933 muertos en el mundo por la pena de muerte: los otros Pablo Ibar condenados

En EEUU, el Tribunal Supremo de Florida anuló el 4 de febrero de 2016 la condena a muerte de Pablo Ibar, y ordenó llevar a cabo un nuevo juicio, que ahora se ha convertido en su gran esperanza. Se abría por fin un camino para que Ibar por fin pudiera demostrar su inocencia. Su padre, Cándido Ibar declaró en ese momento: "Tania (su mujer) y yo hemos chillado de alegría al enterarnos. Por fin una noticia positiva en 15 años. No hubiéramos podido sin el apoyo de la familia, de los periodistas, de todos vosotros. Gracias a toda Amnistía Internacional", dijo la familia cuando conoció la noticia. La propia organización contabiliza los españoles que han sufrido en sus carnes la pena de muerte.

Ibar no lo tendrá fácil. El jurado debe llegar a un veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad por unanimidad. Si esta unanimidad no se logra, el jurado quedaría disuelto, se declararía juicio nulo y sería necesario emprender uno nuevo. Pablo Ibar fue acusado en 1994 de asesinar a tres personas durante un robo en una vivienda. En 1998, un jurado de Broward County no pudo llegar a un veredicto unánime de culpabilidad y el juez declaró nulo el juicio. Sin embargo, en un nuevo juicio plagado de irregularidades celebrado en el año 2000 se le consideró culpable del triple asesinato. Desde entonces permanecía en el corredor de la muerte de la penitenciaría de Starke, en el estado de Florida. Pablo Ibar sigue declarándose inocente.

Artur Segarra, condenado en Tailandia por asesinato

El 21 de abril de 2017 se produjo la condena a muerte del español Artur Segarra en Tailandia, acusado del asesinato en Bangkok de otro español, David Bernat. Segarra mantiene su alegato de inocencia y ha presentado recurso, y apunta hacia su excompañera sentimental, la tailandesa Pritsana Saen-ubon, como la responsable del crimen en connivencia de la Policía, a la que acusa de "manipular" parte de las pruebas presentadas en su contra. Una huella dactilar atribuida a Pridsana, conforme a las pesquisas policiales fue recogida en el interior de una bolsa donde se encontró parte del cadáver descuartizado. El español también fue culpado de otros doce delitos —secuestro, tortura y robo, entre otros— motivados según el dictamen para robar el dinero que la víctima tenía en una cuenta corriente en Singapur.

Ahmed el Saadanay Gahly, condenado a muerte en Egipto

La organización tuvo conocimiento de la condena a muerte en Egipto de Ahmed el Saadany Ghaly, quien cuenta con nacionalidad española tras haber vivido alrededor de 20 años en España. Ahmed fue detenido acusado de haber asesinado a su cuñado el 13 de diciembre de 2016. Según informaciones recibidas no tuvo abogado a su disposición y fue avisado de que su familia sería torturada en caso de que él no obedeciese. Su mujer y su hermano fueron golpeados enfrente de él y le comunicaron que también traerían a su madre y a sus hermanas. Actualmente la organización está documentando su caso.

Victor Parada, condenado a muerte en Malasia

Amnistía Internacional ha recibido información sobre la condena a muerte en Malasia de Víctor Parada. Teniendo nacionalidad boliviana, vivió en Alicante de 2002 a 2009. Su madre y sus tres hermanas residen en España y tienen doble nacionalidad española y boliviana. El 5 de enero de 2018 Victor Parada fue condenado a la pena de muerte por ahorcamiento por tráfico de drogas, decisión que ha sido recurrida. Amnistía Internacional está dando seguimiento al caso.

933 ejecutados por pena de muerte en 23 países en 2017

El Informe Global de condenas a muerte y ejecuciones en 2017 de Amnistía Internacional resalta los grandes pasos que Africa subsahariana ha dado en la lucha mundial por la abolición de la pena capital, con un considerable descenso en el número de condenas a muerte en toda la región. Las ejecuciones y las condenas a muerte han disminuido en todo el mundo tras haber alcanzado máximos históricos en años anteriores.

Durante 2017 se registraron 993 ejecuciones en 23 países. Se trata de una reducción del 4% respecto a 2016, con 1.032 ejecuciones, y del 39% respecto a 2015, cuando la organización informó de la cifra más elevada desde 1989. Amnistía Internacional registró 2.591 condenas a muerte en 53 países en 2017, lo que supone un descenso considerable con respecto a la cifra récord de 3.117 condenas a muerte registrada en 2016.

China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán, a la cabeza

La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán, por este orden. China siguió siendo el mayor ejecutor del mundo, aunque se desconoce la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte en ese país, pues los datos al respecto están clasificados como secreto de Estado. En la citada cifra global de al menos 993 ejecuciones no están incluidas las miles que se cree que se han llevado a cabo en China. Excluyendo a China, el 84% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en tan sólo cuatro países: Arabia Saudí, Irán, Irak y Pakistán.

Irán ejecutó al menos a 507 personas, el 60% del total de ejecuciones confirmadas en Oriente Medio y el Norte de África. Al menos cinco personas fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años, y otras 80, como mínimo, permanecían condenadas a muerte.

Arabia Saudí ejecutó a 146 personas, el 17% del total de ejecuciones confirmadas en la región y un número levemente inferior al alcanzado en 2015 (158), que constituyó la cifra más alta registrada en ese país desde 1995.

Estados Unidos siguió siendo el único país de América que llevó a cabo ejecuciones por noveno año consecutivo. El número de ejecuciones (23) y condenas a muerte (41) en Estados Unidos aumentó ligeramente respecto a 2016, pero siguió estando dentro de las tendencias históricamente bajas de los últimos años. Como métodos de ejecución se utilizaron la decapitación, el ahorcamiento, la inyección letal y muerte por arma de fuego. En Irán se llevaron a cabo al menos 31 ejecuciones públicas.

En muchos países donde hubo condenas a muerte o ejecuciones, los procedimientos judiciales no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos. Tal incumplimiento supuso la obtención de “confesiones” mediante tortura u otros malos tratos; esto sucedió, entre otros lugares, en Arabia Saudí, Bahréin, China, Irak e Irán.

Avances en el África subsahariana

Se han observado avances en toda África subsahariana, donde Guinea se ha convertido en el 20º Estado abolicionista, las condenas a muerte han disminuido sustancialmente y ha habido iniciativas legislativas constantes. Amnistía Internacional ha registrado un descenso en el número de países de África subsahariana que consuman ejecuciones: de cinco en 2016 a dos en 2017 —Somalia y Sudán del Sur— .

Dos países —Guinea y Mongolia— abolieron la pena de muerte en la ley para todos los delitos. Guatemala se convirtió en abolicionista para los delitos comunes. Gambia firmó un tratado internacional por el que se comprometió a no llevar a cabo ejecuciones y a adoptar las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su legislación.

Amnistía Internacional registró conmutaciones o indultos de la pena de muerte en 21 países y se registraron 55 exoneraciones de presos condenados a muerte en seis países. Además no se registraron ejecuciones en cinco países —Botsuana, Indonesia, Nigeria, Sudán y Taiwán— que sí las habían llevado a cabo en 2016. Descendieron en Bielorrusia (50%), Pakistán (31%), Egipto (20%) Irán (11%) y Arabia Saudí (5%). Al terminar 2017, 106 países (la mayoría de los Estados del mundo) habían abolido la pena de muerte en la ley para todos los delitos, y 142 (más de dos tercios) la habían abolido en la ley o en la práctica.

Mejora en los datos

A pesar de la mejora de los datos, el informe nos muestra que queda mucho por hacer: numerosos países siguen poniendo en práctica la pena de muerte sin restricciones y, al final de 2017, se tenía constancia de que había al menos 21.919 personas condenadas a muerte. Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait reanudaron las ejecuciones en 2017. Se duplicaron, o casi se duplicaron, en el Estado de Palestina, de tres en 2016 a seis en 2017; en Singapur, de cuatro a ocho; y en Somalia de 14 a 24.

El número de estados de Estados Unidos que llevaban a cabo ejecuciones aumentó de cinco en 2016 a ocho, al reanudar Arkansas, Ohio y Virginia las ejecuciones tras una pausa de varios años.

En 15 países se condenó a muerte o ejecutó a personas por delitos de drogas, contraviniendo así el derecho internacional. La región de Oriente Medio y norte de África registró la cifra más alta de ejecuciones relacionadas con las drogas en 2017, mientras que Asia y Oceanía fue la región con mayor número de países que utilizaron la pena capital para ese tipo de delitos (10 países de 16).

En muchos países donde hubo condenas a muerte o ejecuciones, los procedimientos judiciales no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos. Tal incumplimiento supuso la obtención de “confesiones” mediante tortura u otros malos tratos; esto sucedió, entre otros lugares, en Arabia Saudí, Bahréin, China, Irak e Irán.