contrario: que seguía viviendo principalmente fuera del país y que hacía visitas puntuales a Barcelona para ver a Piqué entre concierto y concierto.
La versión de Hacienda
Para Hacienda, su relación era una prueba de que la artista ya residía de forma habitual en España. Sin embargo, la defensa de Shakira sostenía que la intérprete de 'Loba' residía entre Bahamas, Estados Unidos y otros países debido a sus compromisos profesionales.
La Agencia Tributaria empezó a investigar los movimientos de la artista para intentar demostrar que residía en suelo español.
Según la tesis de Hacienda, aunque Shakira mantuviera formalmente su residencia en Bahamas, en la práctica ya desarrollaba aquí su vida personal y parte de su actividad económica.
Los inspectores comenzaron a partir de ahí un seguimiento detallado de sus movimientos: visitas a Barcelona, pagos con tarjeta, vuelos, apariciones públicas, reservas, fotografías e incluso actividad en redes sociales.
El objetivo era probar que había permanecido en territorio español más de 183 días durante 2011.
183 días imposibles de demostrar
El procedimiento no tardó en convirtirse en una auténtica guerra judicial. Hacienda sostenía que Shakira sí residía en España, pero la defensa desmontó gran parte de esa teoría utilizando documentación sobre conciertos, viajes internacionales, compromisos profesionales y desplazamientos semanales.
Esto era clave, porque si no podía demostrarse la residencia fiscal, tampoco podía exigírsele que tributara en España por todos sus ingresos mundiales durante ese ejercicio.
La Audiencia Nacional ahora ha terminado concluyendo que la Agencia Tributaria no logró acreditar de forma suficiente que la cantante superara los 183 días en España. De hecho, la sentencia considera que la cantante colombiana solo residió 163 días en 2011. Por otro lado, la propia Shakira aseguró que solo estuvo cerca de 70 días en el país.
Los millones de euros que tuvo que pagar y ahora reclama
Aunque Shakira defendía su inocencia, durante el proceso tuvo que adelantar cantidades económicas millonarias mientras recurría las liquidaciones de Hacienda.
La cantante llegó a desembolsar alrededor de 55 millones de euros relacionados con el procedimiento administrativo del ejercicio de 2011.
Ella misma denunció públicamente que el caso era un "sinsentido" porque Hacienda le estaba reclamando impuestos vinculados a toda su gira internacional de 2011 sin tener en cuenta los gastos asociados a aquella producción mundial.
Según explicó, acabó pagando dos veces algunos costes relacionados con la gira. Durante años, además, el caso permaneció casi en silencio porque se tramitaba por la vía contencioso-administrativa y no por la penal, lo que hizo que tuviera menos exposición mediática que el procedimiento posterior de 2012 a 2014. Sin embargo, económicamente era incluso más importante.
La otra investigación por la que alcanzó un acuerdo
Ajena a esta victoria, la Agencia Tributaria llegó a la conclusión de que Shakira sí debía haber tributado en España durante los ejercicios fiscales de 2012, 2013 y 2014.
La Fiscalía sostenía que la artista había dejado de pagar 14,5 millones de euros utilizando sociedades internacionales y estructuras empresariales para desviar ingresos relacionados con derechos musicales, campañas publicitarias, giras y explotación de imagen.
En 2017, la Agencia Tributaria concluyó una exhaustiva inspección fiscal a Shakira y remitió un informe decisivo a la Fiscalía. Este documento acusaba formalmente a la cantante de no haber presentado sus declaraciones de IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio entre 2012 y 2014.
A finales de 2018 llegó el gran golpe judicial. La Fiscalía presentó una denuncia formal contra la cantante por seis delitos fiscales. A partir de ese momento, el caso dejó de ser una investigación tributaria y se convirtió oficialmente en un proceso penal.
La acusación sostenía que Shakira había fingido residir en Bahamas mientras desarrollaba una vida estable en Barcelona junto al deportista.
En este caso, en 2023 llegó a un acuerdo de conformidad, evitando su entrada en prisión con el pago de una multa de más 7 millones de euros.